A su vez, requirió a los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel que requieran a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un destino social para los 284 vehículos secuestrados y afectados a la causa.

Al fundamentar su pedido, el fiscal señaló: “Los vehículos secuestrados y los decomisados deben ser preservados en su valor y en su utilidad a los efectos de poder destinarlos a la Lucha contra el Tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo, tal como disponen los artículos 30 y 39 de la ley 23.737”. Y citó, a su vez, la Acordada N°1/2013 de la Corte, a través de la cual se dispuso crear la "Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal", siendo éste el único organismo autorizado a recibir esa información, sugiriendo el depósito provisorio en favor de las agencias estatales.

En este sentido, reparó en que los vehículos se encuentran desde el 9 de septiembre estacionados a la intemperie en un balneario del complejo de Punta Mogotes. Y en el mismo sentido presentó luego un oficio ante la Cámara: “Resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para evitar que el transcurso del tiempo los deteriore y los convierta en chatarra, y en tal sentido la aplicación de la figura del depósito provisorio en agencias estatales a la vez que los resguarda de siniestros preserva su valor”.