No sólo en la Justicia Federal litiga la oposición para confirmar sus denuncias de fraude. También en los tribunales provinciales se dirime el futuro de los comicios del 23 de agosto. Puntualmente, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo debe resolver cuatro causas que persiguen la nulidad de la elección.

Ayer, el Acuerdo para el Bicentenario solicitó el allanamiento de las oficinas de la empresa Info FOJ, que proveyó las cámaras de vigilancia para el depósito de urnas en la Junta Electoral Provincial. Paralelamente, los abogados Daniel Ponce y Arnaldo Ahumada reclamaron que se cite a prestar declaración al secretario de la JEP, Alfredo Iramain, “atento a la gravedad del informe presentado por la Junta Electoral, según el cual las filmaciones no podrán ser recuperadas, dando vagas e imprecisas explicaciones llegando a punto tal de ser irrespetuosa”.

En la ampliación del amparo, también cuestionan el accionar de la Junta Electoral. “A pesar de haber tomado conocimiento las autoridades de la Junta Electoral, en especial uno de sus secretarios, de las irregularidades constatadas, no adoptaron medidas correctivas, sino que por el contrario, se limitaron a ordenar el desalojo de la persona que advertía las irregularidades. Este mismo informe ratifica lo que indicara esta parte, en cuanto a la persona encargada de la recepción de las urnas, Carlos Alberto Vidal”, plantearon, en alusión a uno de los secretarios de la JEP. 

Por ello, Ponce y Ahumada solicitaron a la Sala I que ordene el inmediato secuestro de los servidores de almacenamiento de la registración del envío, recepción y custodia de las urnas en el local de la calle Mendoza 1050, se disponga el allanamiento de la casa en Santiago del Estero en la que funciona la empresa prestadora de las cámaras y que se requiera la colaboración de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria “para preservar la totalidad de la documentación electoral”.

En tanto, el Partido Socialista volvió, patrocinado por el abogado Clímaco de la Peña, volvió a objetar ante la misma sala la conformación de la Junta Electoral Provincial, a la que tildaron de mal “articulada” y “complaciente”. Por ello, solicitaron que se ordene la remoción de los integrantes de la JEP por incumplimiento de sus funciones, “grave y reiterado”.