Piden derogar normativas para mayor transparencia.

El dirigente de la Coalición Cívica y ex concejal Daniel Decristófano envió una propuesta al cuerpo legislativo comunal proponiendo la derogación del artículo 20 de la Ordenanza 2.209 y el artículo 30 de la Ordenanza 2.149, para encontrar más “transparencia” en el modo de fijar las tarifas y que el Ejecutivo renuncie a las potestades “inconstitucionales” que deberían pertenecer al Concejo Deliberante.
“En cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, el ámbito de debate por el costo de las tarifas es el Concejo Deliberante, y teniendo en cuenta la mayoría especial que se necesita para la aprobación de aumentos de servicios y tasas (Ley Orgánica Nº 1.597 Art. 110.), es que proponemos la derogación de los artículos 20 de la Ordenanza 2.209 y el 30 de la Ordenanza 2.149 por ser claramente inconstitucional, pues se delega una atribución exclusiva del CD en el Departamento Ejecutivo (Ley Orgánica Nº 1.597 Art. 36 Inc. 4.)”, dice la nota.

Decristófano hizo el aporte refiriéndose fundamentalmente a la cuestión de taxis y remises. Hace algunas semanas, y sin audiencia pública de por medio, el municipio aumentó la tarifa de remises.

“Tal como lo realicé durante el año 2008 con el tema del canje de las empresas de cable, el Organismo de Control de Servicios Públicos y con el estudio y proyecto sobre la problemática de los ruidos molestos, envío a Usted algunas sugerencias, que considero importantes, sobre el servicio de taxis y remises, para que sea analizado en el seno del Concejo Deliberante”, señala la nota dirigida al presidente del CD, Guillermo Di Liscia.

“Cabe recordar aquí que saludamos y vimos con mucho entusiasmo la puesta en practica de las audiencias públicas, como manera de transparentar las medidas a tomar en el tema de los servicios públicos, como así también el análisis de costos y tarifas, y brindarles a los vecinos y usuarios toda la información del servicio en cuestión”, plantea Decristófano.

“Es de su conocimiento -apunta- la inexistencia, por parte de gestiones anteriores, del control estricto en el cumplimiento de las concesiones y la prestación de los servicios públicos, lo cual llevó a una baja en la calidad de los mismos e incluso con la rescisión de alguno de ellos”.

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