Son profesionales abogados que fueron designados por el Tribunal de Cuentas para investigar el excesivo otorgamiento de permisos gremiales durante la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos. Buscarán determinar si hubo irregularidades en el otorgamiento de licencias gremiales concedidas a representantes de asociaciones sindicales, independientemente de la clase de reconocimiento, sea local o nacional, con que la que contaban al momento de tener ese beneficio.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia dictó la resolución plenaria 119/2016, por la cual dispuso el inicio de una investigación especial, respecto a las presuntas irregularidades en el otorgamiento y control de permisos gremiales durante la gestión de Gobierno de Fabiana Ríos. El caso fue denunciado por la actual gestión y es motivo de un juicio de residencia a la exgobernadora.
En la resolución plenaria, los vocales del Tribunal de Cuentas designan un cuerpo especial de investigadoras, conformada por las abogadas Yesika Locker, Belén Urquiza y Andrea Durand, quienes contarán con la asistencia de una fiscal auditoria contable, la contadora María José Furtado.
El Tribunal de Cuentas informó del inicio de la investigación especial al ministro de Gobierno y Justicia, doctor Gastón Díaz y al Secretario General, Javier Esposto.
Cabe señalar que el Gobierno hizo una denuncia en el mes de abril contra la exgobernadora Fabiana Ríos, porque con el dictado del decreto 864/09 se dio lugar a un verdadero festival de creación de sindicatos locales y con ello, un presunto abuso en el uso de licencias gremiales pagas.
La investigación especial se centrará en determinar si hubo irregularidades en el otorgamiento de licencias gremiales concedidas a representantes de asociaciones sindicales, independientemente de la clase de reconocimiento, sea local o nacional, con que la que contaban al momento de tener ese beneficio.
El secretario de Relaciones Gremiales, doctor José Luis Alvarez, había indicado meses atrás que la entrada en vigencia de ese Registro "permitió generar una gran permisividad y un abuso de las actividades gremiales, y que las comisiones directivas, delegados y varios actores sindicales comiencen a usufructuar licencias gremiales pagas, lo cual generó un perjuicio económico para la Provincia, sobre todo en el año 2015".
El Decreto de Ríos, que ya fue derogado por la actual gobernadora Rosana Bertone, lo que generó fue la existencia de “una simple asociación, con una inscripción, sin una responsabilidad social y sin rendirle cuentas a nadie, cuando hay otros Sindicatos registrados ante el Ministerio de Trabajo de la Nación que deben hacerlo en asambleas de afiliados”.
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