Los rectores de las universidades públicas nacionales quieren evitar que la distribución de los fondos adicionales que anunció el Gobierno para compensar los mayores gastos se convierta en una herramienta de "castigo" para las casas de estudios que se mostraron cercanos al kirchnerismo durante los últimos años y de "recompensa" para las que tienen sintonía con la gestión actual. Por eso, ayer, consensuaron un esquema de distribución para la partida de $500 millones, luego de que los rectores advirtieron que estaban jaqueados por los aumentos de luz de hasta un 800%.

La propuesta sugiere que $400 millones sean repartidos según el coeficiente que se usa para elaborar la propuesta presupuestaria que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le envía al Ministerio de Educación y sobre la que se arma el proyecto que luego se envía al Congreso. Mientras que propone apartar $ 100 millones para distribuir entre universidades con menos de 10 años de creación.El acuerdo entre los rectores del bloque radical, de 16 integrantes, y los de afiliación peronista, conformado por 38, fue sellado en una sesión del Comité Ejecutivo del CIN.

Sin embargo, el trabajo grueso se hizo el lunes pasado, cuando los secretarios de Hacienda de las 53 universidades acercaron posiciones para lograr un mecanismo que permita acelerar la distribución de la partida prometida por el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich.

Las diferencias entre rectores parten del análisis de la distribución presupuestaria de los últimos años. Los radicales afirman que el reparto fue discrecional y exponen el crecimiento presupuestario "irracional" de universidades cercanas al kirchnerismo, como la de José C. Paz, que en cuatro años multiplicó por siete su presupuesto. Los peronistas argumentan que esa lógica está vinculada a que las nuevas instituciones se encuentran en expansión y señalan como "discrecional" el hecho de que ahora el ministerio adeude gastos de funcionamiento de enero, febrero y marzo a universidades críticas del oficialismo, como las de San Martín, José C. Paz, Hurlingham, Florencio Varela y Avellaneda.

"Queremos volver a una modalidad de racionalidad presupuestaria", señaló Guillermo Tamarit, presidente del CIN y rector de la Universidad del Noroeste, que en los últimos cuatro años registró un crecimiento presupuestario del 117%, 20 puntos porcentuales por debajo de la expansión del presupuesto total para las universidades. "No exige idéntico requerimiento presupuestario una universidad que nació hace seis años que otra que tiene sus carreras consolidadas. Pero lo interesantes es que se acordó elevar un modelo de distribución equitativo", señaló el rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Calzoni, que remarcó que a la institución le deben $ 1,5 millones de gastos de funcionamiento de los primeros tres meses del año.

Desde el ministerio adelantaron que considerarán la propuesta del CIN. "Vamos a tomar en cuenta lo que propongan, pero no va a ser el único criterio. Lo vamos a cruzar con la información enviada por cada universidad y así construir la mejor alternativa", señaló Danya Tavela, subsecretaria de Políticas Universitarias y aclaró que de ser necesaria un nuevo refuerzo se volverán a reunir con los rectores en agosto o septiembre. Si bien la propuesta aprobada por el CIN tuvo un amplio consenso, no dejó conformes a todos. La UBA, desde donde se empezó a visibilizar las necesidades presupuestarias de las universidades, pretendía una distribución proporcional a la suba de tarifas e insistían en que requieren de $150 millones para compensar el aumento de tarifas. Ante esto, desde el ministerio rápidamente afirmaron que "tendrá los fondos necesarios".

Los ejes de la discusión

El Ministerio de Educación prometió el envío de $ 500 millones. La partida se definió luego de que los rectores de las universidades del país advirtieron que, con el actual presupuesto, no iban a poder hacer frente a los aumentos de las tarifas de servicios.

Ayer, los rectores acordaron que, de la partida, $ 400 millones se repartan según el coeficiente que se usa para elaborar la propuesta presupuestaria que el Consejo Interuniversitario Nacional le envía al Ministerio y sobre la que se arma el proyecto que luego va al Congreso. El resto irá para las universidades con menos de 10 años de antigüedad.