La pena segurista

Por Martín Caparrós.

La pena de muerte no es legal aquí pero ahora las voces vuelven a pedir mano dura.

Segurismo, decíamos, y que la seguiríamos. Para insistir, entre otras cosas, en que el segurismo es, sobre todo, un gran negocio. Siempre lo fue: so pretexto de ofrecer seguridad empezaron los primeros jefes de las cavernas a ser jefes; eran grandotes, más hábiles con el garrote o con el hacha y, a cambio de proteger a mujeres y niños y débiles, pidieron cada vez más privilegios. El Estado sigue haciendo lo propio: le obedecemos, le pagamos porque –supuestamente– nos ampara de amenazas externas e internas; incluso se jactaba, hasta hace poco, de tener “el monopolio de la violencia”. Ya no: cuando metieron su Estado en la picadora neoliberal, los ricos argentinos abrieron ese monopolio a la industria privada y convirtieron la seguridad en un geyser de guita. No hay cifras fiables –porque en ese tipo de negocio las cifras nunca son muy claras– pero se calcula que la industria argentina de la seguridad mueve unos 1.000 millones de dólares anuales y más de 100.000 trabajadores en relación directa: desde las grandes empresas de vigilancia hasta los guardias de esquina –pasando por policías alquilables, custodios valerosos, vendedores de muros y de rejas, de barrios muy cerrados, de cárceles privadas, de seguros, de alarmas, de armas y más armas– son muchos los que ganan más plata cuanta más gente está convencida de que vivimos en peligro. Sin hablar de bancos, medios, políticos, abogados y otros honestos profesionales que sacan su tajada del susto segurista.

Aquí la seguridad privatizada tiene historia. Su gran momento inaugural fue la represión de los setenta: en lugar de actuar públicamente en nombre del Estado, aquellos militares y civiles se escondieron en la clandestinidad de lo –falsamente– privado. Desde entonces, la seguridad privatizada formó parte de la paradoja argentina. Muchos de los que ahora piden más y mejor policía son los que se cargaron al Estado hace quince años, y fomentaron esa privatización pagando para tener sus propios guardias. Con un Estado destruido, la policía argentina es un desastre. ¿Por qué sería buena, si las escuelas son malas, los hospitales son malos, las carreteras son malas, los trenes son malos, los registros civiles son malos, las bibliotecas son malas, los gobiernos son pésimos? ¿Cómo haría un Estado malo, débil, saqueado, para organizar una policía eficiente? El problema es que muchos de los que reclaman una buena policía prefieren un Estado malo débil para poder hacer sus negocios sin controles –o para seguir controlándolo con sus negocios.

En cualquier caso, después de dejarlo sin medios, los privatizadores le piden al Estado que se haga cargo. Hay lugares donde son más coherentes. En las zonas auténticamente liberales –en el sentido fuerte de la palabra– de los Estados Unidos, muchos ciudadanos no quieren pagar para que los protejan: pretenden protegerse solos. El debate por el derecho a usar armas es uno de los más violentos entre los dos grandes partidos USA. Los argentinos, por suerte, no tenemos la tradición pistolera de los norteamericanos, pero el segurismo suele sacar el tema de la defensa propia. “La cosa es muy simple –decía aquí el otro día un comentarista anónimo–: si el Estado no garantiza la seguridad de los ciudadanos, por lo menos que permita a cada cual defenderse y no meterlo preso por tener un arma en la casa y coartar la libertad de trabajo de los delincuentes”.

Pero las paradojas siguen. Muchos de estos señores tan solventes, que le piden a su Estado que no se meta y los deje arreglar sus cuestiones con sus propios tiros, le exigen –con éxito en Estados Unidos– que intervenga del modo más extremo en que un estado puede intervenir: matando a ciertos condenados. Y aquí, cuando el segurismo ruge, la pena de muerte –la pena segurista por excelencia– vuelve a las conversaciones:

–Nos están matando, tenemos que defendernos. No importa la edad, cuando son asesinos son asesinos, hay que matarlos.

Decía anteayer en la televisión un vecino enardecido, y varios asentían a su lado. En México, donde la violencia se multiplicó en los últimos meses, hay campañas nacionales a favor de la pena de muerte. Y no son locos sueltos: desde hace muchos años que las encuestas en nuestros países dan resultados bastante contundentes. En Brasil 2008, 55 por ciento de los encuestados decía que la apoyaban; en México, agosto pasado, el 74,8 por ciento. En Argentina no hay cifras recientes pero los números suelen ser constantes: en general, más de la mitad de los compatriotas dice que habría que matar a ciertos delincuentes. Ya lo intentó en 1990 un señor Menem: ese 10 de agosto presentó en el Congreso un proyecto de ley que preveía la muerte para ciertos delitos –violación seguida de muerte, secuestro seguido de muerte, narcotráfico (?)– pero tuvo que retirarlo porque no consiguió apoyos suficientes entre los diputados.

La pena de muerte fue eliminada de nuestra legislación general por última vez en 1984, y la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica le da a esa renuncia rango constitucional. Pero ahora las voces vuelven a acechar, a pedir la mano más dura. Siempre me interesó esa disyuntiva: una cantidad decisiva de ciudadanos está a favor de una medida equis pero el gobierno que los representa elige no seguir esa voluntad mayoritaria –y es “por la buena causa”. Insisto: no tenemos cifras exactas, pero en muchas encuestas los argentinos que apoyan la pena de muerte son más del cincuenta por ciento. ¿Qué pasa entonces? Si la democracia consiste precisamente en aceptar la voluntad del mayor número, ¿el gobierno tendría que promulgar la pena de muerte? ¿Cómo justifica la democracia la decisión de no hacerlo?

Se puede decir, claro, que hay límites y convicciones y que cuando la opción mayoritaria pretende traspasar esos límites, las convicciones de los que gobiernan tienen que impedirlo. Yo, en este caso, estaría muy de acuerdo: creo que hay pocas cosas más monstruosas que la pena de muerte y que, aunque muchos la quieran, hay que hacer todo lo posible para que no la haya. Pero una decisión como ésa supone un límite para la idea más habitual de democracia. ¿Hasta dónde puede extenderse esa ética de las convicciones frente a la matemática democrática? ¿Por qué no se podría decir, con la misma lógica, que un pueblo que elige a fulano o a mengana se equivoca y, por lo tanto, esa elección no debe ser convalidada? La lógica puede resultar perfectamente dictatorial. ¿Y entonces? ¿Habría que aceptar la pena de muerte porque la quieren muchos? ¿O habría que desechar la democracia porque puede imponer cosas intolerables –el famoso ejemplo Hitler? ¿Y entonces qué? La discusión puede ser larga, interesante. Para agregarle números a las letras, les propongo a los lectores de www.criticadigital.com que contesten una encuesta sobre la pena de muerte. Y espero que ganemos.

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