Piani: "Tras el recambio legislativo, el ámbito de la Cámara Baja se va a fortalecer en el diálogo"

En el marco del tratamiento del Presupuesto 2010 en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, la diputada Liliana Piani (CC-Ari) afirmó que "tenemos parte de la discusión dada en el bloque", considerando que, en porcentajes, "el Presupuesto ha disminuido prácticamente en todas las áreas".
En una entrevista exclusiva con Agencia NOVA, la legisladora expresó que lo presupuestado por la administración del gobernador Daniel Scioli va a presentar en el año entrante "grandes dificultades en lo que tiene que ver con la gestión", que, según señaló, "no se destacado por su nivel de eficiencia".

"Estamos muy preocupados por lo que es el panorama del año próximo en las áreas más sensibles: salud, educación, desarrollo social -expresó Piani-. Hoy tenemos una conflictividad y una demanda de contención de los 500 mil chicos que no trabajan ni estudian, y no vemos una política acorde -en lo que tiene que ver con los recursos- para construir una estrategia que contenga esa situación. Lamentablemente, después se instala el discurso donde se le pide a la Policía que prácticamente resuelva los problemas".

Además, la legisladora manifestó que "tener un presupuesto que no tiene una previsión en función de un aumento salarial deja planteado que el déficit va a ser mucho mayor". "Hay una intención de aminorar de alguna manera los números complicados que se presentan en el proyecto del Ejecutivo", añadió.

- El año pasado el Presupuesto se trató en diciembre. Este año, el oficialismo pretende tratarlo a comienzos de este mes. ¿Es correcta la fecha del actual tratamiento, o debió haber sido aún más a fin de año?

- Los presupuestos siempre se han tratado a fin de año. Estos apuros por las modificaciones de los espacios legislativos, y de las mayorías y las minorías, no fortalecen la cuestión institucional. Obviamente que un Presupuesto, con lo que significa, amerita el tiempo necesario de trabajo y evaluación, sobre todo para los que somos bloques minoritarios y no tenemos a los funcionarios a nuestra disposición. Eso restringe la posibilidad de trabajo que tiene la oposición, por lo cual me parece que lo lógico hubiera sido tratarlo como se hace siempre, con el tiempo necesario. En este caso, como también sucede en la cámara nacional, hay una necesidad que tienen los oficialismos en función de los números que cambian a partir de diciembre.

- ¿Cómo ve al oficialismo a partir de diciembre, ya sin mayoría propia?

- El ámbito de la cámara se va a fortalecer en el diálogo. No sé cuál va a ser la actitud del Ejecutivo, pero creo que la cámara, con el nivel de pluralidad que va a representar, va a estar obligada a dialogar, porque hay una práctica donde, en algunos temas, ya se pudo empezar a trabajar con una mirada un poco más amplia, y me parece que se va a fortalecer esa posibilidad a partir de diciembre.

- El Senado sancionó recientemente la suspensión del gravamen a la carga y descarga en puertos de la Reforma Impositiva. ¿Cuál es la postura de la bancada de la CC-Ari en este tema puntual?

- El tratamiento de la Reforma Impositiva fue un ejemplo de lo que no corresponde hacer. Se trató con un apuro excesivo, sin posibilidad de trabajarla. La oposición se retiró del recinto, porque la verdad es que no se respetó el marco de las condiciones que se habían planteado en labor parlamentara. Se aprobó en 30 segundos, y después empezamos a sufrir las consecuencias del conflicto de lo que se había aprobado, de lo que significaba esa media sanción. Teníamos algunas preocupaciones muy fuertes, y una tenía que ver con el impacto económico que la medida iba a tener en los puertos de la Provincia. Y la verdad es que, a partir de ese momento, vimos al Ejecutivo intentado crear espacios en función de solucionar y corregir errores. Se podría haber trabajado y mejorado una herramienta que, la verdad, fue tratada de la peor manera, con el mayor nivel de apuro y tensión sobre la oposición, con una falta de resto también, y sin que estuviéramos presentes. Lamento esa modalidad institucional. Y creo que, por otro lado, tuvo un costo también muy fuerte para el oficialismo, por el rol en el que quedaron los diputados oficialistas al haber sancionado una ley votada en 30 segundos sobre la que, después, el Ejecutivo tuvo que reconocer el nivel de correcciones que hubo que hacerle. Eso es la muestra de lo que no se debería hacer más.

