Luego de conocerse el procesamiento del responsable de la Dirección de Hidráulica de la Municipalidad de La Plata, Luis Caruso, investigado por supuesta malversación de fondos durante su gestión en la comuna de Claypole, partido de Almirante Brown, concejales locales repudiaron que no haya sido apartado de su cargo.

Gastón Crespo (GEN) emitió un comunicado en el que convocó “al debate de una agenda de ética pública y transparencia”. Además, agregó: “Para sostener políticas públicas que permitan mejorar la ciudad hacia el futuro, el gobierno municipal no puede ser cómplice de ilícitos. Necesitamos más herramientas de control sobre los recursos y funciones públicas, y que los vecinos participen en debates y decisiones”.

Por su parte, el concejal Gabriel Bruera (FpV-PJ) adelantó que hoy realizará una presentación junto a otros ediles para que se suspenda o aparte a Caruso.“El gobierno municipal tiene la costumbre de proteger a todos los funcionarios que vienen teniendo vínculos con distintas cuestiones del delito”, consideró.

En ese sentido, el edil opinó que la de Julio Garro “es una gestión que ampara a las mafias”, y puso como ejemplo el caso de Adrián Oscar Manes, alias “El Quichua”, detenido bajo sospecha de participar en negocios vinculados al narcotráfico, quien tendría estrechas conexiones políticas con uno de los funcionarios locales, mano derecha del jefe comunal. “Todo el gobierno de Garro está vinculado a cuestiones gravísimas de corrupción y delito, y la reacción del gobierno siempre es ampararlos”, insistió el concejal. 

Otras voces

La concejal Florencia Saintout (FpV-Nac. y Pop.) expresó: “Tanto para el caso de Caruso como para el de cualquier funcionario municipal procesado debemos pedirle al intendente Julio Garro que respete la ley”, en referencia a la Ley Orgánica de las Municipalidades, que en su artículo 246 señala que los funcionarios o empleados imputados por la comisión de irregularidades graves serán preventivamente suspendidos. 

La recientemente electa diputada provincial por Unidad Ciudadana agregó: “Debemos recordar que el exsecretario de Seguridad, Daniel Piqué, fue imputado a principios de septiembre de 2016 por incumplimiento de deberes de funcionario público, en el marco de la causa por el fallecimiento de Emilia Uscamayta Curí. En el Concejo Deliberante habíamos presentado varios pedidos para que el funcionario acuda al recinto a dar cuenta de sus responsabilidades y que el Ejecutivo explique qué medidas administrativas había tomado para colaborar con la investigación. Sin embargo, fue apartado de su cargo recién tres meses después de la imputación”.

“Estamos frente a una situación de gravedad institucional sin precedentes, que va más allá de un nombre”, consideró.