Una solicitada publicada por la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) derivó en un pedido a la Justicia para que se auditen las causas penales en las que esté involucrado como parte el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu); su interventor Gustavo Durán u otros funcionarios de ese organismo estatal.

La senadora radical Silvia Elías de Pérez envió una nota a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para que, mediante el Cuerpo de Auditores, se realice una revisión integral de los expedientes. 

En el escrito dirigido al presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, se enumera que en los últimos años se radicaron denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos nacionales; la entrega de viviendas sin certificado final de obra; las unidades deshabitadas, la prestación irregular de los servicios públicos y las fallas en las construcciones, entre otras. La mayoría de ellas fueron presentadas por la opositora. 

La parlamentaria subraya que el motivo del requerimiento es la solicitada de la CTG publicada en LA GACETA el 23 de octubre que da cuenta de la realidad del sector y que denuncia el “abandono” en materia de obra pública. 

La senadora añade que resulta “indispensable y apremiante” que el máximo tribunal evalúe el avance y trámite de los casos.

En paralelo, Elías de Pérez envió un pedido de informes a la Casa de Gobierno. Le requirió al titular del Poder Ejecutivo, Juan Manzur, detalles de las casas y de los mejoramientos habitacionales en ejecución y por emprenderse. Entre las especificaciones que requirió se encuentran las ubicaciones de las obras, los presupuestos, los niveles de avance y las fuentes de financiamiento, entre otros. 

Entredicho

Al puntapié de los cruces lo había dado el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación,Domingo Amaya. Había consignado que la Provincia, a diferencia de otros gobiernos provinciales, no le había presentado proyectos relacionados con su área y que, por ende, no contaba con una planificación en la materia. Durán había rechazado los dichos del opositor y afirmado que había una “fuerte planificación” de vivienda.

La CTC había reaccionado a las declaraciones del titular del Ipvdu y expresó su “total desacuerdo”. “Cualquier intento por describir o relatar tareas de planificación se contrastan con una realidad de decadencia, desidia e indolencia de varios años en materia de obras. Puentes en estado de emergencia; canales que perdieron sus revestimientos hace más de dos años; zonas inundables por colapso de redes de desagües; pavimento sin mantenimientos y un megaemprendimiento habitacional (Manantial Sur) con más de 1.800 viviendas sin entregar, en estado de paralización o abandono”, habían advertido los empresarios.

Advierten que el 30% de los adjudicatarios son morosos

La situación económica impacta en las arcas del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Al menos, así lo advirtió el interventor de la institución, Gustavo Durán. Afirmó que en los últimos meses creció el número de adjudicatarios que deben las cuotas de sus viviendas sociales. “Los adjudicatarios aprovechan los momentos de crisis para no pagar la cuota, que es bajísima. Les pedimos que se acerquen a pagar, que hay planes de financiamiento vigentes. El problema es que el Estado es lento para intimar y para efectuar las cobranzas”, explicó.

Estimó que el promedio del valor de la cuota es de $700 u $800, dado que se ubican entre los $300 y los $2.200. Los adjudicatarios suman en total unos 40.000 y los morosos alcanzan el 30% de ellos. “Tomamos como morosos a los que deben de cinco cuotas en adelante. La mayoría debe entre ocho y 12”, describió. “El dinero permite una retroalimentación del sistema, va a un fondo del Ipvdu que sirve para invertir en acciones del instituto”, concluyó.