Pese al conflicto, no hay política ambiental oficial para el río Uruguay.

Pese al conflicto, no hay política ambiental oficial para el río Uruguay.
Un informe publicado en el día de ayer por el matutino porteño Clarín, pone al descubierto una gran paradoja de la política argentina, ya que el río protagonista del más publicitado conflicto ambiental del país, es decir el Uruguay, el Gobierno Nacional jamás previó el control en las aguas de esta fabulosa y sensible vía hídrica.
Según el diario, “el gobierno argentino jamás trazó un plan nacional para preservar la calidad de las aguas del río Uruguay, y ni siquiera conoce cuáles son los agentes contaminantes que día a día las degradan a lo largo de toda su cuenca”.

Según el matutino porteño, una encumbrada investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que atendió a Clarín a cambio de mantener su nombre en reserva, desalentó la idea: "por desgracia, en el río Uruguay no hay estudios de base que permitan detectar los eventuales cambios que provoca la contaminación. Hablo de análisis geológicos, hidrometeorológicos, de caudales máximos y mínimos en distintas épocas del año y a través de varios años para tener un promedio histórico; estudios de sedimentos, de los ríos y arroyos afluentes, de los usos del suelo en las adyacencias. Sólo hay más información, aunque parcial e inconexa, en la parte baja del río".

Según Clarín, ni la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, ni el Instituto Nacional del Agua, ni la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tienen estudios "para determinar si hay contaminación en el río Uruguay" por "no ser de su competencia", ni tampoco "se han formulado políticas" al respecto, "ni existe plan ni diagnóstico" sobre la salud ambiental del río. La Prefectura Naval Argentina, que según la ley 18.398 "debe verificar el cumplimiento de las normas que prohíben la contaminación de aguas fluviales", primero negó tener datos sobre el río Uruguay, y ante la insistencia del matutino admitió que hace "los correspondientes relevamientos", pero "por el momento la información no está sistematizada de tal forma que pueda ser útil para dar a difusión". Qué lástima. Aunque suene increíble, la secretaría de Ambiente de Entre Ríos dice que "no poseemos datos sobre los estudios del estado del río Uruguay", ni sobre las explotaciones agropecuarias locales.

Según continúa el informe, varios de estos organismos oficiales descargaron su responsabilidad en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el ente binacional señalado por todos como dueño de algunos de los datos que se buscaban. Pero el secretario técnico de esa comisión se excusó de dar información "atento a las instrucciones recibidas por ambos gobiernos", y sugirió canalizar el pedido a través de la Cancillería.

Pasaron los meses, y la nueva solicitud de Clarín volvió a llegar hasta la CARU. Esta vez la respondió el presidente de la delegación argentina, el embajador Hernán Orduna. ¿Para brindar información? No, para negarla. "Se trata de temas de carácter reservado", dice el embajador, amparándose en la resolución 817/2006 del canciller Taiana. ¿Un detalle? Esa Comisión binacional sólo entiende en el tramo del río que comparten Argentina y Uruguay, unos 508 kilómetros, y ni siquiera tiene poder de policía para intervenir ante hechos de contaminación.

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