"Peor aberración jurídica gestada en contra de los trabajadores municipales"

Jubilados y activos municipales se reunirán el jueves primero de octubre en la sede del SEOM Jujuy con el objeto de analizar y tomar resoluciones respecto a la situación que viven hace más de 15 años con el juicio por coeficiente de liquidación de sueldos de carácter alimentario.
La demanda –recordaron los dirigentes Carlos Santillán y Juan Carlos Bejarano- fue iniciada por los empleados a finales del año 80 y a partir de allí comenzó el calvario de los municipales: "primero creyendo en abogados, enterados que existía una ordenanza Nº 585/85 que refrendaba lo que demandaban los trabajadores se lanzaron a la caza de los mismos, prometiéndoles que en poco tiempo cambiaria para siempre la vida de sacrificio del trabajador municipal".

Agregaron que "corrían los primeros años de los 90’ cuando la primera alegría llegó al hogar de los trabajadores municipales, se ganaba en primera instancia el tan ansiado juicio, el 15 de abril de 1993. Luego vinieron las apelaciones, continuó la lucha en la justicia y en las calles y es así como se llega a la segunda sentencia el 28 de diciembre del 94’, dándole nuevamente la razón a la mayoría de los municipales que se habían sumado. Por último, el 30 de julio del año 95’ el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia deja firme la sentencia sin posibilidades de reclamo, ordenando se pague a los demandantes".

Remarcaron que venciendo todos los plazos y en un acuerdo que se gestó en el marco del "Pacto de Olivos", radicales y justicialistas de la provincia se fueron a Buenos Aires, donde "concretaron la trampa que habían empezado a elucubrar en nuestra provincia. Para ello usaron al Procurador General de la Nación del Gobierno de Menem, el constitucionalista radical Dr. Paixao, que desembarcó en Jujuy y en un día sacó el expediente del Superior Tribunal llevándolo a la Corte Suprema de la Nación, que en la misma semana sacó una resolución para que no se les pagara a los trabajadores, dejando la puerta abierta para que los abogados intervinientes reclamaran sus honorarios. Tampoco anulaba lo que se había ganado legalmente por parte de los trabajadores municipales".

Santillán y Bejarano sostuvieron que se trata de la "peor aberración jurídica gestada en contra de los humildes hogares de los trabajadores municipales".

Adelantaron además que en la reunión del primero de octubre a las 17 horas en la sede del SEOM, se tomaran resoluciones "para defender nuestros legítimos derechos y luchar por ellos".

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