La Penitenciaría mendocina sigue en condiciones deplorables

Representantes del Gobierno provincial y enviados de la Cancillería se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrar mejoras en el sistema penal mendocino.
El pasado 4 de diciembre, representantes del Gobierno provincial junto con enviados de la Cancillería se presentaron en una audiencia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la capital de México, para demostrar mejoras en el sistema penal mendocino. También participaron los representantes de los peticionarios de las medidas provisionales.

Por parte del Gobierno asistieron el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Godoy Lemos, y la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini. En tanto, los enviados de la cancillería fueron Jorge Cardozo y Javier Salgado. El propósito de la audiencia era que el Gobierno demostrara avances con respecto a las medidas provisionales impuestas por la Corte Interamericana.

El tribunal le ordenó al Estado argentino en la anterior audiencia –realizada en 2005– que adopte en forma inmediata e inexcusable las medidas provisionales necesarias y efectivas para proteger eficazmente la vida e integridad de las personas privadas de su libertad. También se les exigió separar a los internos por categoría, evitar la presencia de armas, mejorar las condiciones de detención, que no existan más grupos de encapuchados, perros, ni que los presos sufrieran las 23 horas corridas el encierro que tenían.

Por su parte, si bien en el Gobierno se mostraron optimistas frente a algunas mejoras en la Penitenciaría, e insistieron ante el tribunal que no era necesario continuar con las medidas provisionales impuestas anteriormente, pero esto no fue aceptado por la Corte.

Uno de los puntos que suscitó mayor controversia fue respecto a los hechos de violencia producidos dentro de la Penitenciaría. Desde el Gobierno afirmaron que sólo hubo una muerte, mientras que los abogados peticionantes, entre los que se encuentra Carlos Varela Álvarez y Pablo Salinas, aseguraron que los hechos violentos responden a problemas de infraestructura y falta de atención profesional.

La audiencia resolvió continuar con las medidas impuestas, en las que sigue considerando las condiciones inhumanas del penal, y prevé una visita a las instalaciones para el próximo mes de marzo.

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