¿Petitti es idónea para ocupar el cargo?.

La diputada quedó involucrada en un escándalo político y judicial. Cometió varias irregularidades: hizo negocios con prestamistas privados, no declaró la deuda en su declaración jurada y emitió un centenar de cheques sin fondos.
La fiscal Alejandra Ongaro inició una investigación a raíz de las declaraciones públicas que hizo la diputada Silvia Petitti donde manifestó que debió recurrir al “mercado negro” para conseguir dinero. La fiscal inició una causa penal para determinar si, entre otras cosas, se cometió el delito de usura.

Todo quedaría en el ámbito privado si se tratara de una ciudadana común pero en este caso la supuesta víctima no es una ciudadana común. La diputada Petitti representa a una porción de la población pampeana y se supone en ella la existencia de virtudes mínimas tales como mesura en sus procederes e idoneidad para poder cumplir con el mandato constitucional.

Según el Código Penal, en el delito de usura el autor (prestamistas o usureros) se aprovecha de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la víctima. Se trata de un delito en el que se debe analizar la conducta de la supuesta víctima: los antecedentes que reúne, la actividad comercial y la inexperiencia en el orden de los negocios financieros, entre otras cuestiones.

La diputada dijo que debió acudir al “mercado negro” del préstamo por “necesidad”. Sin embargo, cuando fue electa diputada y luego, cuando presentó su declaración jurada, nada de esto manifestó. A raíz de esto el Tribunal de Cuentas primero y después la Justicia iniciaron una investigación. En la DDJJ no declaró su deuda con los prestamistas, lo cual expresa que su conducta es, desde su función como representante de la sociedad, al menos objetable y genera la pregunta: ¿es idónea para ejercer el cargo?

La causa penal se instruye con lentitud, incluso la fiscal está a cargo de la feria judicial y es reemplazada por el fiscal Carlos Ordás.

Lo cierto es que la diputada habría incurrido en varias ilegalidades. Entre otras, hacer negocios con prestamistas privados, no declarar la deuda en su declaración jurada y emitir cheques sin fondos.

No son pocos los que vienen reclamando que la legisladora renuncie a la banca teniendo en cuenta que los tiempos legislativos y políticos son de mayor exigencia que el análisis de una causa penal.

Concurso

Otro problema adicional que presenta la situación de Petitti es el concurso preventivo donde habría declarado sólo una parte de su pasivo con la posibilidad de discutir la verificación de los préstamos garantizados con cheques o la conocida “venta de cheques” a la que habría recurrido.

Petitti habría omitido todos los cheques, algo que se presume ya que en la presentación del concurso habría declarado una deuda de sólo 129.000 pesos cuando tiene cheques rechazados por unos 500.000 pesos.

Al no declarar todo el “pasivo” la estrategia de la diputada sería dejar fuera del concurso a los prestamistas, ya que como lo especifica la jurisprudencia de los plenarios “Difry” y “Translínea”, el juez no procede a la verificación de la deuda si no está probaba la causa de la obligación (ver aparte). De ser así también la conducta de la diputada debería ser analizada por la Justicia.

La situación de Petitti de cara a la ciudadanía que la votó no es la más cómoda, siempre y cuando los valores de la sociedad pampeana exijan honestidad e idoneidad en el ejercicio de un cargo público.

La deuda declarada

La diputada Silvia Petitti (bloque Radical Independiente) habría declarado en la presentación del concurso de acreedores una deuda de 129.000 pesos. Trascendió que sus únicos acreedores son dos bancos, la mutual de un club, una empresa de cosméticos y una persona que tendría documentada la deuda en una escribanía.

La legisladora que generó una crisis en el bloque del FrePam y en su propio partido dijo que su único patrimonio es una camioneta y un automóvil Renault Clio.

El Juzgado Civil 2, a cargo de la jueza sustituta Claudia Guazzaroni, secretaría de Laura Juan, dispuso que el próximo miércoles 28 de enero, a las 10 horas, se realice el sorteo del síndico que actuará en el concurso de acreedores.

