Peritos empezaron a tasar los inmuebles de Alegre

La misión que encomendó la Justicia es estimar el valor de mercado de tres propiedades en esta ciudad; la finca de El Zanjón y tres departamentos de la ciudad de Córdoba.
La Justicia provincial quiere conocer el valor de mercado de los inmuebles que serían propiedad de Julio Fernando Alegre, motivo por lo que encomendó esa tarea a personal policial y de la Dirección General de Arquitectura.

En la mañana de ayer, cumpliendo con un oficio que libró el juez Juan Ignacio Coria Vignolo, la tarea se centró en la vivienda situada en la intersección de Agustín Álvarez y Obispo Cortázar, en el barrio Belgrano de esta ciudad.

Aproximadamente a las 9, el jefe de la División Delitos Económicos y efectivos a su cargo, ingresaron en el hogar que es habitado por la esposa del ex jefe comunal y sus hijos menores.

También lo hicieron los peritos designados para realizar la tarea técnica: la arquitecta Ana Bravo y el maestro mayor de obras Oscar Trejo.

Durante alrededor de una hora y media recorrieron, midieron y evaluaron la construcción para elevar el informe correspondiente al titular del Juzgado del Crimen de Primera Nominación.

El próximo lunes se repetirá el trabajo pericial, pero en otros inmuebles que son atribuidos al ex jefe comunal. Se trata del departamento del barrio El Palomar y de la finca de la localidad de El Zanjón.

Según trascendió, en la casa de Gorriti 219 del barrio Parque, en la que vivía Alegre en julio pasado cuando se produjo su detención, también se llevará adelante la misma medida. En su momento, el ex funcionario había asegurado que ese domicilio se lo habían prestado cuando se separó de su mujer y que en realidad pertenecía al empresario Luis Alejandro Fochi.

Por otra parte, el juez Coria Vignolo solicitaría que especialistas de la Justicia cordobesa hagan las tasaciones de los tres departamentos emplazados en el edificio Catalina II, de calle Buenos Aires 1039, en el barrio Nueva Córdoba.

Esa decisión tiene directa relación con lo que sucedió cuando el ex intendente fue indagado por el entonces juez Gustavo Herrera. En esa oportunidad, el imputado reconoció que las tres propiedades horizontales que estaban a nombre de su padre, Julio Nallip Alegre, en realidad eran suyas.

Paralelamente, existen otros cinco departamentos –distribuidos en las ciudades de Punta del Este y Córdoba- que pertenecerían a sociedades comerciales uruguayas, cuyos titulares estarían ligados al ex intendente.

Estas medidas se originaron en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene por acusado, reconocieron fuentes tribunalicias.

Cabe recordar que, en el momento de presentar la justificación de su crecimiento patrimonial a partir de su asunción como jefe comunal capitalino, el fiscal Ramón Gómez emitió un dictamen en el que consignó que le parecía "risible" el descargo que efectuó el ex funcionario.

Posteriormente, el juez Herrera le imputó ese delito.

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