Los pibes chorros no son indigentes y roban para comprarse ropa o salir

La mayoría de los que delinquen vienen de hogares pobres o de clase media. El 51% dijo que no salió a robar drogado y el 33% aseguró haber sufrido maltrato infantil. Las penas a menores siguen reguladas por dos decretos de la dictadura: los chicos tienen menos garantías procesales que los adultos. Por: Jorge Lanata.
El Instituto Dr. Luis Agote, el Agote, aloja a 38 chicos entre 18 y 20 años. Nahuel Gallota coordina allí un taller de periodismo deportivo. Un día les preguntó qué querrían hacer si pudieran tener una noche libre, o una vida libre:

–Tener un hijo, llamarlo Taiel, llevarlo a Disney y llevarlo siempre a McDonald’s en una 4 x 4 –le dijo Pedro, de la Isla Maciel.

–¿Y tu noche ideal?

–Quiero llevar a mi novia al McDonald’s.

–Yo quiero ir con mi novia a comer, después ir a bailar a Rimbo o Mónica con mis amigos, y tomar New Age de durazno –respondió Daniel.

–Salir con mi chica –dijo Juan–, después llevarla en un 206 a la casa, dejarla, darle un beso y que me diga que pasó una linda noche.

Todos contaron cómo les gusta comprarse ropa. La mayoría ya están casados, y tienen más de un hijo. Otros soñaron su noche perfecta con Nazarena Vélez o Luisana Lopilato.

La mayoría está condenada por robo y tentativa de homicidio, y algunos pasaron de la tentativa al hecho. Sus “vidas libres” son un sueño vano. Creen que la felicidad se aloja en un Big Mac, un beso, un 206, un trago, una noche perfecta que nunca termina de pasar. ¿No fuimos nosotros, los adultos, quienes les vendimos esos sueños? Matan porque los matan: saben que sus vidas no valen nada e intuyen que las de los demás tampoco. Matar es un flash, una película que sucede en otro lado al que se entra y sale, una pesadilla de puerta giratoria. A ellos no les importa; a nosotros no nos importan ellos, al Sistema no le importan ni ellos ni nosotros, y así. La historia que sigue, en realidad, habla de los adultos todo el tiempo.

LA NARANJA MECÁNICA. El mismo jefe de la Policía Bonaerense que hace un par de años sostuvo la inexistencia del “paco” asegura ahora que “según estadísticas de su fuerza” (?) “los menores cometen un millón de delitos graves por año”. “Tampoco registra la Corte, en los últimos siete años, un alza considerable del delito a cargo de menores, sino que la tendencia fluctuó: en 2000 se iniciaron 23.105 expedientes, en 2006 subió a 31.602 causas, hasta llegar a las 29.371 del año pasado.”

En octubre último Unicef, el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Nacional de Tres de Febrero presentaron un estudio nacional sobre la cantidad de menores “en conflicto con la ley”, en base a datos de diciembre de 2007: hay 6.294 jóvenes en institutos por orden judicial, el 30% del total está en establecimientos cerrados o semicerrados y el 70% en programas alternativos que no implican privación de la libertad. Hay 11 varones por cada mujer alojada, y el 90% de los chicos “institucionalizados” son hombres.

Como puede observarse en los cuadros que acompañan esta nota (ver edición impresa), la mayoría está preso por robo, y en el 38% de los casos se trata de delitos contra la propiedad sin armas.

Hay en el país 119 establecimientos de privación de la libertad de menores, treinta y nueve de ellos contradicen la Convención de los Derechos del Niño, permitiendo el encierro mayor de 72 horas en comisarías o cárceles de adultos. Se les imparte entre dos a cuatro horas diarias de educación primaria y de dos a cinco de secundaria, y el 40% de los establecimientos tienen talleres de capacitación en oficios.

Las penas para menores están reguladas por dos decretos ley de la dictadura, el 22.278 y el 22.803, que dividen a los adolescentes en dos grupos:

–Menores de 16 años: no son punibles, pero pueden terminar en un instituto por decisión del juez. No se los juzga ni castiga por el delito, sino que se les abre un “expediente tutelar”. El chico es considerado un “incapaz” y el juez asume su tutela. Las categorías del decreto son ambiguas: se habla de “menores en situación de riesgo”, “en peligro moral o material” o en “circunstancias especialmente difíciles”, con lo que se termina equiparando al menor abandonado con el menor delincuente.

–Entre 16 y 18 años: son punibles con restricciones. Se instruye una investigación sobre el delito, pero el chico no cumple condena hasta ser mayor de edad. Es en ese momento cuan do el juez decide si la pena se aplica y el chico pasa a una cárcel de adultos.

–Con esta ley se abre la posibilidad a la intervención judicial más discrecional que hay –le dijo a Crítica de la Argentina Laura Musa, a cargo de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad–. El chico puede estar encerrado en un instituto tanto tiempo como le plazca al juez. Para colmo, hay mecanismos que facilitan la fuga, necesitan ingresar chicos todo el tiempo.

