PETROMINERA CHUBUT En votación nominal, se aprobó mayoritariamente la iniciativa gubernamental

En su fundamentación de los dictámenes en conjunto suscripto por la mayoría propiciando la sanción parlamentaria, la diputada oficialista Mariana Ripa, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, aludió a tres principales ejes de las modificaciones introducidas al resaltar la necesidad e importancia de ampliar el objeto social de Petrominera Chubut Sociedad del Estado cuya iniciativa fue promovida por el Poder Ejecutivo y se sancionó por mayoría en votación nominal.
Tras citar que por la Ley Nº 3.422 se crea la empresa estatal Petrominera, que se rige por la Ley Nº 20.705 de Sociedades del Estado y, posteriormente, mediante la Ley Nº 5.431 del año 2004, se amplió el objeto de Petrominera a los efectos de poder otorgar los permisos y concesiones de exploración y explotación de áreas y yacimientos que ya estaban en poder de la Provincia.

"Hoy nos encontramos ante la sanción de la ley nacional 26.197, del año 2007, con una nueva necesidad de ampliar el objeto social de la empresa Petrominera Chubut S. E., concretamente porque ante la vigencia de la llamada "Ley Corta", con la transferencia del dominio originario y la administración de las áreas y yacimientos que corresponden a la Provincia, es necesario darle la posibilidad y la facultad a Petrominera para desenvolverse en cuanto a su objeto en el marco de ello", sostuvo la legisladora.

Objetivos

Explicitó que dicha sociedad tendrá por objeto la realización, por cuenta propia, asociada a terceros o por terceros, en el caso que así lo considere el directorio, la exploración, explotación, transporte, industrialización y comercialización de sustancias minerales y sus derivados como así también respecto de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, y sus derivados, citando además la captación, transformación, conversión, generación, producción, explotación y comercialización de las diversas formas de energía eléctrica, hidroeléctrica, hídrica, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, biomasa e hidrógena. Por último, la posibilidad de fabricar, comercializar, exportar e importar equipos necesarios para las operaciones anteriormente consignadas. Todo ello, enmarcado en la normativa constitucional.

"Es importante la segunda incorporación que se hace, concretamente, exceptuándola del pago de Sellos, para generar mejores condiciones de competitividad en cuanto a la empresa del Estado, en lo que es la dinámica de su objeto en lo que tiene que ver con los actos y operaciones en relación justamente con el objeto, se le exime del pago del impuesto en la parte que le corresponde a Petrominera", significó.

Directores

Destacó otro aspecto de la reforma introducida mediante la cual se incorpora, a solicitud del Poder Ejecutivo, que la dirección y administración de la sociedad estará a cargo de tres Directores designados por el Poder Ejecutivo.

Tras precisar que los Directores eran designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, adujo que "en un análisis acerca de la naturaleza jurídica de la propia sociedad estatal, y lo que implica el método rígido de la aprobación por el Poder Legislativo, en función de la índole comercial que tiene a cargo la sociedad del Estado, apoyamos esta modificación porque creemos que es incompatible con el dinamismo y la eficiencia que requiere la sociedad para funcionar", aludiendo a una facultad natural del Poder Ejecutivo de esas designaciones en el órgano directivo.

El legislador Roque González (PACH) aludió a que "más allá que vemos varios signos positivos, en esta modificación en el estatuto de Petrominera, para su mejor funcionamiento, no vamos a acompañar este proyecto de ley, básicamente por el desacuerdo en un punto que vemos muy importante".

Beneficios

Citó que en los beneficios, "como oposición nos parece importante marcar fundamentalmente, más allá de la conformación de la nueva ley, qué diferencia tiene con la anterior, donde vemos por un lado como positivo que algún contraste que a través de la aprobación del Digesto había quedado, me parece que bien corregido en la presente ley, hay cuestiones semánticas que pueden ser importantes aunque sean cuestiones menores para un buen andamiaje legal".

