Impulsado por el bloque del FpV-PJ en la Cámara de Diputados provincial, el peronismo elevó un pedido de informe al poder Ejecutivo para que responda si tiene conocimiento de teléfonos intervenidos de legisladores, ex legisladores, intendentes, ex intendentes, otros funcionarios y referentes sociales. No sería únicamente los teléfonos de dirigentes de la oposición, ya que legisladores del oficialismo también tendrían sus líneas intervenidas. Sin embargo el proyecto no dio con su objetivo de ser tratado sobre tablas en la sesión de este jueves. Y hasta hubo malestar con algunos promotores del pedido. 

El legislador que trabajó para intentar que el proyecto sea tratado sobre tablas fue el diputado marplatense, Rodolfo “Manino” Iriart, del bloque del Frente para la Victoria-PJ. La iniciativa llevó también la firma de casi todos sus compañeros de bloque y los diputados del bloque kirchnerista Marcelo Torres,  Gabriel Godoy, Marisol Merquel, Juan Manuel Cheppi, Karina Nazabal y César Valicenti; además del acompañamiento de Gustavo Di Marzio, del bloque Peronismo para la Victoria.

En la previa a la sesión, el bloque FpV-PJ intentó ingresar el proyecto en el sobre tablas del día pero no consiguió el acompañamiento pleno del resto de los bloques para su aprobación. Necesitaba los dos tercios de los votos para su aprobación.

El Frente Renovador estaba de acuerdo en acompañar el proyecto si a cambio se hacía una denuncia formal en sede judicial y no se trataba solo de un trámite legislativo. El oficialismo por su parte buscó bajarle el volumen a la norma. 

En concreto lo que se acordó para no votar el proyecto fue realizar una reunión de entre los distintos presidentes de bloque para ver cómo continuaban con el tratamiento de una iniciativa que algunos consideran “un tema sensible”. 

En el fundamento, Iriart sostiene que “preocupa la imposibilidad de generar comunicaciones, completas y claras desde la telefonía móvil propiedad de los legisladores, quedando llamados inconclusas o plagadas de irregularidades de conexión que abonan la sospecha de intervención ilegal de las líneas en cuestión imposible de dilucidar desde el escaño detentado”.

No es la primera vez que el legislador –el último sciolista que queda en Diputados- intenta poner en cuestión el área de seguridad provincial. El diputado fue el mismo que antes del receso invernal buscó convocar al ministroCristian Ritondo. Quería que el funcionario responda por las acusaciones de la diputada nacional Elisa Carrió contra el jefe de la policía bonaerense, Pablo Bressi. Carrió había vinculado al jefe de la fuerza de mantener vínculos con una banda de narcotraficantes con asiento en San Martín. Ese proyecto, también ingresado en el sobre tablas meses atrás, no tuvo éxito a la hora de su sanción.