Una persecución contra todos los medios

Por Adrián Ventura

Si alguien guardaba todavía alguna duda acerca de que la ley de medios que impulsa el gobierno nacional tiene el nada loable objetivo de controlar el flujo de la información, el propio oficialismo se ocupó de suministrar la prueba más categórica de sus intenciones: ahora también pretende controlar a los diarios, maniatando así a todos los canales de información independientes.

El Poder Ejecutivo no se conforma con haber impulsado la ley de medios, que establece cláusulas inconstitucionales con el sólo objetivo de desarticular a todos los grupos empresarios, desde el Grupo Clarín hasta sus más antagónicos competidores. Esa maniobra tiene un objetivo económico, obligar a los grupos a malvender sus empresas, pero también intenta sojuzgar las voces críticas.

Ahora, esto resulta evidente con la nueva maniobra contra los diarios, una de las acciones más concretas para controlar a la prensa escrita: acotar el acceso al papel. Estamos a punto de retroceder casi 60 años, volviendo a sufrir prácticas autoritarias que se creían desterradas en el siglo XXI.

No deja de haber una notable hipocresía en una maniobra ejecutada a dos puntas: la reunión en la que Moreno anunció ante otros funcionarios estatales que tenía un plan de apriete contra Papel Prensa ocurrió el 14 de septiembre, el mismo día que la presidenta Cristina Kirchner, en una conferencia de prensa, anunciaba ante las cámaras de televisión que el Gobierno había decidido prohibir el desembarco de las telefónicas en el mercado de medios.

El anuncio oficial sobre las telefónicas buscaba aventar los temores que habían mostrado varios diputados, ante el inminente desembarco de esas empresas. Pero, a pocos metros del despacho presidencial, Moreno urdía otra maniobra tan grave como aquella.

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Llama la atención que estas batallas del Gobierno contra los medios y sus respuestas no hayan recibido por parte de muchos políticos y ciudadanos la atención que merecen las grandes causas, donde lo que está en juego no es sólo el interés de unos pocos, sino la libertad de todos. La ausencia de algunas voces políticas, por lo menos, debilitó el debate y adelgazó a la democracia.

A esta altura, hay que preguntarse si el gobierno kirchnerista, ante la anemia de la oposición, no está desplegando un ataque sistemático contra los medios similar al que denunciaron haber sufrido en Venezuela el canal RCTV y la cadena Globovisión.

Desde el punto de vista jurídico, la Convención Interamericana de Derechos Humanos califica a este tipo de hechos como restricciones indirectas, virtualmente equiparables a la censura, por sus similares efectos. Pero, si se mira todos los hechos en contexto y en conjunto, podría hablarse de una persecución.

Papel Prensa es una empresa de la que son accionistas el Estado y dos diarios, pero que provee de papel a la mayoría de periódicos del país que quieren ser sus clientes. Además, sus documentos y balances fueron aprobados por el Estado y están depositados en la Comisión Nacional de Valores. En la Argentina, la seguridad jurídica naufragó en un abismo autoritario.

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