EL CALVARIO DE LOS GÓMEZ. En 2002 la familia Gómez, de La Boca, luchaba por sobrevivir a la crisis. El padre, miembro de la clase media caída al precipicio, terminó cartoneando mientras la madre cuidaba a cuatro de sus seis hijos: una nena de cinco y tres varones de seis, quince y dieciséis. Los otros dos hijos de la pareja ya tenían más de veinte años y vida propia lejos de la casa. La señora de Gómez se dejó tragar por un pozo depresivo y casi no se levantaba de la cama. Dejó de mandar sus chicos al colegio, y la escuela formuló una denuncia por abandono de los dos más pequeños. Personal judicial llegó a la casa para hacer una “inspección socioambiental”: informaron la presencia de “olor nauseabundo” (los Gómez acumulaban allí algunos cartones que después vendían) y señalaron que la madre “seguía estando en camisón al mediodía”. “La mujer no materna apropiadamente”, concluyeron. Los dos hijos menores terminaron en un instituto y la crisis emocional de la señora de Gómez empeoró. El nene de quince, en una de las visitas, le pegó a un funcionario judicial. Lo enviaron a un instituto. El mayor, al poco tiempo, se involucró en un robo y también terminó internado. La mala suerte les cayó encima como un alud; en menos de ocho meses los cuatro hijos fueron a parar a un instituto: los dos más chicos en el Alvear y los otros en el Belgrano y el San Martín. Finalmente una de las hermanas mayores, cuatro años más tarde, logró concluir los trámites de adopción de sus hermanos, que no volverían a ser restituidos a su madre. El hermano mayor hoy está preso por robo en una cárcel de adultos.

Mirta Ravera Godoy, jueza del Tribunal Oral 5 de San Isidro, fue testigo de una fuga inducida por el propio centro de detención: la de un chico de 14 años acusado de violación. El menor fue detenido y llevado a un instituto cerrado. Al tiempo, sin notificarle al juzgado, lo trasladan a un centro de régimen abierto del que se fugó. El pasado 4 de enero el chico volvió a entrar a una casa, robó y atacó sexualmente a una mujer. Detenido de nuevo, el chico relató ante la jueza que en el centro de detención le habían sugerido que se fuera.

Raquel Robles, una de las fundadoras de HIJOS, especialista en chicos en riesgo y directora del Instituto de Menores San Martín, que aloja chicos entre 13 y 15 años comentó a este diario el caso de Diego, un chico de La Matanza que está en situación de calle en Capital, entró por primera vez a los 13 años, ahora tiene 15 y ya tuvo treinta ingresos al instituto.

–Lo que me parece es que los chicos tienen una falta de infancia muy profunda –señaló Raquel– y me parece mal que el Estado los trate como si fueran adultos o jóvenes de más edad, que es lo que pasaría si bajan la edad de imputabilidad. Eso no ayuda a restituirles infancia. Eso no significa que el Estado no accione, tiene que poder tener una intervención de los chicos antes de que transgredan.

EL INFORME COSACOV. El perito del Equipo Técnico de Menores del Poder Judicial y docente de la Universidad de Córdoba Norberto Cosacov realizó un pormenorizado estudio sobre los menores que pasaron por los juzgados correccionales de su provincia entre 2006 y 2007. Según Cosacov “las variantes arrojadas en la encuesta de Córdoba se corresponden a las obtenidas en todas las grandes ciudades del país”. El estudio muestra que la mayoría de los jóvenes que delinquen no provienen de hogares indigentes (esto es con ingresos inferiores a $570 mensuales para cuatro personas), sino de hogares pobres y de clase media baja, con ingresos por hogar entre 500 y 2.500 pesos mensuales. Siete de cada diez afirman que no roban para comprar drogas sino ropa y calzado de lujo, financiar salidas y entretenimientos; la mayor parte de los encuestados sostiene que querría irse del barrio que habita, y su sueño más reiterado es el de “poner un maxikiosco”. El 34% admite consumir regularmente alcohol, el 21% marihuana, el 18% pastillas mezcladas con alcohol, el 14% pegamento y el 7% cocaína. El 51% dijo que no salió a robar drogado. El 33% dijo haber sufrido maltrato infantil y el 40% no quiso responder a esa pregunta.

La mitad de los jóvenes entrevistados no supo qué contestar cuando se le preguntó qué harían, de ser jueces, con un caso como el suyo. El 16% dijo que “lo dejaría libre” y el 19% optó por “darle otra oportunidad”. Ninguno de ellos usaba piercing o se teñía el pelo, pero la gran mayoría exhibía sus tatuajes como símbolo de pertenencia y expresaban, tanto en su vocabulario como en los comentarios, un fuerte nivel de racismo.

(Investigación: Jorge Lanata / Jorge Camarasa (Desde Córdoba) / Luciana Geuna / Jesica Bossi)

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