Persecuciones y discriminación figuran entre las denuncias ante legisladores

Los presidentes de las comisiones de Derechos y Garantías aseguraron

que, de las presentaciones recibidas, muchas tienen que ver con el factor pobreza.

Persecuciones políticas y denuncias por discriminación son algunas de las denuncias más fuertes que manejaron las comisiones de Derechos y Garantías de las cámaras legislativas provinciales durante el año.

Pero además, según destacaron algunos legisladores, los problemas que han recibido durante el 2008, también tienen que ver con fallas en organismos públicos y con otros que rozan muy de cerca la pobreza.

En total, entre ambas comisiones, se trataron más de 500 expedientes por denuncias de distinta índole, algunas que tuvieron gran repercusión pública y otras menores, pero todas ellas importantes, destacaron los legisladores provinciales.

comisiones. Tanto Diputados como el Senado tienen sus propias comisiones de Derechos y Garantías. A diferencia de otras, estas comisiones no están entre las más solicitadas por los partidos luego de cada elección, debido a que no tienen igual relevancia política que otras, como la Comisión de Hacienda, por ejemplo.

La prueba está en que la presidencia de la comisión formada en la Cámara Baja está en poder de Ricardo Puga (PIM), que es único legislador de ese partido. En tanto, que en la Cámara de Senadores, su titular es Cristina Herades, integrante del cobismo. Además de ellos, hay integrantes del resto de las bancadas.

Las comisiones se encargan de recibir las denuncias presentadas por organismos o particulares que, en muchos casos, afectan directamente a organismos provinciales, ya que los denunciantes consideran que han sido afectados sus derechos constitucionales.

Según el diputado del Confe, Luis Petri, las denuncias que se reciben en las comisiones son de múltiples tipos y tienen que ver con violaciones a las garantías y a los derechos constitucionales de las personas, que, luego de transitar por los organismos competentes y no recibir respuesta satisfactoria, terminan desembarcando en algunas de las comisiones, en muchos casos para denunciar a funcionarios públicos.

números. Tanto Herades como Puga muestran orgullosos los números de sus respectivas comisiones. Por un lado, el dirigente de Proyecto Independiente Mendoza (PIM) aseguró que en el 2008 se pudieron trabajar todos los expedientes que se hallaban en poder de la comisión y los que ingresaron durante el año.

En ese sentido, según los números del informe elevado por Puga a la presidencia de la Cámara Baja, en los primeros seis meses del año se trataron 61 proyectos de ley y se analizaron y se enviaron al archivo un total de 107 denuncias, entre ellas, algunas relacionadas a las cooperativas de empaques de ajos, conflictos por paro de colectivos y del sector vitivinícola, entre otras.

En tanto que en los últimos seis meses se trataron en general 27 proyectos, se abordaron y archivaron 229 denuncias y se tramitaron otras 115 presentaciones hechas por personas que se habían acercado a la comisión.

Según Puga, esta es la primera vez en 15 años de funcionamiento que la comisión cierra el año sin casos que revisar. Explicó que “lo grave es que muchas denuncias tuvieron que mandarse a archivo, porque algunas eran de hace cuatro años y no tenía sentido trabajar sobre ellas”.

Desde la Cámara de Senadores, la Comisión de Derechos y Garantías que preside Herades trató 214 expedientes formados por denuncias, de los cuales, hay 84 que continúan en trámite.

Según los números mostrados por esta comisión, 68 por ciento de los expedientes fueron resueltos, mientras que 32 por ciento tuvieron como destino el archivo “por falta de interés” de los denunciantes.

Tanto Puga como Herades destacaron la respuesta y colaboración de los distintos organismos ante la tarea hecha por las comisiones, ya sea a la hora de requerir informes como al momento de hacerse presentes en los lugares denunciados.

persecución política. Uno de los problemas que trae cada cambio de gobierno, a nivel municipal como a nivel provincial, son los distintos cambios que ocurren en las dependencias públicas. Esto se notó en ambas comisiones.

Según Petri, ante los diputados provinciales se presentaron empleados públicos que denunciaron a sus superiores por persecución.

Entre ellos, nombró dos casos, uno ocurrido en General Alvear y otro perteneciente a la Dirección de Ancianidad.

En Senadores la situación no es diferente, según explicó Herades. Para la senadora, uno de los puntos que se relacionan con estas persecuciones es que en muchos casos se somete a este trato a gente pobre y, por lo tanto, con menores recursos para defenderse.

En el caso de la Cámara Alta, Herades explicó que se han encontrado con casos de personas que se desempeñaban como celadores a las que se las quería echar de sus trabajos por haber ingresado bajo la gestión del Gobierno anterior, sin importar si se desempeñaban correctamente o no en sus funciones diarias.

discriminación. Otro tema que suele ser recurrente en las comisiones es el de la discriminación.

Este punto se relaciona, por un lado, por lo dicho por Herades, con la pobreza, a la que, como explicó, el Gobierno busca ocultar.

Pero también afecta de lleno a algunos organismos oficiales, sobresaliendo el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial.

Según afirmó Puga, la comisión que preside recibió este año varias denuncias de mujeres policías que aseguraban ser discriminadas en sus tareas diarias por los superiores, haciendo de esa forma que siga en vigencia aquello de que las fuerzas policiales son machistas.

