Piden bloquear los bienes de los cuatro secretarios de la Presidenta

El abogado que los denunció apuntó además a Cristina por la ley de Etica Pública.
El abogado que denunció a cuatro secretarios privados de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por enriquecimiento ilícito pidió ayer una inhibición general sobre los bienes de los colaboradores presidenciales. Además, presentó una nueva denuncia contra la propia Presidenta por un decreto que supuestamente benefició al empresario Juan Carlos Relats, el mismo que le alquila a ella y su esposo el hotel–boutique de El Calafate.

Las presentaciones fueron realizadas ayer en los tribunales federales de la avenida Comodoro Py por el abogado Enrique Piragini. El profesional amplió su denuncia contra los secretarios presidenciales, Fabián Gutiérrez, Héctor Daniel Muñoz, Isidro Bounine y Daniel Alvarez.

El abogado justificó el pedido formulado ayer en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio en que los secretarios denunciados "podrían proceder a la enajenación de sus bienes, colocándose en situación de insolvencia, burlando una eventual sanción".

"Es indudable que los denunciados tienen los suficientes contactos como para amañar sus descaradas declaraciones juradas, como lo habría hecho el matrimonio presidencial", expresó Piragini en la ampliación de su denuncia.

El fiscal Guillermo Marijuán imputó a los cuatro secretarios privados de la Presidenta y pidió una serie de medidas para comenzar a analizar si se enriquecieron ilícitamente.

La denuncia se basó en las declaraciones juradas de bienes de los imputados, que en algún caso, demostraron un crecimiento patrimonial de un 11.180% desde que llegaron a la Casa Rosada con el matrimonio Kirchner.

La otra denuncia de Piragini apunta directamente a la Presidenta y tiene que ver con la firma del decreto 902/08, en el que se aceptó la renuncia de dos empresas –una de ellas vinculada a Relats– a reclamar una "tasa interna de retorno (para) contratos de concesión de obra pública".

Paradójicamente, la medida implicó un reintegro para esa empresa (Rutas del Litoral) de 32 millones de pesos, según denunció Piragini en base a informaciones periodísticas.

El tema es que Relats es el empresario que alquila el hotel Los Sauces al matrimonio presidencial (paga cerca de US$ 200 mil por mes), con lo cual, de acuerdo con el abogado, la Presidenta pudo haber incurrido en una violación de la ley de Etica Pública.

Piragini también pidió que se investigue si Fernández de Kirchner incurrió en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública o en una violación de los deberes de funcionario público.

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