Piden que el ENRESP deje de cobrar la tasa de fiscalización del agua

El diputado provincial justicialista, Oscar Salvatierra, presentó un proyecto de declaración en el que solicita que el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) deje de cobrar la tasa de fiscalización del servicio de agua mientras sea el Estado quien administre el sistema.
Se trata de la tasa del 2% que percibe el organismo de control y con el que financia sus tareas de fiscalización.

Para Salvatierra, con la rescisión del contrato con la empresa Aguas de Salta, y la constitución de la Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (CoSAySa), en la que el Estado tiene el 90% de las acciones, el cobro de esa tasa carece de sentido porque tampoco se justifica el control que realiza el ENRESP sobre la prestación del servicio de agua.

En diálogo con Nuevo Diario, el legislador justicialista consideró que, a diferencia de una empresa privada, se supone que el Estado debe prestar el servicio correctamente y son los usuarios quienes deben exigirle directamente estas condiciones.

Por lo tanto, el ENRESP debiera dedicarse sólo a realizar los controles del servicio de energía eléctrica, en manos de la Empresa Distribuidora de Energía de Salta (EDESA).

"El Ente Regulador no puede controlar al Estado, porque el Estado no se puede controlar a sí mismo", entendió Salvatierra, y aseguró que la necesidad de la fiscalización estatal "aparece cuando es el sector privado quien presta el servicio".

En este sentido, el diputado evaluó que, mientras el Estado conserve el capital accionario mayoritario de la compañía de agua y saneamiento, el ENRESP debe dejar de cobrar la tasa de fiscalización.

Isasmendi al Tribunal de Aguas

Mediante el decreto 2.469, publicado ayer en el Boletín Oficial, el gobernador Juan Manuel Urtubey nombró al presidente del ENRESP, Armando Isasmendi, como presidente del Tribunal de Aguas.

De esta manera, el encargado de controlar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, también tendrá en sus manos la resolución de cualquier controversia vinculada con al aprovechamiento de las aguas, su uso, preservación y reserva.

La decisión del gobernador se tomó luego de la renuncia de su anterior presidente, Víctor Manuel Collado, que pasó a integrar la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).

El Tribunal de Aguas, contemplado en la ley 7.017 (Código de Aguas), cumple la función de resolver "toda controversia, reclamo o cualquier situación litigiosa" que no haya sido resuelta por la autoridad de aplicación, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente.

Llamativamente, Isasmendi se negó a dialogar con Nuevo Diario sobre este nuevo nombramiento, aduciendo que "no quería hablar del tema", según informaron sus asesores de prensa.

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