Pérez Esquivel se reunió con organizaciones y comunidades

Integrantes de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de comunidades aborígenes, y estudiantes, debatieron ayer con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sobre líneas de acción para continuar su lucha en defensa del ambiente y en procura de la devolución de los territorios en los que viven ancestralmente.
Pérez Esquivel invitó a "repensar los comportamientos sociales y políticos". Tras escuchar la denuncia de Blanca Lezcano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sobre los apremios ilegales y maltratos por parte de la policía de la provincia, que es también la encargada de resolver los conflictos sociales y conflictos ambientales, el premio Nobel de la Paz destacó que muchas de las cosas que se hacen, en cuanto a dañar el ambiente y abuso de poder, "no se podrían hacer si no fuera por la anuencia del poder político y el Poder Judicial".

"Los gobernadores son señores feudales que hacen lo que quieren y no lo que deben. Pasa en todas las provincias, no solo en Salta", sostuvo.

La reunión, convocada por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), se llevó a cabo en el Complejo de Bibliotecas, aprovechando la presencia del premio Nobel, invitado por la Universidad Nacional de Salta para debatir sobre los fondos mineros destinados a las universidades públicas.

En el encuentro se dio un debate sobre el rol de las universidades, hubo críticas por considerar que el saber científico está alejado del saber popular, y hubo también pedidos a Pérez Esquivel para que su organización brinde apoyo a la lucha por la recuperación de los territorios indígenas y las tierras que ocupan campesinos en el norte salteño. "El problema de la tierra es el más acuciante en Salta", afirmó Chris Van Dam, del Foro Salteño por la Tierra. Añadió también el problema de los bosques y los desmontes, y la territorialidad indígena, sobre la que criticó la práctica en la Argentina de una política indígena que "solamente visualiza lo indígena como algo tutelar". Recordó que en el país hay una normativa que reconoce los derechos de los pueblos preexistentes y consideró que se debe apuntar a lograr que se apliquen esos derechos. En tal sentido insistió en el reconocimiento de la territorialidad y el derecho de los pueblos originarios a administrarse.

Jesús Vilca, de la Unión de Comunidades Victoreñas (UCAV) de Santa Victoria Oeste, pidió acompañamiento jurídico y aseguró que las instituciones oficiales de Salta, como el Instituto de Pueblos Indígenas (IPPIS), "son conformados por líderes políticos del Gobierno" y no los representan en la práctica .

La UCAV integra la Qullamarka, coordinadora integrada por más de 80 comunidades kollas, igual que la Organización Tinkunaku, de Orán. Un representante de esta organización, David Sarapura, coincidió en la crítica al IPPIS y a otros organismos del Estado salteño: dijo que no fortalecen a los pueblos originarios, sino a sí mismas, "o a un gobierno que ni siquiera nos escucha". En otro orden, invitó a las universidades a explotar el saber ancestral de los aborígenes.

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