Los cheques en un concurso

“Los acreedores que tienen su crédito documentado en un cheque o en un pagaré corren el riesgo de no ser admitidos en la verificación del concurso preventivo de la persona que los libró. Esto puede suceder si los jueces les exigen que prueben cuál era el negocio jurídico que originó el libramiento de los documentos: una compraventa, un alquiler o hasta un préstamo de dinero”, explicó el abogado Martín Domínguez Molenzún en un artículo del diario Infobae.

Dijo que “el problema tiene un origen legal: la ley de concursos y quiebras y el decreto que regula las letras de cambio son contradictorias y es difícil determinar a cuál de los dos regímenes se le otorga preponderancia. Mientras la Ley 24.522 dispone que todos los acreedores deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos indicando monto, causa y privilegios, el decreto 5.965/63 establece que la existencia de los títulos de crédito no debe ser probada”.

Recordó que “décadas atrás, el titular de un documento cambiario podía verificar su crédito en el concurso del deudor sin acreditar ningún requisito. Pronto aparecieron los primeros problemas ya que los mismos deudores ’inventaban’ acreedores para lograr las mayorías necesarias para que el acuerdo concursal fuera aprobado”.

Molenzún comentó que “para frenar ese tipo de fraudes, la Cámara Comercial dictó dos fallos plenarios, ’Translínea’ y ’Difry’, que buscaron resolver el conflicto y dispusieron que no procedía la verificación si no se probaba la causa de la obligación. Por eso la doctrina de los fallos plenarios debe aplicarse con cautela y analizando cada caso en particular”.

El profesional dijo que “en general, los abogados de la talla de Julio César Rivera u Osvaldo Maffía aconsejan que los acreedores que tengan en su poder un cheque o un pagaré y deban presentarse en el concurso preventivo de su deudor, demuestren en virtud de qué operación o contrato obtuvieron el título de crédito que se pretende verificar”.

“No basta con que el acreedor que invoque un crédito instrumentado en un pagaré o cheque se limite a afirmar que lo recibió del concursado contra entrega de mercaderías o por un préstamo de dinero. Menos todavía si afirma que su crédito ’surge del pagaré adjunto’. En cambio, el acreedor deberá explicar circunstanciadamente de qué operación se trata, cuál fue la mercadería vendida, qué rol desempeñó en la operación (fabricante, consignatario, distribuidor, revendedor), cuándo y dónde se entregaron las cosas vendidas, el importe de la operación y el criterio para establecerlo (por unidad, por kilo, por metro)”.

“Pero la situación está lejos de tener un punto final. Hay muchos fallos que aplican los plenarios de la Cámara Comercial (por ejemplo, ’Iskandarani, José s/concurso preventivo s/inc. de rev. por Fiversur S.A.’), mientras que otros (como ’De Tomasso, Jorge V. s/inc. de rev. por Ghiringhelli de Margaroli, Josefina’) se apartan de la doctrina plenaria y verifican este tipo de créditos sin necesidad de aportar ninguna prueba”, concluyó Molenzún.

El delito de usura en el Código Penal

El delito de usura está tipificado en el Código Penal. El artículo 175 bis dice: “El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años y con multa de pesos tres mil a pesos treinta mil”.

“La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario”.

“La pena de prisión será de tres a seis años, y la multa de pesos quince mil a pesos ciento cincuenta mil, si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual”.

Es un delito de ejecución continuada, que dura mientras permanezcan las consecuencias de la acción.

La usura son los intereses u otras ventajas pecuniarias o susceptibles de ser calculadas en términos pecuniarios, exorbitantes o abusivas, manifiestamente exageradas con la contraprestación recibida, y/o también los recaudos y/o las garantías desmedidas y perjudiciales. La misma se produce financieramente de tres maneras: a) tasas elevadas, b) anatocismo (intereses sobre intereses, en especial en conceptos improcedentes particularmente si duplican conceptos), y c) ratioferusismo (determinaciones excesivas).

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