El peronismo se ajustará a lo que resuelva el Superior Tribunal sobre el acuerdo con los chinos

En un tono más diplomático y sin hacer un análisis profundo sobre el mismo, el Congreso del Partido Justicialista votó por unanimidad un pronunciamiento sobre el convenio chino que habla de exigir lo que el Superior Tribunal de Justicia resuelva sobre el planteo de inconstitucionalidad de la ley aprobada por la Legislatura. Un grupo de congresales planteó que se pida a la AFIP investigue si el dinero que proviene de ese negocio no es «una presunta maniobra de lavado de dinero».
RIO GRANDE.- El peronismo se ajustará a lo que resuelva el Superior Tribunal de Justicia, «solicitando al Gobierno su estricto cumplimiento», respecto a la constitucionalidad o no de la Ley 744, mediante la cual se autorizó al Gobierno del ARI a concretar la venta de gas a una empresa de capitales chinos, para la producción de metanol en una petroquímica que se instalará en la zona norte.

Esta fue la posición volcada en el extenso documento político que fue elaborado por una comisión de congresales y el cual fue aprobado por unanimidad en el Congreso Provincial realizado ayer, que contó con la presencia de 52 integrantes, sobre los 60 que lo conforman.

Mucha expectativa existía en torno al pronunciamiento sobre este tema, sobre todo porque la decisión de los congresales contrasta profundamente con la posición que adoptaron autoridades del Consejo Provincial, quienes expresaron su total rechazo al convenio por considerar que resulta lesivo al patrimonio futuro de los recursos naturales de la provincia.

En el documento que emitió el cuerpo colegiado, la postura es mucho más «diplomática» y no se detiene a hacer un análisis profundo del convenio, sino que en dos párrafos habla de no estar de acuerdo con la «desprolijidad y falta de normas legales» con que se llevó adelante la contratación, recordando que las mismas «fueron observadas por los organismos de control».

Pedido ante la AFIP

El planteo más severo que surgió sobre el acuerdo chino fue volcado en una nota que fue propuesta por un grupo de congresales, de manera que el Partido Justicialista solicite a la Administración Federal de Ingresos Públicos si el negocio entre el Gobierno y la empresa Tierra del Fuego Energía & Química, no es un presunto «lavado de dinero».

Las autoridades del Congreso dieron ingreso a la mencionada nota, pero no se definió los pasos que se van a seguir, considerando que será tratado en un nuevo Congreso que ha sido pautado para el año que viene.

La nota de estilo que fue propuesta, pide a la AFIP un análisis «sobre el origen de los fondos ingresados y por ingresar desde el exterior a nuestra provincia, con motivo del convenio celebrado por la provincia de Tierra del Fuego, ratificado por Ley 744».

El pedido se basa que el PJ, como partido político, tiene la responsabilidad de «controlar posibles perjuicios al Estado Provincial, ante inversiones de dudoso origen, y a los efectos de transparentar y colaborar con organismos nacionales, leyes y convenios ratificados por nuestro país».

Agrega la nota que la intervención de la AFIP se solicita ante la «posibilidad de estar ante un posible caso de lavado de dinero, utilizando a Tierra del Fuego como instrumento para canalizar dicha acción».

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