Precisó que "sigue la lógica de la Ley Corta, recientemente aprobada y por la que se transfieren nuevas reservas, y tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que había algunas como las de Cerro Solo que es un lugar importante para la producción del uranio, que está en explotación y la tenía la antigua CNEA, había quedado relegada pero a través de la Ley Corta se puede perfeccionar el traspaso a la Provincia"e indicó que "agrega un rubro importante al objeto social como es la exploración y esto lo vemos desde un sistema de la dinámica del manejo del recurso y la presencia del Estado en él, que antes estaba exclusivamente en la explotación".

Valorizó la exención respecto de la ley de Sellos, en el concepto de actividades que hay que integrar como factores dinamizadores de la economía, en coherencia con otros pactos suscriptos por la Provincia. Roque González consideró también como cuestión positiva la posibilidad de asociarse con terceros, aludiendo a la exploración a través de la asignación de múltiples tareas a esta nueva Petrominera, entiendo que ello encaja con el concepto de una empresa moderna por lo que caracterizó ello como coherente.

El diputado pachista juzgó, empero, como "un retroceso desde el punto de vista político" y tras señalar la importancia que tienen en el manejo de estos recursos, la presencia de las minorías, consideró que "más allá de la voluntad del gobernador que lo ha hecho público, lo ha expresado y se sintió hasta ofendido porque algún sector dijo que no iba a acompañar, que no fue el partido que represento donde además de diputado soy presidente, me parece que éste es el mejor ámbito de discusión de las estrategias políticas de Estado, más allá de la eficiencia económica de la empresa, y los argumentos de la diputada preopinante a quien respeto mucho políticamente como a todos los miembros de la Cámara", por lo que fundó allí su no aprobación a esta reforma a la empresa estatal.

Otras intervenciones

Tras otras intervenciones en el marco del debate con participación de los diputados Carlos Lorenzo y Fernando Urbano, exponiendo reparos a la iniciativa, y las réplicas de Mariana Ripa y sus pares del oficialismo José Karamarko (jefe del Bloque PJ), Oscar García y Carlos Gómez, se votó nominalmente (a moción del diputado Risso), aprobándose el proyecto de ley con 18 votos del oficialismo y siete por el no acompañamiento: expresado ello por los cuatro diputados radicales (R. Risso, Carlos Lorenzo, Marta Raso Carlos Díaz), y los legisladores Fernando Urbano (ARI), Roque González (PACH) y del PROVECH, Ricardo Astete.

Naturaleza jurídica

El diputado Roberto Risso, jefe del Bloque de la UCR, aludió inicialmente a la naturaleza jurídica de la ley en consideración y el ente de sociedad estatal, juzgó que "creo que es muy importante la figura elegida, alguien esperaba que explicaran por qué esta figura elegida por el Poder Ejecutivo cuando se habla de asociación, no lo han explicado, porque tiene que ver con la naturaleza jurídica de lo que son las sociedades del Estado".

Reseñó la historia al respecto y sostuvo que la Ley 20.705, que data de los años ’70 y que regula la figura jurídica de sociedades estatales, apuntó a que debe tenerse en cuenta esa década "que estaba muy lejos de la vorágine privatizadora que caracterizó a la Argentina durante la década de los ‘90". Adujo que se trata de figura especial societaria fuera de la Ley de Sociedades, y es la única que tiene un solo socio, o sea la característica fundamental es que el Estado es el único socio, y en esta figura lo único que no se admite es la participación de un privado, es decir que aunque el capital de una sociedad esté reflejado en acciones, la única posibilidad de comercializar acciones de una Sociedad del Estado es la que permite la Ley 20.705, que es entre Estados", citando ilustrativamente que podría ser la participación con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en la comercialización de hidrocarburos, o con otras empresas de la órbita pública. Puntualizó que los directores tienen característica de empleo público, de funcionarios públicos alcanzados por las obligaciones inherentes a esas funciones.

Risso afirmó que en virtud de la Ley 20.705, si alguien quisiera asociarse o incorporar el capital privado, perdería su propia naturaleza jurídica, y por ello en la década menemista de los ’90, cuando se avanzó en el concepto de la creación de sociedades del Estado para actividades comerciales a la privatización, crearon otros tipos de sociedades, como economías mixtas y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.

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