- Sin embargo, el oficialismo planteó la suspensión como una actitud más en su búsqueda de consensos, siendo que el "consenso" es lo que todas las bancadas y fuerzas políticas dicen buscar.

- El problema es cuando las palabras se vacían de contenido, ya que no hay nada más perverso que eso. El consenso es una práctica previa a que se levante la mano y se vote. Entonces, lo que hubiera correspondido hubiera sido que la base de discusión de ese proyecto se hubiera ampliado en la Cámara de Diputados, y se hubieran podido tener intercambios entre los distintos sectores en el ámbito de la Legislatura, antes de ser llevados al recinto como se llevó. Y la verdad es que, de eso, no se hizo absolutamente nada: fue un proyecto que ingresó y, prácticamente, fue enviado al recinto como vino, y no hubo margen para hacer ningún tipo de tratamiento como correspondía. Me parece que hablar de consensos posteriormente a una media sanción, y con esa modalidad, vacía de contenido lo que significa el consenso. Esperemos que el Ejecutivo, después de este error -que aparte le generó un costo político por el replanteo de las modificaciones de algo que envió y votaron sus propios diputados, y habiendo tenido que crear después una Comisión Bicameral y un espacio de circulación permanente de intercambio con otros actores económicos para ver cómo ajustar esta situación- trabaje realmente en el consenso, que es lo que corresponde en todo trabajo previo al momento de la votación.

- Pasando al plano de la política partidaria, ¿ustedes preveían la división que se dio entre el Ari y el GEN después de la convocatoria al diálogo del gobierno nacional?

- La verdad que no teníamos previsto que pudiera haber algún tipo de diferencia. Nosotros veníamos trabajando articuladamente y, en algún momento, se plantean diferencias políticas. Y hubo una diferencia política muy importante entre las representantes a nivel nacional, porque hubo una decisión muy fuerte de Elisa Carrió -y que nosotros acompañamos- de no participar de un diálogo que consideramos absolutamente inconducente, cosa que después quedó demostrada, por cómo funciona el Ejecutivo nacional, el matrimonio presidencial. La sensación que teníamos era que formar parte de una foto de un gobierno nacional que en realidad utiliza las situaciones en función de ganar tiempo y escena política nuevamente -cuando fue derrotado en la elección, sufriendo así una situación que no tenía prevista-, nos parecía que licuaba el rol de la representación de la posición, que era la expectativa que la sociedad había depositado en nosotros de ponerle freno a esa modalidad del Ejecutivo. Esa fue la gran diferencia que tuvimos con Margarita Stolbizer.

- ¿Y después?

- Independientemente de esa situación, ellos después decidieron no participar del armado de la Coalición Cívica como partido. Nos queda un espacio para seguir articulando, que es el marco que todavía subsiste del Acuerdo Cívico y Social (AcyS). Nosotros seguimos articulando diferentes cuestiones con los miembros y partidos que conformaron su espacio, y seguramente vamos a tener cuestiones legislativas comunes, porque no tenemos ni hemos tenido grandes diferencias en esta cámara. Pero sí necesitamos independencia política, porque esa definición sí mostraba que nos parábamos de manera distinta ante la convocatoria del gobierno nacional.

- En ese momento, Carrió dijo que la convocatoria del Gobierno era para "ganar tiempo". Sin embargo, ahora, al presentar la Reforma Política, pareciera que el Gobierno sí tenía la intención de recoger las distintas opiniones de las fuerzas políticas...

- Estoy convencida de que, de todos modos, fue una forma de ganar tiempo. Primero, porque la Reforma Política se presentó pero no tuvo la consideración de ninguno de los que formaron parte del diálogo. Porque, la verdad, no creo que en el proyecto esté considerada la mirada ni del partido de Pino Solanas, ni del de Martín Sabbatella, ni del SI ni de ninguno de los partidos que circularon por esa convocatoria, porque, al contrario, si no hay modificaciones al proyecto, esas fuerzas desaparecen prácticamente de la escena. Entonces, creo que no sólo no fueron incorporadas sugerencias que esos partidos deben haber llevado, sino que, al contrario, ni siquiera deben haber sido tomados en cuenta, porque, según el proyecto oficial tal cual esta, esos partidos no reúnen las condiciones para poder participar de la interna abierta y obligatoria. Lo que han presentado fue el proyecto en el que seguramente venían trabajando y la escena montada de la convocatoria. Ojalá ahora estén dispuestos a hacer modificaciones y a darse el tiempo necesario en la cámara nacional, para incorporar las miradas y la realidad de las distintas representaciones políticas, aunque dudo que este vaya a ser el perfil que tome el oficialismo en el Congreso.

