Peres y Rivero apelaron la destitución

Ambos utilizaron los argumentos que el Jury rechazó cuando dictó la sentencia contra los ex funcionarios. Tiene tres días para responder los planteos. Es casi un hecho que el tribunal no hará lugar a ninguno.
Natalio Peres apeló la sentencia del Jury de Enjuiciamiento por la cual fue destituido del cargo de presidente del Tribunal de Cuentas. Lo mismo hizo Rubén Rivero, quien corrió la misma suerte que el otro, pero en su carácter de vocal del organismo de contralor de las cuentas de la provincia. La presentación fue realizada ayer por los abogados de ambos, César Augusto Rodríguez, por el primero, y Pablo Langlois y Carlos Chapalcaz, por el segundo.

La cúpula del TdC enfrentó un proceso de enjuiciamiento que tuvo origen en el juicio por el desfalco al IPAV en el que fueron condenados, entre otros, Hugo Nelson Agüero y Luis Araniz, quienes comandaron el organismo de Vivienda en pleno marinismo. El fiscal Mario Bongianino, actual procurador general de la provincia, consideró entonces que el millonario desfalco no hubiera sido posible sin la negligencia de la cúpula del TdC, que, entre los años 1999 y 2003, omitió realizar controles clave en los movimientos de dineros públicos en el IPAV.

El otro vocal del TdC, Francisco García, quedó liberado de los cargos, al inicio del proceso del Jury puesto que no tenía bajo su jurisdicción el control de Vivienda, como sí lo tenían los otros dos. El Jury los destituyó el domingo 1º de marzo, luego de una semana de juicio oral y público realizado en el recinto de la Legislatura provincial. El tribunal estuvo integrado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Menéndez; los diputados Martín Berhongaray (Frepam) y Patricia Lavín (PJ) y los abogados de la matrícula Marcos Emil Koncurat (padre) y Marina Vanini.

Nada nuevo.

Mientras los diputados opositores amenazan con ir a la Justicia ordinaria para presentar una denuncia penal contra ambos ex funcionarios, éstos cumplieron ayer con lo que habían anticipado. La apelación presentada por ambas defensas consideró que fue violado el derecho a defensa en juicio en los dos casos. Los planteos no son nuevos y formaron parte de la estrategia defensiva durante el juicio. Las defensas saben que el Jury los rechazaría y por eso tienen decidido presentar un recurso en queja ante el STJ.

Chapalcaz, en diálogo con LA ARENA, aseguró que en el caso de su defendido, la apelación tiene tres ejes principales: el primero es un planteo de inconstitucionalidad de la parte de la Ley 313 (del Jurado de Enjuiciamiento) que establece la inapelabilidad de la setencia del Jury; el segundo, reclama que el plazo de 90 días que tenía el tribunal para dictar sentencia fue violado (la defensa asegura que ese tiempo empezaba a correr desde el 29 de setiembre y no en febrero como aseguraron los miembros del jurado); y el tercero alude a una cuestión de fondo, pues plantean que no fue respetada la Ley del TdC.

En este último punto, las defensas insisten en que la responsabilidad de la falta de controles es achacable al personal del organismo y no a ellos, dada la cadena de responsabilidades que establece la legislación que regula el funcionamiento del TdC, argumento que también fue rechazado por el Jury en su fallo.

Las causales de las destituciones de Peres y Rivero fueron mal desempeño en sus funciones e incompetencia o negligencia reiterada inherente a su cargo.

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