La fiscalía federal 11 solicitó hoy al juez federal Julián Ercolini laampliación del embargo cautelar al patrimonio que Máximo y Florencia Kirchner recibieron en herencia de su padre, Néstor Kirchner, y cesión de su madre, Cristina Fernández.

Fuentes judiciales informaron hoy que la solicitud de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques incluyó esta vez a los hoteles “Alto Calafate” y “La Aldea” en la localidad santacruceña de Lago Argentino y “pertenecientes a las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. respectivamente”.

"La firma Valle Mitre, como explotadora del hotel 'Alto Calafate', recibió aproximadamente tres millones de dólares estadounidenses de la aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas S.A., en concepto de contratación como hospedaje para la tripulación en posta durante los 6 años —2008 a 2013— que administró el hotel de los ex presidentes", consignaron. 

Y remarcaron que "el dinero que era transferido desde las constructoras de obra pública del Grupo Báez y desde la aerolínea de bandera hacia la administradora de los hoteles, se giraba luego a favor de la firma Hotesur, para ser finalmente retirado por los Kirchner en concepto de créditos a sus nombres o de préstamos.

"No caben dudas que el hotel Alto Calafate habría resultado una pieza central en la maniobra desplegada, en tanto proporcionó la estructura sobre la que en definitiva se perfeccionarían, bajo apariencia legal, las millonarias ganancias de la ex familia presidencial que —como se indicó— podrían provenir de distintos hechos delictivos", subrayaron.

Para los fiscales se impone la medida cautelar frente “a la intención” de la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos “de diluir” su patrimonio “en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia”.

Ya el 29 de noviembre último los fiscales habían pedido los embargos preventivos de 16 inmuebles, varios de ellos terrenos en El Calafate, las participaciones en tres sociedades Hotesur SA, Coma SA y Los Sauces SA, más un vehículo marca Honda. En ese sentido señalaron que Fernández “decidió ceder y transferir a sus hijos —y estos aceptaron— la totalidad de los derechos sucesorios y de los bienes gananciales, el 10 de marzo de 2016”.

Por último, los funcionarios judiciales subrayaron que esa maniobra se produjo “pocos días después de que el titular del Juzgado número 11 del fuero (Claudio Bonadio) la convocara a prestar declaración indagatoria”. Pollicita y Mahiques recordaron que Fernández ya tiene un embargo de 15 millones de pesos sobre sus bienes y que Florencia afronta el suyo por “los más de 5 millones y medio de dólares estadounidenses y más de 50 mil pesos hallados en las cajas de seguridad y en dos cajas de ahorro”.