Esa preocupación por la seguridad de la localidad fue respaldada por datos del CESVI Argentina, organismo que reflejó una suba del 7,2 por ciento en los robos de autos en comparación con el primer semestre del 2012.

En el marco de los continuos hechos delictivos que se suscitan en la zona norte del conurbano bonaerense, la concejal por el partido justicialista de Vicente López, Graciela Aleñá, denunció hoy la falta de respuesta por parte del actual gobierno municipal a cargo del intendente Jorge Macri. El 12 de septiembre pasado el diario Ámbito Financiero reveló que es desparejo el uso de las cámaras en el conurbano, asegurando que en Vicente López hay un total de 415 cámaras hasta la actualidad y prevén expandirse a 450 para fin de año. Sin embargo fuentes del municipio afirman que en el municipio sólo hay 300 cámaras, de las cuales la mitad no funciona, y, a su vez, debido al software que utilizan, el sistema del centro de monitoreo sólo acepta hasta 300.

“Somos varios los que vemos un marcado abandono e incapacidad de gestión, en algo que es de enorme importancia desde la faz preventiva y que de otra manera se convierte solo en un objeto sofisticado de relativo peso”, sostuvo la concejal al exteriorizar críticas por el mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia de la localidad, y agregó que “a pesar de ser representante de los vecinos 5 de agosto me negaron el ingreso al centro de monitoreo, me quedó muy en claro que algo escondían, y eso era que funcionaban menos de la mitad de las cámaras que dicen”.

Según estadísticas de CESVI Argentina, - el índice de mayor credibilidad sobre inseguridad ya que el damnificado, por motivos legales, está obligado a hacer la denuncia - el robo automotor en Vicente López, aumentó un 7,2% en comparación del primer semestre del año pasado.

Este dato demuestra que “más allá de la cantidad de cámaras que estén en funcionamiento sabemos que hay varias que no están en las condiciones que corresponde para una herramienta de esta importancia”, insistió la edil. Tiempo atrás, el fiscal Eduardo Gabriel Rodríguez fue trasladado a Pilar por pedido de fiscal general de San Isidro, Julio Alberto Novo en represalia por poner en evidencia los graves problemas de seguridad y el aumento del robo automotor en el corredor norte del Gran Buenos Aires, que es la base de sustentación de la candidatura de Massa y coincide con la jurisdicción de la Fiscalía General de San Isidro en el ministerio público provincial.

Amalgamando iniciativas en políticas de seguridad, la concejal presentó un proyecto de ordenanza para la creación del Consejo de Seguridad, en donde articularán su labor el Municipio, concejales, la Iglesia, empresarios, vecinos, foros de seguridad y varios actores más. Asimismo, en el año 2011 presentó en el cuerpo legislativo varios proyectos, como solicitar la creación de la comisión de seguridad para interactuar con la Policía de la provincia de Buenos Aires, o implementar el cupo de horas Co.Re.S a esta fuerza, además de ser la primera propulsora de la instalación de botones anti pánico, hoy una de las cartas más fuertes que se atribuye para la campaña política la gestión encabezada por Jorge Macri.