Un presidente se reunió con su sucesor y le indicó que en la caja fuerte le dejaba dos cartas para momentos de crisis. Solo podía abrirlas en momentos de crisis extrema. Al tiempo de asumir, comenzó la crisis y el nuevo presidente abrió la carta decía: “Écheme la culpa a mí”.

Al tiempo, la crisis siguió vigente y cada vez los conflictos eran más graves. El presidente abrió el segundo sobre que decía: “Ya no me puede echar la culpa a mí, hágase cargo de sus propios errores e intente corregirlos por el bien de todos”.

El escándalo de la venta de registros de conducir puso luz sobre un secreto a voces que se vivía en nuestra ciudad. No es algo nuevo que prácticas espurias o los famosos “facilitadores” hagan negocio por detrás de los canales habituales. Puede ser para sacar un registro o para “adelantar” algún trámite que, producto de la burocracia generada por situaciones fortuitas o con la intencionalidad de que se generen canales “alternativos”, favorezcan negocios oscuros.

Lo cierto y concreto es que la denuncia que derivó en el allanamiento y la orden de detención para 25 personas (18 de ellas, empleados municipales) es un paso adelante en un hecho que era conocido por todos, pero que hasta ahora nadie se había puesto los pantalones largos. El principal implicado es Juan Carlos Belmonte, quien tiene su propia historia dentro del Municipio. Bastante más larga por cierto que la actual gestión. Algunos se remontan a la época de Ángel Roig. Otros hablan, incluso, de su llegada en el Gobierno militar. No hace falta ahondar en precisiones para graficar que no importa cuál ha sido el color político del Gobierno: “Canito” –así le dicen– se supo acomodar a las circunstancias.

El actual intendente Gustavo Pulti, desde su asunción, siempre habló de una pesada herencia recibida del Gobierno radical en cuanto a deudas y problemas fuertes de gestión y de administración. Quienes conocemos cómo ha funcionado el municipio desde la recuperación democrática a esta parte, recordamos varios casos de corrupción de las gestiones radicales y de cómo el municipio ha sido el reducto donde el centenario partido se ha refugiado en la ciudad, lo que produjo que desde 1989 las desventuras electorales sean muchas.

Hoy, con Belmonte caído en desgracia, el “muerto” vuela de un lado a otro. Acción Marplatense aclara una y otra vez que no es un funcionario político nombrado por Pulti.

La UCR recuerda que por decreto el intendente en 2008 lo nombró en el cargo de jefe de área de licencias de conducir luego de haber sido sumariado y separado del cargo. “Puso al zorro a cuidar a las gallinas”, dicen. El oficialismo retruca: eso ocurrió porque cuando se inició esa investigación, en 2004, pleno gobierno de Daniel Katz, nadie aportó pruebas para que el sumario desembocara en una condena penal y, por ende, en la expulsión de la administración pública, cosa cierta y sospechosa: si el radicalismo sabía de todo esto por qué no pruebas para poder condenar a este individuo.

Tránsito siempre fue un área conflictiva para la gestión de Pulti. Juan José Arteaga, excomisario de la Bonaerense, fue su primer director. Duró apenas 57 días y presentó la renuncia por peleas con el propio intendente. Su reemplazante, Víctor Bengolea, también capitán de la Policía, tampoco duró demasiado: dejó pasar a un amigo un control de alcoholemia y el Gobierno lo echó.

Pulti y Arteaga se “amigaron” y el comisario retirado volvió a la función pública. Esta vez duró un poco más, pero siempre con quejas subterráneas por la falta de apoyo y elementos para poder trabajar como quería. La tensión con el jefe comunal regresó y Arteaga se despidió de nuevo. El intendente apostó, nuevamente, a un hombre de la policía, Rubén Mansilla. Su gestión pasó con más pena que gloria y ante una nueva decepción en Acción Marplatense decidieron darle una de las áreas más conflictivas a una persona de su riñón: Claudia Rodríguez.

La excampeona mundial de patín duró casi tres años hasta que los cambios vinieron acompañados de modificaciones estructurales. Ya no se llama más Transporte y Tránsito: ahora es Movilidad Urbana. Y fue Guillermo Iglesias, segundo de Rodríguez, el que quedó a cargo del barco.

Las preguntas que surgen de este caso son muchas:

- Si Vilma Baragola y todos los concejales sabían tanto de Canito, ¿por qué no fueron a la justicia?

- ¿Por qué el intendente tardó 6 años en acomodar esta situación?

- ¿Se llegará a una condena efectiva y se encontrará a todos los culpables?

- ¿Es tan débil el poder político para quedar preso de las mafias enquistadas en la administración?

Por el bien de nuestra ciudad, esperemos que éste sea el comienzo de una depuración de las mafias que se convierten en el poder permanente, que no son votadas por nadie y se mantienen vivas con los poderes de turno.

Solo así podremos creer en nuestros representantes. Basta de dirigentes que solo denuncian cuando le pueden hacer daño a su adversario, pero cuando la corrupción los “favorece” miran para otro lado.

La casa no está tan en orden y felices pascuas.