Peritos constatan 663 firmas falsificadas en el caso Ipav

Un especialista de Gendarmería la responsabilizó por ocho cheques falsificados. Según el perito, en total hay más de 600 firmas apócrifas. Un contador explicó cómo fue el sustento administrativo del desfalco.
Los dos peritos que declararon en la tercera audiencia del juicio por el desfalco en el IPAV complicaron la situación de Flavia Lorena Peñalva. Uno la señaló como responsable directa de la falsificación de varios cheques, y el otro mostró cómo era la maniobra para sacar el dinero del Estado hacia cuentas privadas.

Los cheques con los cuales se consumó el desfalco que sufrió el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) fueron los protagonistas de la tercera jornada del juicio oral y público que se sigue en la Cámara en lo Criminal Nro. 1 contra Flavia Peñalva, amigos y parientes suyos, y dos ex funcionarios del área de Tesorería, por la estafa que perjudicó a ese organismo. La audiencia constó de sólo dos testimonios, ambos de larga duración y conceptualmente muy fuertes. El primero en hacerlo fue el perito calígrafo Eduardo Saturnino Nievas, un comandante de Gendarmería que tuvo a su cargo el análisis de las firmas estampadas en los cheques que forman parte medular de la estafa. El otro fue el contador que cotejó los movimientos bancarios de varias cuentas y pudo dilucidar cómo era la maniobra.

Nievas fue preciso con su informe ante los jueces Arturo Tito Fresco, Hugo Díaz y Graciela Martín: dijo que en los 268 cheques que analizó pudo constatar 663 firmas adulteradas, a un promedio de 2,5 firmas por documento. En ocho casos puntuales, señaló a Flavia Lorena Peñalva como responsable de la falsificación. En el resto, indicó que no tenía elementos tan sólidos para indicarla como autora del ilícito.

Transferencias.

El segundo testigo fue el contador Silvio Alejandro Alvarez, un empleado del Poder Judicial comisionado al juzgado penal Nro. 7, a cargo entonces de Verónica Fantini, para colaborar en el estudio de la información contable que se acumulaba día a día y hacer una interpretación que permitiera develar cómo había sido la maniobra que provocó el desfalco.

Su tarea, explicó, fue analizar las transferencias bancarias que se habían producido entre los años 1999 y 2003 desde las cuentas bancarias que manejaba la Tesorería del IPAV. Para ello se valió de la documentación que le aportó el IPAV y los resúmenes que remitieron los bancos a pedido de la jueza.

La magnitud de la maniobra empezó a aflorar cuando se vio que "en el Libro Banco no figuraban los mismos montos que en el resumen bancario", recordó el profesional.

Para ejemplificar la maniobra más habitual, pero no única, Alvarez comentó: el IPAV hacía un depósito por 5.000 pesos por aportes patronales. Sin embargo, en el Libro Banco se asentaba que el cheque había sido por una suma mayor, 8.000 pesos. Para que esta salida ficticia encajara, se hacía figurar en algunos de los ingresos que tenía el IPAV -en su ejemplo señaló las devoluciones que suelen hacer los adjudicatarios- por un monto excedido en 3.000 pesos. Así, si un adjudicatario devolvía 240 pesos con un cheque, en el resumen que emitía el banco se adulteraba ese monto y se hacía constar un ingreso de 3.240 pesos. Con eso cerraban los asientos en los libros. Los 3.000 pesos eran sacados de las arcas del IPAV a través de un cheque que estaba "autorizado" merced a las firmas adulteradas.

El análisis de Alvarez permitió ver que en un principio los participantes de la maniobra eran muy pocos. Cuando apareció el "corralito financiero" y se impuso un tope para las extracciones, el elenco se amplió y allí empezaron a aparecer las transferencias a las cuentas bancarias que, según informaron las entidades, están a nombre de familiares y conocidos de Peñalva.

Perjuicios.

