Piden embargos y declaraciones por el pago indebido de $ 54 millones

El fiscal Garrido afirmó que no puede descartarse que haya funcionarios de jerarquía implicados
El pago irregular de casi 54 millones de pesos descubierto en el Ministerio de Economía parecía un caso de corrupción acotado a funcionarios de segunda línea, pero en las últimas horas tomó un voltaje político inesperado.

El fiscal de Invesigaciones Administrativas, Manuel Garrido, que fue quien denunció el caso a la Justicia, sostuvo ayer que no se puede descartar la responsabilidad de funcionarios de mayor jerarquía. "Para saber quién está detrás de estas maniobras hay que seguir la ruta del dinero para ver quién cobró y tomar declaraciones para ver si hubo otros funcionarios involucrados", dijo a LA NACION.

Por lo pronto, Garrido pidió medidas de prueba que incluyeron embargos contra uno de los acusados y la citación para que declararan como testigos Eduardo Prina, el ex secretario del Ministerio de Economía durante la gestión de Miguel Peirano que ordenó abrir el sumario administrativo; su sucesor en el cargo en tiempos de Martín Lousteau, Javier Pereyra, y la subsecretaria legal de la cartera, Alejandra Tadei.

También pidió que se le consultara al Ministerio de Economía qué avances tuvo desde marzo de 2008 la acción de recupero del dinero. Lo hizo en una presentación ante el fiscal del caso, Gerardo Di Masi, que deberá pedirle las medidas a la jueza María Romilda Servini de Cubría.

En su presentación, Garrido sostuvo que los fondos fueron repartidos entre sociedades en operaciones intrincadas que sólo podrían comprenderse dentro de una maniobra de "lavado de dinero". Iván Holjevac, un arquitecto croata dueño del hotel Las Cumbres, de Punta del Este, es el principal sospechoso de haberse beneficiado con la cadena de transferencias, según la denuncia.

Por eso, el fiscal pidió el embargo de la participación accionaria de Holjevac en este hotel y en el Conrad, si es que tiene alguna. Además, le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigara las cuentas de las sociedades por donde pasó el dinero antes de desaparecer.

La UIF interviene en el tema desde fines de 2007, casi al instante de descubierta la maniobra. El entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le indicó a Peirano que le diera participación. Fernández intervino personalmente de las primeras medidas y no lo hizo solo: llamó para eso a un abogado amigo, Fabián Musso, quien mantuvo reuniones en el ministerio para definir los pasos por seguir, según informaron fuentes de Economía.

"Opinión propia"

Musso no es abogado del Estado, integra el estudio jurídico fundado por el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Alberto Fernández explicó que lo convocó porque quería formarse su "propia opinión", más allá de lo que dijeran las áreas legales del ministerio, cuestionadas a partir del caso Greco.

"Después, lo que hicimos fue garantizar que se investigara. Le dimos intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la UIF, porque sospechamos que podía ser lavado de dinero", dijo ayer Fernández a LA NACION

Un ex funcionario de Economía lo explicó en estos términos: "Faltaban días para que nos fuéramos [estaba terminando el gobierno de Néstor Kirchner] y era un tema delicado, que tenía aristas políticas. Por eso se le informó a Alberto Fernández".

Lo primero que recomendó el entonces jefe de Gabinete fue separar del cargo a Juan Cayetano Intelisano, que había aprobado el pago. ¿Este funcionario actuó solo? ¿Cuáles eran las aristas políticas del caso? Por el momento quienes lo acusan no pueden responderlo. Mientras tanto, él sigue siendo empleado del Ministerio de Economía. "Está de licencia", informaron en su despacho. En los últimos días, hubo rumores de su apartamiento.

Además de Intelisano, fueron denunciado dos ex funcionarios que también estaban acusados en el caso Greco: Osvaldo Siseles, ex subsecretario legal de Economía nombrado por Roberto Lavagna, y Yolanda Eggink, ex directora de Asuntos Jurídicos de esa cartera que hoy trabaja en el Ministerio de Planificación.

Ayer, Siseles le mandó una carta documento al ministro Carlos Fernández para pedirle que aclarara que él nada había tenido que ver con el caso. Le recordó que había dejado el Ministerio 16 meses antes del pago y le solicitó que enderezara las investigaciones hacia "los responsables". Según él, Tadei y el ex síndico general Claudio Moroni convalidaron el pago. Ninguno de los dos está acusado en la denuncia judicial y en Economía desmienten terminantemente la acusación.

Las investigaciones internas

* El sumario administrativo que investiga el pago irregular de los 54 millones de pesos avanza con medidas contra el contador Juan Cayetano Intelisano, un funcionario con más de 30 años en el Ministerio de Economía, que en su declaración jurada admitió tener una de las mayores fortunas del Gobierno. Están en marcha citaciones para que declaren como testigos funcionarios que trabajaron con él y una auditoría de gestion de su área de los ultimos cinco años para detectar si hubo maniobras similares a la descubierta. Estas medidas fueron solicitadas por el fiscal Manuel Garrido. De su resultado poco se sabe. En Economía informaron que por ley el sumario es secreto.

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