¿Perito en contacto con testigo?

La contadora designada por el jury para realizar un informe sobre el funcionamiento del TdeC, tiene trato con el secretario administrativo del organismo. Este será citado a lpedido de un imputado.
¿Puede un perito judicial tener contacto con un testigo de parte mientras busca información que puede terminar complicando al imputado que pidió la comparencia de ese testigo en el juicio? La pregunta no es caprichosa. Fuentes inobjetables aseguraron que ello está ocurriendo en el proceso de juicio político que se le sigue al presidente del Tribunal de Cuentas, Natalio Peres, y al vocal Rubén Rivero.

Las fuentes relataron esta situación: Liliana Rodil es la perito contable designada por el jurado de enjuiciamiento para que recopile una serie de datos y entregue un informe al cuerpo. Ella suele ir al TdeC a buscar los datos y allí, afirman, es atendida por el secretario, Daniel Omar Beninato, uno de los testigos en las audiencias orales y públicas que se realizarán en el recinto de la Legislatura. Beninato declará frente a los cinco jurados a pedido de Peres. Otras fuentes, incluso, fueron más allá y llegaron a expresar que, en algún sentido, el secretario hasta guía a la contadora en esa búsqueda.

El hecho es, por lo menos, sugestivo, ya que aunque el funcionario declarará bajo juramento -y hasta podrá ser sancionado si miente-, ningún imputado pide el comparendo de un testigo para que complique su situación procesal.

La tarea que el jury le encomendó a Rodil -reemplazante de la primera contadora sorteada, María Pacheco- es también singular. No tiene que cotejar cifras, establecer si faltó dinero o determinar si alguien ocultó información. Ella debe recabar un menú que datos que, en ciertos casos, podrían ser requeridos en forma directa a los organismos involucrados. El jurado le dio un plazo de tres semanas para que concluya su tarea, por lo que antes de fin de mes tendría que estar entregado el informe final.

Testimonios.

El juicio tendrá 16 testigos, aunque seis testimonios se incorporarán por lectura. A pedido de Peres, además de Beninato, tendrán que presentarse el secretario del Tribunal, Juan Carlos García; el ex jefe del bloque de diputados del PJ y ex presidente del Tribunal de Cuentas, Luis Galcerán; el intendente de General Pico y ex presidente del IPAV, Jorge Tebes; el contador general de la Provincia y ex presidente del TdeC, Agustín Hernández; los contadores fiscales del Tribunal, Mario Fiorucci y César Camiletti; el ex gerente contable del IPAV y actual director del Banco de La Pampa, Wálter Faccipieri; y la ex jefa de división del TdeC y actual directora de Rentas de la Municipalidad de Santa Rosa, Susana del Carmen Antonelli.

Por su parte, Rivero requirió que sean citados Hernández, Fiorucci y Antonelli y que se incorporen por lectura los testimonios que ofrecieron ante el jury la relatora del TdeC, Marcela Giselda Bide y Gabriela Eliana Miranda. El procurador Mario Bongianino -que actúa como acusador- sólo solicitó el testimonio del ex contador del Superior Tribunal de Justicia y miembro de la oficina pericial del Poder Judicial, Silvio Alejandro Alvarez, quien declaró frente al jury y que fue decisivo en el juicio de la megacausa del IPAV.

Justamente Peres y Rivero llegaron a esta complicada situación a raíz de la sentencia condenatoria dictada en aquel juicio contras las principales autoridades del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda entre 1999 y 2003. De allí surgió que el TdeC no controló dos cuentas por las cuales se desviaron 960.000 pesos para organizar fiestas, pagar viajes y hasta para que el ex vicepresidente, Hugo Agüero, se compre un sommier para su departamento.

La gran incógnita del proceso es si se llegará al juicio y habrá una condena en el plazo máximo de 90 días que, según el presidente del jury, Víctor Menéndez, finaliza el 10 de marzo; aunque otros piensan que hay que empezar a contar desde el primer día del juicio. Si no se llegase a tiempo, todo quedaría en la nada, Peres y Rivero "zafarían" y la sociedad se quedaría sin saber -como cree Bongianino- si tuvieron responsabilidad política y debían ser destituidos de sus cargos.

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