Peralta está facultado para quitarle la concesión a Cooagua

El anuncio efectuado el viernes por el intendente de Rada Tilly Pedro Peralta, de cesar la concesión del servicio de agua potable a la cooperativa Cooagua, dio pie a una polémica a raíz de las interpretaciones encontradas respecto a si el municipio es el poder concedente y si por ende está facultado para la disolución del contrato. Sin embargo, la Subsecretaría de Servicios Públicos de la provincia ratificó la autoridad del municipio de la villa para tomar tal determinación.
Tras el anuncio efectuado por el intendente de Rada Tilly confirmando que rescindía la concesión del agua potable a Cooagua, integrantes de esa cooperativa pusieron en duda que el municipio tenga el poder concedente de ese servicio.

La Cooperativa de Agua y Servicios de Rada Tilly (Cooagua) sostiene la existencia de un convenio que data de 1972 mediante el que el gobierno de Chubut actuó como concedente. Y es a partir de ese documento que atribuye al Estado provincial la facultad de recisión como también la de fijación de tarifas, un eterno punto de discusión con el Ejecutivo municipal.

Sin embargo, el subsecretario provincial de Servicios Públicos, Nelson Williams, puso fin a la discusión al informar ayer que es el municipio la autoridad de aplicación. Consultado por Diario Patagónico, el funcionario fundamentó que si bien las confusiones tienen su origen justamente el antecedente del convenio suscripto entre provincia y la cooperativa, la Constitución y la legislación respecto al recurso establecen claramente que el poder de concesión corresponde al municipio.

"Hace muchos años la provincia, que había efectuado una serie de obras relativas al servicio, le transfirió directamente a Cooagua el servicio y le aprobó tarifa, ese antecedente confunde. Apenas yo asumí (en 2007) pedí un dictamen al respecto porque entiendo que el municipio es claramente concedente", señaló Williams y aclaró que el documento emitido avala que la comuna ejerza el poder de concesión, regulación de tarifas y control de la prestación del servicio.

LEGISLACION RESPALDATORIA

La confusión respecto a quién ejerce la autoridad de aplicación en casos como este resulta habitual cuando se toma por única base el artículo 101 de la Constitución provincial, que establece: "son de dominio del Estado las aguas públicas ubicadas en su jurisdicción que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. La ley regla el gobierno, administración, manejo unificado e integral de las aguas superficiales y subterráneas, la participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades calificadas como de interés social".

Sin embargo, basta un repaso más profundo por la legislación que respecto al recurso tiene la provincia de Chubut, para comprender la división de potestades. Viene al caso citar como ejemplo algunos articulados de la Ley Nº 189 "Marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales" (antes Ley 4291), que estipula a través de su artículo 3º que el titular del servicio público de agua potable y desagües cloacales es el Estado provincial y los municipios.

Agrega en el apartado siguiente que en lo relativo al ejercicio del poder de policía sobre los servicios "se ejercen en forma conjunta por el Estado provincial y municipal en todo cuanto sea materia de la legislación general de la provincia", mientras es ejercido en forma exclusiva por el Estado municipal "en cuanto sea propio de la organización del servicio o de los contratos de concesión".

También debe tenerse en cuenta la letra del Código de Aguas de la provincia (Ley XVII Nº 53, antes Ley 4.148), que en su capítulo referido al uso doméstico y municipal y abastecimiento de poblaciones expresa: "toda Municipalidad o comisión de fomento tiene derecho al uso permanente y a perpetuidad del agua pública necesaria" y "el servicio lo podrá prestar por sí o por terceros, si fuesen concedidas a cooperativas de usuarios o empresas privadas de servicios públicos".

Es esa misma norma la que arroja también un poco de luz respecto a la decisión del intendente de Rada Tilly, quien fundó la recisión en el estado de "colapso institucional, económico y operativo" de la prestadora. Es que la regla enuncia que los concesionarios deben reunir las condiciones de solvencia económica y capacidad técnica para la prestación del servicio.

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