Pese a violento desalojo, más familias volvieron a usurpar viviendas en Caleta.

Al menos una decena de nuevas familias que usurparon viviendas en construcción en el barrio Rotary 23 de esta ciudad, fueron desalojadas en la madrugada del sábado por personal de seguridad de una empresa constructora. Pese al incidente, volvieron a introducirse y ayer la policía les impedía ingresar alimentos o mobiliario.
Este populoso sector urbano vuelve a ser escenario de otro conflicto similar al ocurrido hace pocos meses, cuando una veintena de familias se adueñó compulsivamente de otro sector de casas que se construyen a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), muchas de las cuales aún permanecen tomadas.

Esta vez las ocupaciones se registraron en el sector de 60 viviendas que ejecuta la empresa Torraca Hnos., las cuales se encuentran avanzadas en un 80%.

Los ilegales aseguraron a Diario Patagónico que no estaban organizados al momento de realizar las ocupaciones, señalando que todo respondió a necesidades espontáneas, aunque existen fuertes versiones de que previamente mantuvieron reuniones para realizar los preparativos.

Lo cierto es que los nuevos “okupas” comenzaron a adueñarse de las casas a partir del lunes 5 de enero y el pasado fin de semana se hizo muy evidente el problema social que volvió a dividir las opiniones del resto de la comunidad que se expresó a través de programas informativos radiales.

DESALOJO

De acuerdo a sus testimonios, en la madrugada del sábado, a eso de las 3:30, “una patota de más de diez individuos entraron a las casas cuando nos encontrábamos durmiendo con nuestros chicos, nos zamarrearon, nos golpearon, nos insultaron, nos tiraron de los pelos y nos tiraron nuestras cosas afuera. Era el personal de seguridad de Megatone, la empresa que contrató Torraca. La policía estaba cerca, no hizo nada y permitió este atropello”.

Una joven, madre soltera de cinco hijos, Jimena Luna, contó a este medio que se vio obligada a ocupar una vivienda porque ya no podía pagar los costosos alquileres de esta ciudad, sobre todo porque ella trabaja como costurera y empleada doméstica.

Pero además denunció que “hace diez años que inicié una carpeta (trámites) en el IDUV y ahora me dicen que la perdieron. ¿Qué quieren? ¿Que la haga de nuevo? Ni siquiera tienen contemplación porque soy nacida y criada en Caleta Olivia”.

“El sábado a la madrugada vinieron unos tipos de la empresa Megatone y entraron a patear todo y a golpear a los chicos que estaban durmiendo y los sacaron afuera, mientras policías de la Cuarta permitieron que nos golpeen”, añadió.

Jimena tuvo que interrumpir el diálogo con nuestros cronistas al sufrir una descompensación, lo que motivó que minutos después llegara la ambulancia del Hospital Zonal, siendo asistida por un médico y un enfermero, pero se negó rotundamente a ser trasladada al nosocomio.

En el lugar también se hizo presente un abogado del foro local, quien se identificó como Marcelo Fernández, el cual actuaba en nombre de un “cliente” que había ocupado una de las viviendas, en tanto recomendaba al resto de los ocupantes a abandonar la propiedad en caso de que alguna fuerza de seguridad procediera al desalojo definitivo.

En otro sector, una señora que solicitó no dar a conocer su nombre dijo que “para mí no es fácil estar en esta situación, se me cae la cara de vergüenza, pero no me queda otra. Tengo a mi nene de 13 años y todos tenemos muchos problemas para pagar el alquiler. El sábado nos vinieron a golpear y a mí me quedaron marcas y ni siquiera nos mostraron papeles con una orden de desalojo”.

Otra persona, un hombre joven, aseguró que “nosotros no nos conocíamos, ni tampoco hay una política de por medio; simplemente vinimos por la necesidad que tenemos de un hogar porque ganamos una miseria”.

UN DEMORADO

A todo esto la jefatura de la Seccional Cuarta de Policía confirmó que un joven fue demorado en calidad de contraventor cuando intentó ingresar alimentos a una de las viviendas ocupadas.

Ello se debe a que los uniformados que rodean el predio de 60 viviendas de Torraca tienen la orden de no impedir la salida de los ilegales, pero al mismo tiempo no permitir que nadie ingrese ni introduzca alimentos, colchones, frazadas o mobiliario.

Se sabe que en estos hechos está interviniendo el juzgado Instrucción N°1 que por la feria de verano se encuentra a cargo de la juez Silvia Silva y al cierre de esta edición no se tenía conocimiento de que hubiera emitido alguna orden de desalojo.

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