El contador Alvarez determinó que el monto que salió a través de las transferencias, depósitos y cobro de cheques por ventanilla fue de 624.260,42 pesos. Para llegar a ese resultado hizo una "suma algebraica" entre los montos en pesos, en dólares y en Lecops de esos documentos. A los dólares le asignó la cotización de 1 peso ya que en esos años aún regía la Convertibilidad. Lo mismo hizo con las Lecops: los equiparó en 1 peso. En total fueron 268 cheques, 206 en pesos, 21 en dólares y 41 órdenes de entrega de "Lecops".

Vanesa Ranocchia Ongaro, representante de Flavia Peñalva y su hermana Marta, hizo notar que la magnitud de la pérdida sufrida por el Estado pampeano no está debidamente mensurada. Lo hizo al distinguir entre el monto que involucran todas las transferencias y el dinero que realmente se le esfumó al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda.

La abogada sostuvo que el Estado nunca reconoció un valor de 1 peso para las Lecops. "Lo máximo que llegó a reconocer fue 0,80 pesos", señaló. Por ello la abogada afirmó que "no está determinado cuánto fue realmente el perjuicio" que sufrió el Estado.

Ranocchia el trabajo del contador y los informes del contador desde varios ángulos, aunque sus éxitos fueron relativos. En un punto le preguntó por qué había anotado "registro falso" en una de las planillas, poniendo énfasis en que la falta de documentación respaldatoria no obligaba a que el registro fuera apócrifo. Alvarez le respondió que en ese y otros casos se solicitó la documentación respaldatoria, la que nunca llegó al juzgado. "Registro falso, registro indebido, registro inexistente... no sé bien cuál es el nombre correcto, pero lo cierto es que no hay ningún documento que respalde este registro", retrucó el profesional.

Otra situación que señaló Ranocchia fue que uno de los cheques tiene fecha de emisión del año 2001 y aparece cobrado el mismo día del año 2002. La respuesta de Alvarez fue que su análisis no se focalizó en cada uno de los cheques sino en hacer un cruzamiento entre la información del Libro Banco que llevaba la Tesorería del IPAV y los resúmenes de cuenta del banco, tanto lo que enviaron los bancos al juzgado como los que constaban en los archivos del IPAV.

Adulterados

El cotejo entre los resúmenes bancarios que aportaron el Banco de La Pampa al juzgado, como aquellos que estaban en las carpetas del IPAV, permitió dilucidar que para consumar la maniobra, estos últimos habían sido adulterados -sea porque se les borraron algunos números o se eliminaron renglones completos- a fin de completar el círculo de la maniobra.

El contrapunto entre la abogada y el contador también alcanzó a cuestiones muy técnicas sobre, por ejemplo, por qué las "cuentas recaudadoras" también actúan como "pagadoras" y viceversa. En respuesta, el contador le señaló que el rótulo no implica una restricción legal sino que sólo se las denomina así para saber cuál es su función principal. De hecho, acotó, toda cuenta recaudadora es pagadora y al reves. Caso contrario, apuntó, una cuenta recaudadora sólo recibiría dinero, pero nunca podría liberarlo, y una pagadora no tendría de dónde proveerse de fondos.

En un punto, y viendo que el interrogatoria apuntaba más a metodologías de trabajo dentro del IPAV antes que a información sustancial para el tema bajo investigación, el presidente del tribunal, Arturo Tito Fresco, le solicitó a la abogada que sea concreta en sus consultas y formulara respuestas acordes a las características del testigo.

Prescripción.

El juicio continuará hoy con una agenda reducida de testigos ya que los abogados desistieron de varios testigos. Al terminar la jornada de ayer, los patrocinantes de Mirta Rodríguez y Walter García solicitaron al tribunal que pida informes el gobierno sobre el estado de revista de ambos, los lugares donde se desempeñaron y donde lo hacen actualmente, y las funciones que cumplían. Ello con el objeto de insistir con el pedido de prescripción de la causa por el tiempo transcurrido.

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