- Personalmente, y más allá de las diferencias conceptuales, ¿le parece que esta iniciativa sería beneficiosa para la política argentina?

- Sí. Nosotros estamos de acuerdo con las internas abiertas y obligatorias. Lo que hay que ver es un sistema que contemple la representación real de todos los partidos; entonces, seguramente hay que atender algunas cuestiones que tienen que ver con los pisos y con los porcentajes de los afiliados de cada partido, para que tengan representación partidos minoritarios.

- Volviendo a la Provincia, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno en materia de seguridad? Últimamente, hasta Stornelli y Arslanián han tenido cruces...

- Lamento que no se haya podido seguir construyendo una política de Estado en función del tema de la seguridad, que es la preocupación con la que convivamos todos cotidianamente. Me parece que el modelo que se venía gestionando durante la gestión de (León) Arslanián, pese a tener diferencias y cuestiones para plantear, ya que no hemos acompañado en su momento algunas de las iniciativas que envió a la Legislatura, era un modelo sobre el que había que ir trabajando y consolidando, y modificando cosas seguramente. Me parece que el haber llegado a la gestión y haber dado prácticamente vuelta la definición más estructural, centralizando el poder de nuevo en un jefe de Policía y fortaleciendo lo que llamamos "la cuestión policial", no ha sido útil, no ha garantizado nada, y no vemos un plan efectivo que realmente esté dando contención a las situaciones que estamos viviendo. Lamentamos las últimas declaraciones efectistas del gobernador Scioli, porque nuevamente quiere poner sobre los pibes la responsabilidad de los conflictos que tenemos en materia de seguridad, cuando lo que estamos sufriendo son las consecuencias de muchos años de un proceso neoliberal -que el gobernador acompañó en su momento- que desmanteló el Estado de bienestar, el pleno empleo, y no tuvo políticas acordes para contener esa nueva situación que se vive en Argentina, que son esos grandes porcentajes de excluidos con los que tenemos que vivir cotidianamente. Y, la verdad, el Presupuesto 2010 de la Provincia tampoco contempla el trabajo social de contención, porque el nuevo programa lanzado por Desarrollo Social va a tener un impacto mínimo en relación a las necesidades que se tienen. Entonces, me parece que pretender contener con políticas focalizadas la situación masiva de conflictividad social que tenemos, lo que muestra es el gran fracaso, y acá hay un gran fracaso de gestión.

- ¿En qué proyectos está trabajando actualmente?

- Venimos trabajando sobre un proyecto de ley que establezca un protocolo muy claro en función al rol de los funcionarios del Ministerio de Seguridad en los conflictos laborales. Esto significa la prohibición taxativa de que la Policía de la provincia de Buenos Aires se encuentre dentro de los establecimientos fabriles cuando hay un conflicto laboral. ¿Por qué? Porque es una realidad con la que venimos conviviendo permanentemente: se dispara un conflicto laboral y, sin ningún tipo de orden judicial, nos encontramos con efectivos de la Bonaerense dentro de los establecimientos. El caso más emblemático fue el de Kraft: durante dos semanas, hubo efectivos de la Bonaerense instalados dentro del establecimiento sin ningún tipo de autorización judicial, y cuando el Ministerio de Seguridad no reconoce haber dado ningún tipo de orden. Por lo tanto, lo que queremos es que esto, por ley, este taxativamente claro, porque, cuando uno discute con los funcionarios, lo que dicen es que la normativa interna está, pero alguien da algún tipo de orden verbal para que esto después se sufra cotidianamente, y lo sufren los trabajadores. Por otro lado, se violan así derechos de todo tipo. Entonces, queremos que se apruebe este marco normativo para que quede en claro para todos que el Ministerio de Seguridad no es el ámbito de competencia para los conflictos laborales, sino que es el Ministerio de Trabajo, que sí es el que tiene que interceder en este tipo de situaciones, salvo en el caso de una cuestión judicializable, donde hay entonces una orden de un juez por una cuestión puntual y, lógicamente, se da intervención a quien corresponda.

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