Piden anular títulos y arrendamientos en las islas frente a Rosario

Victoria.— El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, anunció que pedirá la anulación de los títulos de propiedad aprobados en los últimos años por la Dirección de Catastro y que abrió el camino para que particulares se apropiaran de unas 100 mil hectáreas de dominio público en el Delta entrerriano, fundamentalmente en los departamentos Victoria y Gualeguay.
El funcionario tomaría también la decisión de rescindir contratos de arrendamientos de lotes de islas a particulares, dado el estado de abandono que presentan algunos de ellos.

   El anuncio fue realizado luego de Rodríguez Signes sobrevolara junto al escribano mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, la conflictiva zona donde se detectó no sólo la usurpación de varios terrenos propiedad de la provincia, sino el deplorable estado de algunos predios alquilados para la cría de ganado. Terrenos en su mayoría desocupados y casi sin animales.

Colaboración federal. Rodríguez Signes advirtió que para aplicar estas drásticas medidas buscará la colaboración del Gobierno federal para pedir el desalojo de las tierras usurpadas. Además, impulsará una norma que obligue a la Dirección de Catastro a volver atrás con la inscripción de planos registrales hechas por particulares sobre tierras fiscales.

   Si bien la actual directora de Catastro, María Emma Danuzzo de Cabriola, "viene siguiendo esa política, hay situaciones de larga data que merecen una corrección", dijo el fiscal de Estado.

   "No sólo vamos a pedir la nulidad de esas inscripciones de lotes, sino que también vamos a llevar un planteo a la Justicia para ver si podemos recuperar tierras que han sido apropiadas mediante sentencias favorables en juicios de usucapión (posesión veinteañal) contra el Estado. Y en casos de usurpación, se pedirá directamente el desalojo", aseveró.

Tal cual lo publicó La Capital en su edición del martes pasado, la provincia de Entre Ríos no controla 100 mil de las 190 mil hectáreas que posee en el humedal, ya que de 70 predios fiscales, 56 están mensurados para ser adquiridos por posesión veinteañal.

Dictamen. Un dictamen del fiscal de Estado esclarece que las islas del Delta son bienes públicos y no tierras fiscales, como usualmente se las identifica, es decir, "bienes de dominio público que no integran el patrimonio de los respectivos Estados, en el sentido de hacienda estatal o fisco, el cual sólo está compuesto de los bienes privados del Estado". Por ello, están "fuera del comercio", con dos características esenciales: inalienabilidad e imprescriptibilidad, o sea que no se pueden vender ni enajenar, y menos aún a manos de un privado.

   De acuerdo a ese razonamiento, "todas las islas que no pertenecieran de un modo irrevocable a la propiedad privada de los particulares son del dominio público perteneciente al pueblo de la provincia de Entre Ríos, y que las tierras que han sido arrendadas están bajo la figura de concesión de uso por un plazo determinado", expresa el dictamen.

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