Piden cuatro años de prisión para el intendente de Río Mayo

El suspendido intendente de Río Mayo, Rubén Fri, podría ser condenado a la pena de cuatro años de prisión efectiva y recibir una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esa fue la postura que marcó la Fiscalía de Sarmiento en la acusación que presentó ayer tras culminar la investigación que se completa con el pedido de pena para el ex secretario de Gobierno, Domingo Tomás Sola.

Rubén Fri se caracterizó por la polémica desde el momento en que asumió su cargo, en diciembre de 2007.

El Ministerio Público Fiscal de Sarmiento presentó ayer la acusación pública contra el suspendido intendente de Río Mayo, Rubén Fri, quien fue investigado por sustracción de caudales públicos e incumplimiento de los deberes del funcionario público, al igual que su ex secretario de Gobierno, Domingo Tomás Angel Sola.

Según la investigación que llevó a cabo la Fiscalía de Sarmiento, los funcionarios del Poder Ejecutivo de Río Mayo están involucrados en la sustracción de 30.750 pesos de las arcas municipales, cuyo dinero fue destinado al directo aumento de sus haberes.

En el caso de Fri, la parte acusadora adelantó que en el juicio pedirá que sea condenado a la pena de cuatro años de prisión y además solicitará que se lo inhabilite en forma perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

Mientras tanto, para el ex secretario de Gobierno de Río Mayo se pedirá un año de prisión y una inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, más las accesorias legales y costas del proceso.

La investigación verificó que los hechos datan de enero de 2008 a febrero de 2009, en el caso del intendente, y desde enero a mayo de 2008 respecto del ex secretario de Gobierno.

Al respecto se explicó que el 15 de enero de 2008 se dictó la Resolución Nº 40/08 del Ejecutivo Municipal en la cual, fuera de sus atribuciones legales, se resolvió establecer un concepto no contemplado en el presupuesto anual a fin de incrementar en 1.500 pesos sus ingresos, el cual se denominó "dedicación funcional".

En esa fecha también se dictó la resolución Nº 41/08, con la cual se resolvió establecer un concepto de adicional remunerativo por 700 pesos y por dedicación funcional de 1.250 pesos. Estos importes habrían sido percibidos en forma mensual y consecutiva por los imputados, junto con sus salarios y en los meses arriba señalados.

A entender de la Fiscalía, Domingo Solá habría incumplido los deberes a su cargo como funcionario público al no impedir, ni rechazar, el cobro del adicional percibido desde enero hasta mayo de 2008, fecha en la que renunció al cargo, perjudicando de esta manera el correcto funcionamiento de la Administración Pública al violar las leyes específicas en la materia.

Por último, se informó que para la audiencia-debate declararían una docena de testigos y existen 11 medios de prueba documentales para aportar. Ahora habrá que esperar la realización de la audiencia preliminar para hacer el ofrecimiento de las pruebas y elevar la causa a juicio oral y público.

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