enen hasta el 18 de enero para presentar su declaración jurada de bienes, pero hasta ahora no han cumplido con la presentación y han sido intimados a hacerlo. Se trata de varios funcionarios del gobierno anterior que aún no depositan esa documentación en Fiscalía de Estado, entre ellos el propio ex gobernador Francisco Pérez.

La gestión pública y la política tiene muchas vueltas y nos reserva ironías; una de ellas es que la obligación de presentar la declaración jurada fue impuesta por un decreto firmado por el propio Pérez el 19 de octubre pasado.

Por la positiva, la totalidad de los funcionarios de los entonces ministerios de Salud, Deportes, Agroindustria, Infraestructura, Cultura, Transporte, Hacienda y Dirección General de Escuelas han cumplido con la disposición; como contrapartida entre los que no cumplieron también se anotan el ex vicegobernador Carlos Ciurca y los ministros de Seguridad, Leonardo Comperatore, y de Energía, Marcos Zandomeni.

Si bien desde Fiscalía de Estado informaron que también habían cumplido todos los funcionarios de los ministerios Legal y Técnico y de Turismo, en la lista de los que entregaron la declaración jurada no aparecen como cumplidores sus ex titulares Francisco García Ibáñez y Javier Espina.

De hecho no todos los funcionarios del ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno han cumplido, aunque sí lo ha hecho el ex ministro Rodolfo Lafalla; lo mismo sucede con las carteras de Desarrollo Social y de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, donde los ministros Cristian Bassín y Guillermo Elizalde si presentaron su declaración jurada, pero no algunos de sus subalternos.

Hay otras ausencias llamativas en el listado de los que presentaron la declaración jurada de bienes en la Fiscalía de Estado; se trata de algunos de los amigos del ex gobernador Francisco Pérez, que fueron funcionarios y que lograron casi al finalizar el mandato su pase a planta permanente con la firma del ex mandatario.

Entre los que deben la presentación está el ex director de Recursos Humanos de la OSEP Luis Tonelli (el titular de la OSEP Alberto Recabarren si la presentó); tampoco los secretarios privados de Pérez, Sergio Piantini y Mario Ferrari; ni el ex director de Servicios Generales de la Gobernación, Gregorio Brizuela; tampoco el ex director de Promoción y Desarrollo Deportivo Sergio Antonio Isuani (a pesar de que el Ministerio de Deportes aparece como un área masivamente cumplidora), ni la ex directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Spoliansky (de Desarrollo Social).

Decreto por ley

La historia de las declaraciones juradas arrancó con la promesa del ex gobernador Pérez de firmar un decreto para obligar a sus funcionarios a presentar su lista de bienes personales, promesa realizada por el ex mandatario en su último discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el 1° de mayo del año pasado.

Dos años antes, ya había prometido una ley, pero el proyecto que envió a la Legislatura nunca avanzó.

La última promesa de Pérez ante la Asamblea Legislativa nació de una propuesta del entonces flamante fiscal de Estado, Fernando Simón, quien unos días antes le planteó a Pérez la idea de establecer por decreto la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas a los funcionarios del Poder Ejecutivo.

El trámite se estiró en los meses posteriores, hasta que el 19 de octubre Pérez firmó el decreto 1.789, que fue publicado en el Boletín Oficial el 28 de octubre y que entró en vigencia en los primeros días de noviembre.

Por esa norma, están obligados a presentar su declaración jurada de bienes el gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios, directores generales y directores, escribano general de gobierno, asesor de gobierno, fiscal de Estado, jefes de gabinete y asesores.

Asimismo el contador general y el tesorero general también están obligados a hacer la presentación, así como los contadores, tesoreros y habilitados de todas las jurisdicciones o unidades organizativas o la autoridad que sea responsable ante el Tribunal de Cuentas. La obligación alcanza también al jefe y subjefe de la Policía, así como al prefecto general y prefecto del Servicio Penitenciario.

También cualquier agente que maneje fondos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicación y recepción de bienes, participen en licitaciones y concursos y jefes de personal o recursos humanos dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, así como todos los empleados de mayor jerarquía.

Hay dos tipos de sanciones previstas por el incumplimiento: para empleados públicos de carrera, se iniciará sumario administrativo y en caso de cargos políticos, Fiscalía de Estado pedirá la remoción de quien no haga su presentación en los 30 desde su llegada a la función pública.

El actual gobernador, Alfredo Cornejo, su vicegobernadora Laura Montero y todos los funcionarios nombrados en cargos de rangos superiores también deben cumplir con esta obligación. Hasta ahora ninguno lo ha hecho, pero aún les quedan algunos días más. Es que el plazo de presentación son 30 días hábiles contados desde la asunción del 9 de diciembre. Con la sucesión de feriados y asuetos los plazos se han corrido hasta fin de mes.

 

Cuando fue candidato sí cumplió con la obligación

El ex gobernador Francisco Pérez no ha cumplido con el régimen de ética pública que él mismo creó por decreto, pero si cumplió con el régimen nacional vigente desde el año 1999, cuando era candidato a parlamentario del Mercosur por Mendoza en la boleta del Frente para la Victoria. A fines de setiembre se supo que Pérez ahorraba en dólares, que tenía un Peugeot 3008 modelo 2012 y una casa tasada en $ 152.848.

Es claro que su casa no vale eso en el mercado; se trata de una propiedad en el barrio semiprivado Miraflores de Carrodilla, pero si es el valor fijado por el avalúo fiscal, es decir lo que vale para la Administración Tributaria Mendoza a la hora de calcular el impuesto inmobiliario.

Justo cuando la Legislatura ha sancionado la nueva ley de avalúo para 2016, puede advertirse otra deuda y cabe preguntarse cuándo el Estado corregirá ésta evidente inequidad con el avalúo fiscal de las propiedades.

Siempre se hace un pequeño ajuste en el valor de todas las propiedades, ricas, de clase media y pobres, todas por igual; en lugar de hacer la corrección diferenciando entre las casas más acomodadas y las que evidentemente no lo son.