Del pesimismo al optimismo: razones para el 2011

El gobierno de Sapag prepara una etapa que apunta directamente al proyecto de continuidad en el poder que necesita no solo su gobierno sino todo el MPN. Cómo se pasa del pesimismo y la angustia al optimismo auspicioso. Una provincia que solo se mueve con obra pública. Los planes de contención del gasto y de freno a los sindicatos.
En los dos meses y medio que restan para terminar el año, el gobierno de Jorge Sapag intentará sentar las bases elementales para el único proyecto político que todavía conmueve al MPN: el de la continuidad en el poder.

Para este fin, natural y hasta obvio, que no merece mayor comentario, se prepara con dos grandes líneas estratégicas: revertir el mensaje pesimista con el que machacó incesantemente hasta ahora, y virarlo hacia el optimista que se necesita para seguir ganando elecciones; y con el mismo mensaje como estandarte, utilizar la misma fuerza que le da la oposición (curiosamente) para mantener lo más congelado posible el gasto corriente, que se traduce inevitablemente como salarios estatales.

Al mismo tiempo, intentará sintonizar con un cambiante humor social que prácticamente ya ha sepultado al matrimonio Kirchner, primero con la disconformidad, después con la peor condena que un pueblo le puede otorgar a sus gobernantes: la indiferencia.

No necesitará esforzarse demasiado Sapag con esto, porque la pirotecnia retórica nacional ya le sirve como distracción. Sapag no necesita hacer evidente todos los días su prédica de "coordinación" con el gobierno nacional, y hasta se puede permitir liderar el reclamo de las provincias productoras de hidrocarburos, porque el contexto exagera tanto las adhesiones como los rechazos a los K, y el gobernador neuquino se mueve con comodidad en esa gris franja media donde un día acordamos, al otro diferimos, pero nunca haciendo demasiado oleaje.

Tanto a Sapag como a sus operadores con Julio de Vido, se les ha prometido que a más tardar en enero el gobierno nacional concretará los nuevos precios para el gas y el petróleo. No serán espectaculares, pero al menos estarán más cerca de los precios del mercado, si es que el mercado mantiene la tendencia actual, con un petróleo oscilando en la franja de los 70 dólares y subiendo lenta pero gradualmente.

Pero esa noticia sería por lo menos la tercera de una serie de anuncios concretos que espera poder hacer Sapag para reforzar la idea que la provincia encara 2010 con otro ánimo.

Las dos noticias previas al aumento de los precios serían la adjudicación de la obra para la represa Chihuido I (mínimo de 3.000 puestos de trabajo para los próximos cuatro años); y lo que este diario ya anunció como primicia, la puesta en marcha después de mucho tiempo de un nuevo y rico pozo de petróleo, que se anunciará junto con YPF y el gobierno nacional.

Por eso, Sapag se contenta con cerrar el año con la aprobación legislativa a un mayor endeudamiento –que va atado a obra pública, por lo que la oposición no lo cuestiona demasiado- y a la combinación de un canje de deuda en bonos, para suspender obligaciones que vencen en el primer trimestre del año próximo, con el ya anunciado varias veces paquete de reforma fiscal, que básicamente ampliará la base tributaría, haciendo que más sectores y más ciudadanos paguen impuestos.

La otra cara necesaria a los planes oficialistas es el control del gasto, lo que necesariamente implica mantener los salarios públicos congelados al menos en lo que a su masa total se refiere.

El gobierno hizo esta semana un anuncio revelador en este sentido: dijo que todo aquel subsidiado por el Estado (por desempleo o cualquier otra circunstancia) que participe de violaciones a la ley tan comunes como usurpar tierras o cortar rutas, se declarará cesante en su beneficio social.

Es una amenaza que en realidad apunta directamente por un lado a las "organizaciones sociales" que lucran política y monetariamente con la administración y distribución de la ayuda social estatal (piqueteros profesionales y otras yerbas) y por el otro hacia los propios gremios del Estado.

Respecto del tratamiento político hacia los gremios, el gobierno de Sapag cuenta con una ayuda invalorable, que se le terminará en el 2011 cuando las elecciones exijan confrontación más que concertación: tanto el radicalismo como el peronismo K remanente, y hasta una fuerza político-sindical como UNE, necesitan reforzar el freno a la desmesura del gasto salarial tanto porque la sufren en sus propias administraciones comunales, como porque necesitan un escenario manejable para el caso probable de que puedan ganar los próximos comicios y comenzar a administrar la provincia.

En este tema, fue revelador la inclusión en el Convenio Colectivo de Trabajo que se sancionó por ley para los judiciales –que así tendrán paritarias por primera vez en la historia- de una cláusula que explicita el no pago de los días de huelga. Y fue reveladora también la fulminante reacción en contra de los sindicatos adheridos a la CTA.

Es digno de tener en cuenta tanto la acción política que terminó en el inciso de un artículo, como la reacción sindical, porque puede marcar una bisagra en la historia de los conflictos estatales en la provincia.

Es así porque los estatales se han acostumbrado a entrar en conflicto como quien se va de vacaciones: sabiendo que no arriesgan nada, y que seguirán cobrando el salario y manteniendo sus condiciones laborales hagan lo que hagan.

En este sentido, parece que la conducción política del Estado –que avaló históricamente esta barbaridad conceptual- comenzó a despertar con una nueva luz que ilumina un horizonte posible: el de una mayor racionalidad en esas negociaciones a las que es tan adepto el ministro Jorge Tobares, por ejemplo, en las que todo se transforma en moneda de cambio, hasta lo que ofende el sentido común.

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