El peritaje oficial firmado por expertos de la Corte Suprema y de cada una de las partes que tienen interés en la situación de la empresa Oil Combustibles –y por extensión del Grupo Indalo- sólo puede explicarse judicialmente por reducción al absurdo. Es necesario recurrir a metáforas mundanas, cotidianas, para que se entienda claramente que una prueba fundamental pata determinar si, como sostiene la acusación y el prefabricado imaginario popular, los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa se “robaron ocho mil millones de pesos del impuesto a la transferencia de combustibles” o si en rigor apelaron a un mecanismo de financiamiento para hacer frente a quebrantos económicos y mantener en funcionamiento un grupo empresario en jaque.

El trabajo publicado por el periodista Gabriel Morini en el diario Ambito Financierodescribe con pulcritud y precisión técnica el contenido y las conclusiones del peritaje, que ya está en poder de los jueces del tribunal oral federal que tiene a su cargo la etapa de debate, Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos. En esa causa son querellantes la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) y Vialidad Nacional. La experticia parece derribar buena parte de la acusación.

Menos precisa pero con la aspiración de facilitar la comprensión, la teoría que mejor parece asemejarse a la situación que atraviesa Oil Combustibles es la de una familia que “revienta” su tarjeta de crédito y recurre a otros mecanismos de financiamiento. Cuando la situación se vuelve insostenible, debe sentarse a refinanciar lo que debe, acordar un plan de pago y cumplirlo. En eso está cuando cambia el CEO de la tarjeta y el nuevo decide que el acuerdo anterior ya no es válido. Caído ese convenio, toda la deuda es automáticamente exigible, lo que deriva en una situación extrema, casi letal. 

La literatura periodística indico que Oil debía unos 8.000 millones de pesos que retuvo del ITC. Que sólo pagó por un corto período y una suma irrelevante. El peritaje indica que por ese impuesto la empresa transfirió casi 7.200 millones de pesos. La deuda consolidada a diciembre de 2016 era de unos 5.900 millones. ¿De dónde salió el cálculo de los 8.000 millones? No hay respuesta. 

La acusación indica que el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, benefició a la empresa con un plan de pago especial que incluyó reducciones del monto total de la deuda y de los intereses que generaba. Pero Oil había tenido pérdidas en tres períodos consecutivos, lo que la habilitaba para pedir un plan de pago. No hubo quita de capital ni merma de intereses; todo era parte de la deuda y debía, más tarde o más temprano, pagarse. La empresa obtuvo un rubro de financiamiento de 2.200 millones de pesos, de los cuales llegó a pagar 1.600.

Cuando Alberto Abad llegó a la AFIP durante el gobierno de Cambiemos toda la ingeniería de pagos desapareció y la empresa se encontró asfixiada. Entró en convocatoria de acreedores y de allí se enderezó a la debacle. Con sus principales socios presos, además. 

En el proceso concursal, el juzgado comercial determinó créditos por 6.947 millones de pesos, pero la propia empresa sostuvo que el monto era mayor, unos 7.067 millones. Sin embargo la AFIP se presentó a recuperar créditos por un monto inferior a ambas cifras, 6.891 millones. 

El peritaje muestra una complicada situación económico-financiera de un grupo empresario que buscaba (y lo estaba haciendo) afrontarla y superarla. La pregunta que subyace al peritaje oficial es ¿por qué no lo dejaron continuar haciéndolo?