Piden drásticas sanciones para funcionarios del Estado

Una defensora solicita que a los responsables se les aplique una multa de $300 diarios por incumplimiento de una orden judicial.

La excesiva demora en la habilitación del centro de rehabilitación para menores adictos a las drogas llevó a la defensora oficial civil Nº 4, Natalia Buira, a solicitar la aplicación de drásticas medidas para funcionarios provinciales. Lo hizo a través de una presentación dirigida al juez en lo Civil y Comercial de 11ª Nominación, Juan Antonio Cabral Duba, a quien pidió que se intime a la Secretaría de Prevención y Asistencia en las Adicciones, y a los ministerios de Desarrollo y Salud, a que den cumplimiento a la resolución dictada por él mismo el 31 de enero de este año.

Según Buira, el 12 de mayo venció el plazo de 180 días que se le había otorgado a la Provincia para el cumplimiento de la sentencia. Y a esto se sumaron dos prórrogas más "fijadas de manera unilateral", pero a pesar de ello la obra sigue inconclusa, con lo cual se pone en estado de indefensión a muchos niños, niñas y adolescentes que padecen adicción a las drogas y en especial al "paco".

La defensora solicita como primera medida que se intime al secretario del área -en su calidad de principal responsable del organismo- bajo apercibimiento de la aplicación de la figura de "astreintes" (sanciones conminatorias) y remitir las actuaciones al fiscal penal por "desobediencia judicial". Buira pide que por cada día de retardo en el cumplimiento de la orden judicial, se lo conmine al funcionario a abonar la suma de 300 pesos, descontada de sus haberes. "Considero que no se puede multar al Estado por el incumplimiento de un funcionario", señaló Buira.

Para la defensora, "las sentencias dictadas en un proceso de amparo deben cumplirse independientemente de la deducción de recursos procesales atento al efecto devolutivo con que estos recursos son concedidos". Y remarcó que "los recursos nunca suspenden la ejecución de la sentencia cuando la misma acoge la pretensión del amparado". Al graficar el estado de la causa, la defensora sostiene que el juez Cabral Duba no sólo ha respetado el plazo de finalización de la obra celebrado en Obras Públicas y la empresa Servicios y Obras SA, sino una prórroga unilateral dispuesta por el Estado.

Asimismo, pone de relieve que no se han comunicado al juez los motivos del no cumplimiento en tiempo y forma de la manda judicial, tampoco hubo ninguna información del no cumplimiento en el plazo de vencimiento de la segunda prórroga (27 de octubre) ni se ha informado ninguna circunstancia respecto al estado de la obra. "Es decir se está actuando como si no existiera la presente causa judicial ni un juez director del proceso de amparo y al margen del mismo, lo que implica decir al margen del estado de derecho".

Una necesidad

La defensora Buira advierte que la necesidad de que exista un centro de rehabilitación con la modalidad de internación, ha sido reconocida de diversas maneras por el Estado provincial, pero no se han implementado hasta la fecha lugares de internación adecuados pese a la orden judicial de mayo de este año. Alude que el 19 de marzo de 2008 la entonces Secretaría de Prevención y Asistencia en las Adicciones sostuvo con respecto al amparo de marras que el reclamo es real, porque la Provincia sólo cuenta con 20 cupos en la Asociación Betania. También recuerda que el ministro de Desarrollo Humano, Claudio Mastrandrea, con fecha 23 de marzo de ese año, manifestó a El Tribuno que "se agregarán espacios para chicos con problemas de consumo en los próximos días". Como corolario de estas citas Buira consigna que, en la Asamblea Legislativa de 2008, el gobernador Juan Manuel Urtubey dijo: "Levantaremos un centro de excelencia para la rehabilitación de adictos, principalmente jóvenes, que han caído en la drogadependencia". La defensora apuntó que "lo concreto es que el centro no funciona y, a cambio de ello, tenemos una causa judicial que ya tiene tres cuerpos".

Comentá la nota