Piden desalojo de bloqueo antiminero en Andalgalá

Trascendió que la fiscal subrogante se inhibiría por su parentesco con algunos de los demandantes.

En una reunión que mantuvieron el martes con las autoridades municipales y judiciales, representantes de las Fuerzas Vivas, de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Proveedores Mineros plantearon las incomodidades que genera el bloqueo antiminero que mantienen desde hace un mes los ambientalistas y solicitaron a la fiscal subrogante Cecilia Ontiveros de Rojano que tome medidas al respecto.

La reunión contó con la presencia de la fiscal, el intendente José Perea y el presidente del CD, Martín Garay. En el planteo, los empresarios plantearon su malestar por el bloqueo que, contra vehículos que trasnitan hacia Agua Rica, realiza el grupo de 'Vecinos por la Vida' en el camino comunero entre las localidades de Chaquiago y El Potrero.

Los presentes solicitaron que se tomen medidas a fin de que los ambientalistas dejen de impedir el paso, invocando el artículo 194 del Código Penal, en el entendimiento de que ellos están cometiendo un delito, por cuanto entorpecen el servicio público de los transportes por tierra, produciendo un importante perjuicio, al no dejar pasar maquinarias viales para el arreglo del mismo camino.

Sin embargo, técnicamente los asambleístas están a la vera del camino y sólo bloquean el tránsito a camiones o vehículos que pretenden llegar al yacimiento de Agua Rica, no a todos los que transitan por ese camino.

La fiscal Ontiveros de Rojano, explicó que en grupo que demanda poner fin al bloqueo al menos dos personas de apellido Rojano que guardan parentesco con ella, razón por la cual correspondía su inhibición. Extraoficialmente se comentó que, ante esta situación, la causa sería derivada a la capital provincial.

Uno de los empresarios presentes anticipó ayer que realizaría una denuncia policial por el corte. Se trata de Pablo Rojano, propietario de un hotel en el centro andalgalense, quien actualmente construye otro emprendimiento similar en la localidad de Pisco Yuyo, desde hace seis meses. "En lo personal siento totalmente afectada mi ilusión por el Complejo Turístico y Ecológico que estoy montando para Andalgalá, al verme imposibilitado de poder seguir. Este corte cercena seriamente mi posibilidad de inversión. No me permiten el paso de maquinaria alguna, pues siempre se sospecha que serían utilizadas por Agua Rica", señaló Rojano a El Ancasti.

Así como algunas autoridades comunales optaron por atender el reclamo de este ciudadano, otros referentes optaron por mantenerse al margen. Por caso, los concejales Edgardo Bernal (FPV) y Alejandro Páez (FCS), efectuaron declaraciones desmintiendo haber participado de esa reunión y señalaron que las personas que lo hicieron no representan a la comunidad toda, dejando en claro que el Concejo Deliberante puede no compartir los conceptos allí expresados.

Este detalle demuestra claramente la profunda división que existe entre los vecinos andalgalenses, sociedad que hoy se debate en la incertidumbre y la preocupación, con un abanico heterogéneo de opiniones encontradas que van desde el no absoluto al sí rotundo, respecto del crucial y excluyente tema de la minería.

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