Nada pudo parar las máquinas que siguieron desmontando en la zona de Finca Cuchuy que ya voltearon más de cuatro mil de las seis mil hectáreas que se habían autorizado desde la Secretaría de Ambiente (tras una recategorización de las tierras), y que afectan directamente a las comunidades originarias que habitan en la zona. Las tierras se encuentran a unos 57 kilómetros al oeste de Ballivián en el departamento San Martín. Es una zona que tras ser recategorizada (pues se encontraba en amarillo y rojo, zonas donde está prohibido desmontar), se habilitó para el desmonte.

Uno de los integrantes de las comunidades, Jhonatan Félix, contó a Nuevo Diario que el fin de semana comenzaron las reuniones con indígenas y criollos que manifestaron la preocupación de la continuidad de los trabajos de unas 10 topadoras en el territorio. "Aprovecharon la época de las fiestas y desmontaron todo", dijo al sostener que el lugar donde se realizó el desmonte, es el mismo donde Greenpeace dispuso un campamento que generó denuncias cruzadas por la ocupación de las tierras. Incluso se había logrado una medida de no innovar a fin de que las máquinas no pasen por el lugar hasta resolver el reclamo de fondo de las comunidades para que no se desmonte. El reclamo no fue escuchado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia que finalmente autorizó que las topadoras pasen sobre una zona que se suponía, debía ser protegida de la deforestación. 

"Ya se tiró casi todo. No queremos que se siga volteando más", dijo Félix al indicar que ayer se preveían realizar reuniones para decidir los pasos a seguir en la zona. Y es que ven como única posibilidad, disponerse en el territorio para evitar que los trabajos continúen. Mientras, también se envió una nota al Defensor del Pueblo de la Nación para lograr que interceda en el conflicto.

Contó que hay puesteros que tienen "a 30 metros de su vivienda todo el monte volteado". La mayor de las preocupaciones es que tras estas acciones suele generarse el alambramiento de las tierras lo cual implica el encerramiento de las comunidades que viven en la zona, y que ven en ocasiones en peligro la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una ambulancia en caso de emergencias. 

Según se pudo saber desde Greenpeace, en tanto, las medidas judiciales que habían suspendido el desmonte no habían sido revocadas. Por lo cual hasta ayer no se conocía bajo cuál circunstancia es que el desmonte continuó.