A pesar de los fallos judiciales, el Gobierno avanza con la aplicación de la Ley de Medios

La Autoridad Federal dictó sus primeras cuatro resoluciones, incluyendo un relevamiento de servicios y licencias de radiodifusión. Por la presentación de un diputado K, la suspensión de la norma se demorará un mes.
A pesar de los fallos judiciales que ordenaron suspender su aplicación en algunos artículos y en total, el Gobierno avanza con la aplicación de la nueva Ley de Medios. La Autoridad Federal dictó sus primeras cuatro resoluciones, publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Así, dispuso el relevamiento de los servicios operativos de radiodifusión sonora, y de licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios; como así también el ordenamiento de los servicios de televisión de baja potencia y la reglamentación del registro de señales.

Las cuatro resoluciones, dictadas el 29 de diciembre y publicadas en la edición de hoy del Boletín Oficial, llevan la firma del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, quien en los últimos días tomó decisiones a su vez como titular del COMFER.

La diputada del GEN Margarita Stolbizer había denunciado que esta situación es de "falta de transparencia y falta de convicción democrática sobre cómo tiene que manejarse la autoridad de aplicación de la norma". El COMFER, por ejemplo, otorgó más de 100 licencias de radio durante los últimos diez días.

La polémica Ley de Medios tiene ya cuatro fallos en contra, aunque sólo uno la suspende en forma total. Sin embargo, el diputado kirchnerista Jorge Alvaro logró el 30 de diciembre que se postergue hasta febrero la notificación al Gobierno de ese fallo, de la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal, por lo que al no ser notificado, el Gobierno puede actuar como si el fallo no existiera.

"Están funcionando en simultáneo la nueva ley de medios y la vieja Ley de Radiodifusión, con los organismos de aplicación de ambas leyes, como son la nueva Autoridad Federal y el viejo COMFER, lo cual es un desquicio", sostuvo sobre la situación el profesor de Derecho Constitucional de la UBA, Andrés Gil Domínguez.

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