El Gobierno consiguió este miércoles darle media sanción al proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la sala de tres años, aunque a último momento tuvo que ceder ante el peronismo y comprometerse a acordar con las provincias la financiación de los gastos corriente que demanda la inclusión de unos 400.000 chicos en el nivel inicial.

El proyecto fue largamente promocionado por Mauricio Macri y Esteban Bullrich -junto al de la construcción de 3.000 jardines- pero el texto enviado al Congreso no incluía mención específica al financiamiento de los gastos corrientes, con lo que las provincias debían hacerse cargo.

Aún cuando el dictamen de mayoría tuvo respaldo de otros bloques, no se incluyó una mención específica sobre el financiamiento y esto fue motivo de quejas de la mayoría de los diputados de la oposición que hicieron uso de la palabra. 

Al final, con Bullrich presenciando el debate en el recinto, el oficialismo aceptó el pedido para que en el texto de la ley quede especificado que Nación y las provincias deberán acordar sobre la financiación de los gastos corrientes. 

"El proyecto original del Poder Ejecutivo no preveía la responsabilidad del Gobierno Nacional con relación a dicho financiamiento, por lo que las provincias debían soportar el gasto total", señalaron los diputados nacionales del bloque Justicialista.

El pampeano Sergio Ziliotto planteó que "mientras que el esfuerzo de las provincias pretendido por el gobierno nacional hubiera sido de 9 mil millones de pesos por año con carácter de gasto corriente, el Gobierno Nacional solo pretendía aportar, por única vez, 5.600 millones de pesos para construir la infraestructura necesaria".

Fue Ziliotto quien propuso en el debate en particular incluir el agregado que obliga a Nación a acordar con las provincias "el financiamiento de los gastos corrientes que genere" la implementación de la obligatoriedad de la sala de tres años.

Antes el pampeano le había recordado a Macri que cuando traspasó funciones a la Ciudad lo hizo con los fondos. "En la implementación de otro servicio público vemos una situación totalmente distinta a la que estamos considerando. A través de un decreto, el presidente trasfirió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 17 mil millones de pesos a cambio de la trasferencia del servicio de la Policía Federal. Esto no lo pueden decir porque estarían violando la ley de coparticipación federal", cuestionó.

Esto fue aceptado por la mayoría de los bloques de la oposición, incluido el kirchnerismo que había firmado su propio dictamen con hincapié en la falta de financiamiento nacional en el texto del Ejecutivo. "Nuestra objeción central a este proyecto era la falta de financiamiento. Hubo una intensa discusión, y así como queda redactado también vamos a acompañar", aceptó Axel Kicillof.

Por su parte, el puntano Luis Lusquiños expuso lo insólito del proyecto original del gobierno poniéndole números al problema que le generaría a María Eugenia Vidal, la principal aliada de Macri. "¿Saben cuántos docentes hay que nombrar? Hay que designar 27.982 docentes, de los cuales, por supuesto, más de 10.000 son de la provincia de Buenos Aires. ¿Me quieren decir cómo va a hacer la provincia de Buenos Aires, que no puede pagar los sueldos, para abonar 10.000 sueldos más?", preguntó.

"Yo creo que una cosa es la voluntad del legislador y otra cosa es el voluntarismo. Esto va a implicar que entre los años 2017 y 2019 exista una inversión de 40.000 millones de pesos. Se supone que la Nación guiña el ojo como diciendo 'los voy a poner yo', pero todos sabemos que no va a poner nada", completó Lusquiños, integrante del bloque que responde a los Rodríguez Saá y uno de los pocos que rechazó el proyecto.