¿El petróleo lo maneja una "mesa chica"?

Diputados oficialistas y opositores se quejan por el hermetismo con que Jorge maneja los expedientes relacionados con la entrega de áreas petroleras. Las sospechas alcanzan a la estatal Pampetrol.
En la edición de ayer se informó sobre aspectos poco claros de algunos expedientes que sobre el tema petrolero está manejando el Poder Ejecutivo provincial, o que al menos merecen reparos de sectores de la oposición, aunque también algunos legisladores oficialistas se estarían haciendo algunas preguntas al respecto.

Más allá de la paralización de la comisión de Hidrocarburos, de algún expediente que favorecería a Raiser S.A., e indirectamente a Midas S.A. y la estatal Enarsa, habría algunos otros expedientes en danza que preocupan acerca de su resolución por parte del gobierno.

Quienes conocen del tema se atreven a decir que otro de los documentos que estaría avanzando sin que se informe públicamente, también involucra a la dupla Raiser-Enarsa. En este caso se trataría de la cesión a su favor por parte de Petro Andina de un porcentaje de participación en el área Ayala III, área anexa a CNQ7, que se le otorgara el año pasado casi en forma secreta a la misma Petro Andina como derivación de un expediente remitido desde Nación.

Cabe decir que en sus alrededores existen otras áreas, Ayala I y II, en las cuales vuelven a aparecer actores empresarios vinculados entre sí o con la firma provincial Pampetrol, en lo que algunos definen es una suerte de "mesa chica" de empresas que se repiten una y otra vez.

Pero en el caso de Ayala III, el Poder Ejecutivo también tendría un pedido de concesión de explotación por parte de Petro Andina en vías de ser resuelto, o quizás ya resuelto sin que se haya informado a la opinión pública. Y la concesión también sería por 25 años.

Estos manejos "administrativos" del Ejecutivo podrían verse transparentados parcialmente si la comisión de Hidrocarburos -creada por el propio gobernador Oscar Mario Jorge- fuera convocada y se le ofreciera la información y la posibilidad de emitir un dictamen aprobatorio, o no, de las medidas que se quieren tomar.

Los representantes del Poder Ejecutivo se escudaron hasta aquí en que se trata de decisiones administrativas, que toman para otorgar concesiones, autorizar cesiones o cualquier medida sobre las áreas. En este aspecto quienes conocen las cosas "desde adentro" sostienen que una de las principales voces que apoyan ese tipo de decisiones gubernamentales sería la de la asesora letrada de Gobierno, Daniela Vassia, quien se habría convertido en una de las opiniones más escuchadas por el gobernador. Aunque desde el mismo entorno del primer mandatario se encargan de señalar que tiene una formación demasiado "tecnócrata" y que no pocas veces -juzgan- la hacen alejarse de la realidad. ¿Y el subsecretario de Hidrocarburos, Jorge Varela? No pocas veces sus opiniones serían relativizadas por aquella funcionaria y se vería obligado a ocupar un segundo plano en las decisiones más trascendentes.

¿Decisiones administrativas?

Una versión surgida desde las cercanías de un legislador que no es precisamente de la oposición, se alzó en estos días para decir que "lo de Petroquímica Comodoro Rivadavia también era un trámite administrativo, y sin embargo como les quemaba en las manos nos hicieron partícipes. Nosotros y la oposición aceptamos el convite asumiendo la responsabilidad del caso".

Puede señalarse que desde el mismo inicio de la cuestión, planteada a partir de la readecuación del contrato con PCR, fue un diputado del oficialismo -el vernista Juan Ramón Garay-, quien desconfió por cómo se presentaban las cosas, y hasta llegó a cruzar y muy feo a Varela en una reunión de comisión en la Legislatura. "Me parece estar escuchando a un representante de la empresa", disparó dejando boquiabiertos a todos los presentes, al referirse a la exposición del funcionario jorgista.

Ahora hay legisladores de uno y otro lado que señalan que la posibilidad de ver los expedientes y evaluar las situaciones particulares de cada área, la veracidad de las cesiones entre empresas, la posibilidad de concesionar sólo parcialmente un área como está previsto en la ley y en los contratos, son decisiones administrativas que tienen una cuota importante de decisión política. Y plantean que el Ejecutivo haría uso y abuso de sus facultades legales, "ninguneando" a la comisión y negándose siquiera a informar.

Los integrantes de la "famosa" comisión de Hidrocarburos esperan no enterarse por los medios que ya fueron otorgadas estas concesiones por 25 años a las empresas, y quizás varias semanas después, o incluso meses, de que se hayan tomado las decisiones.

La cuestión es transparentar.

La voluntad de transparentar las situaciones de las distintas áreas petroleras, que había esbozado Jorge cuando convocó a su residencia a los diputados de todas las bancadas y les pidió que participaran de una Comisión que definiría las políticas de estado petroleras en La Pampa, parece haber quedado en la nada.

En aquel momento los legisladores, incluso los opositores, estuvieron de acuerdo en intervenir con la condición de que no sirviera sólo para sacar al gobernador de un problema puntual como el que planteaba PCR. Los miembros de la comisión alcanzaron a fines del año pasado un acuerdo para avanzar en la Ley de Hidrocarburos que le faltaba a la Provincia. Parecía ir en línea con la idea original, pero cinco meses sin convocatoria lo ponen seriamente en duda.

A todo esto se suman los cuestionamientos insistentes con relación a Pampetrol, que recibió en forma directa la concesión de una decena de áreas petroleras por parte del Estado provincial, que es su propietario. Cuestionamientos que alcanzan también a los socios que Pampetrol seleccionó para realizar los trabajos -donde vuelve a aparecer Raiser, en este caso vinculada a por lo menos tres contratos de exploración- y siempre en una especie de "mesa chica" de empresas cuyos nombres se repiten 4 o 5 veces en un listado de titularidades de áreas petroleras en la provincia, donde el total de áreas concesionadas en los últimos años sólo alcanza a una docena.

En Diputados, desde todos los bloques, se cuestiona la conformación del directorio de Pampetrol, donde faltan técnicos especializados y representantes de la oposición. Incluso puede mencionarse que en la última asamblea de la empresa, los intendentes que no son del justicialismo propusieron que sea designado como representante de las acciones que les pertenecen un miembro de la municipalidad de Santa Rosa. La respuesta negativa fue contundente y se aprobó la continuidad del monopolio absoluto del directorio en manos del justicialismo. Así se volvieron a cerrar las puertas de Pampetrol, que se convierte en un bastión inexpugnable.

A la reacción que provocó la concesión de CNQ7 a Petro Andina -dicen que habría presionado el mismísimo ministro de Planificación, Julio De Vido-, y que nunca fue informada públicamente por el gobierno de Jorge, se siguen sumando casos puntuales que obligan a preguntarse si las reservas petroleras seguirán siendo administradas como si fueran propiedad privada. Sin informar a la ciudadanía y sin darle participación a la comisión de Hidrocarburos.

Obviamente tienen la palabra el ministro de la Producción, Abelardo Ferrán, titular de la comisión de Hidrocarburos, el responsable del área en el gobierno provincial, Jorge Varela, y por qué no el mismo gobernador, que es en definitiva quien firma los decretos que otorgan concesiones o resuelven temas petroleros. Y que además debe hacerse responsable de rendir cuentas a los pampeanos de la administración de las reservas petroleras por los próximos 25 años.

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