El intendente, además, mostró preocupación por los próximos aumentos que se anuncian para el servicio de gas, agua, transporte, medicina prepaga, telefonía móvil y colegios privados

Tras el temporal que afectó a veinticinco municipios de la Provincia, y dejo alrededor de 120 mil usuarios sin energía eléctrica, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk volvió a criticar el aumento del servicio eléctrico y lo calificó como “otro golpe certero al bolsillo de los argentinos”.

Sujarchuk, que junto a otros intendentes peronistas integra el Grupo Fénix, se sumó a las críticas de otros jefes comunales y consideró que este tipo de aumentos “no solo afecta la calidad de vida y el poder adquisitivo de la gente, sino que también profundiza el proceso de estancamiento que sufren los sectores productivos y la economía en general, ya que al encarecerse los gastos en la distribución y en los insumos, se empuja a nuevos aumentos de precios en el resto de los productos y servicios”.

Además, el jefe comunal de Escobar recordó que el índice inflacionario de 2016 “fue el más alto de los últimos 25 años” y destacó la doble vara con la que el Gobierno nacional mide a las empresas: “En Escobar hay constantes cortes de luz cada vez que se produce una tormenta, y estoy al tanto de que la situación se repite en otros distritos de esta región” y aseguró que en su municipio, “hay que exigirle permanentemente a Edenor que renueve los postes de luz o haga podas correctivas para evitar accidentes. En definitiva observamos una llamativa puntualidad del Gobierno para recomponer la rentabilidad de las empresas, que no es igual de rigurosa a la hora de ejercer los controles”.

El intendente, además, mostró preocupación por los próximos aumentos que se anuncian para el servicio de gas, agua, transporte, medicina prepaga, telefonía móvil y colegios privados: “La decisión del Gobierno de no regular los precios de los servicios, o lo que es peor, habilitar un marco legal para que las empresas prestadoras apliquen aumentos abusivos, es un capítulo más de esta política de ausencia del Estado, que renuncia a su función primaria de proteger los derechos de los trabajadores y, sobre todo, de aquellos sectores de la población en situación de vulnerabilidad”.