Asimismo, Petri aseguró recordar uno de estos casos y afirmó que uno de los hechos denunciados se trataba de una mujer que aseguró que la discriminaban debido a su estatura.

Estos hechos, según Puga, fueron puestos a consideración de la Inspección General de Seguridad y de la Justicia provincial.

Por otro lado, Puga y Petri también relataron el caso de una persona que se presentó ante la Comisión por una denuncia en contra del Poder Judicial.

Según explicó Petri, pretendía ingresar a trabajar a Tribunales haciendo uso del cupo de discapacitados, ya que es hipoacúsico. Sin embargo, a la hora de realizar los trámites correspondientes, se le comenzaron a colocar trabas y cuando terminó de resolver todo, le contestaron que no podía trabajar en el lugar ya que superaba el límite de edad fijado para ingresar.

Ante esto, el hombre recurrió a la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados. Actualmente, según Puga, está a punto de ser incorporado por el Poder Judicial tras la intervención del organismo legislativo.

En este caso, tanto Puga como Petri, especificaron que otro organismo que tuvo que intervenir para que se llegara a una solución en este caso, fue el Inadi, que mediante una carta muy dura se expidió sobre la situación.

de resonancia pública. Algunos de los casos en los que han intervenido las Comisiones de Derechos y Garantías tuvieron gran repercusión pública y llevaron a enfrentar a sus miembros con otros poderes o ministerios e, incluso, municipios, principalmente el conducido por el radical Víctor Fayad.

En el caso del Gobierno, dos han sido los ministerios que fueron objeto de las críticas y labores hechas por las comisiones: Salud y Seguridad.

En el caso de este último, la comisión conducida por Puga tuvo más de un enfrentamiento con el demócrata Juan Carlos Aguinaga cuando este manejaba la cartera que hoy es conducida por Carlos Ciurca.

El caso Carlos Rico, funcionario de Aguinaga, fue el detonante de las denuncias, algo que se vio agravado cuando a fines de marzo cuatro turistas chilenos fueron agredidos por miembros de la policía provincial, quienes, en una primera versión, aseguraron que desde el vehículo en el que viajaban los ciudadanos trasandinos se les atacó con disparos y que ellos sólo habían respondido.

Sin embargo, con el pasar de los días, la versión de los uniformados fue perdiendo fuerza, al punto tal que varios policías fueron imputados por el caso, mientras que la situación derivó en una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que también intervinieron, además de la comisión legislativa de Mendoza, su par del Gobierno nacional chileno y el cónsul de ese país.

El hecho provocó que los miembros de la comisión pidieran la renuncia del subsecretario de Seguridad, Carlos Rico, y de los miembros de la fuerza que habían participado en el hecho.

Si bien este pedido no fue escuchado en su momento, Rico terminaría dejando el ministerio unas semanas después, cuando Aguinaga decidió pegar el portazo y dejar el gobierno de Celso Jaque.

salud. Según explicó Puga, desde el Ministerio de Salud nunca interpusieron obstáculos cuando los miembros de la comisión se trasladaron a algunos nosocomios con el fin de verificar denuncias.

No obstante, esa predisposición no significa que esas inspecciones hayan salido de la manera que el ministro de Salud, Sergio Saracco, haya esperado.

Por un lado, una de las visitas realizadas a principio de año al Hospital Central derivó en un pedido de emergencia por la infraestructura hospitalaria.

En esa inspección, realizada en marzo, los diputados que integran la comisión dieron cuenta de que en ese momento funcionaban sólo 2 de los 12 ascensores del hospital, que, de cinco compresores, que se utilizan para refrigerar la morgue, tan sólo funcionaba uno y que lo mismo ocurría con las bombas de agua, en las que sólo una de las cuatro que se hallaban en el lugar operaba.

Esa emergencia hospitalaria, según Puga, sigue siendo necesaria tanto en el Central como en el Schestakow de San Rafael, en el que había un tablero electrónico que, para evitar que se calentara, se lo enfriaba con un ventilador.

denuncia por desfalco. El Ministerio de Salud siguió en la mira de la Comisión de Derechos y Garantías, luego de que el mismo Saracco denunciara en febrero una estafa millonaria y procediera a la suspensión de algunos empleados del Hospital Central.

Esta denuncia, que es investigada por la Justicia, tuvo su variante luego de que uno de los empleados suspendidos se acercara a la comisión.

Según explicó Petri, el problema radicaba en que ningún empleado público puede ser suspendido por más de 90 días, pero cuando a la persona denunciada se le estaba por cumplir el plazo, el Ministerio de Salud la volvió a suspender. Esto se repitió y la Comisión de Derechos y Garantías tuvo que intervenir para que pudiera volver a trabajar.

versus capital. Blanco predilecto de la comisión, junto con los ministerios mencionados, ha sido el municipio de Capital.

Dos casos fueron los que motivaron reuniones y resoluciones en conflictos desatados tras decisiones de Víctor Fayad.

Por un lado, el caso de los ambulantes que intentaron ser desalojados a través del uso de las fuerzas policiales, en tanto que el otro caso, que aún no se resuelve, es la posible venta del Teatro Mendoza, que resultó en el reclamo de cientos de artistas mendocinos y en peleas dentro del Concejo Deliberante capitalino que incluyeron insultos y hasta denuncias del Inadi contra un concejal que responde a Fayad.

En ambos casos, la comisión se ha expedido a favor de los denunciantes y en contra del municipio.

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