Una pena que abre interrogantes en la justicia y en la sociedad

A pesar de la sentencia, quedaron preguntas cómo el destino de los cadáveres y la culpabilidad de las nuevas 26 personas a investigar. Pero también hay que preguntarse por la indiferencia y la poca participación del común de la sociedad, que se mantiene 32 años después.

Fueron cinco meses, 50 audiencias, casi 100 testigos. Hubo días en que el Tribunal oyó hasta una docena de testimonios. Así, pasó el verano, la gente se iba de vacaciones, volvía y el juicio continuaba, sólido con una meta: dar el veredicto. No había pedido de recusación ni de nulidad que lo detuviera. Lo sabían, era histórico, trascendente, por ser el primero en Cuyo que sienta al banquillo a sus represores y los condena de por vida.

Miguel Fernández Gez, Carlos Plá y David “Japonés” Becerra fueron condenados por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, homicidio doblemente agravado por alevosía en los casos de Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz y Pedro Ledesma. El comisario del Departamento de Informaciones, Juan Carlos Pérez y el cabo Luis Orozco, de esa misma dependencia, fueron penados por la privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados, homicidio doblemente agravado con alevosía y premeditación en perjuicio de Fiochetti.

Fue la pena esperada y dada por hecho antes de que empezar el juicio, por los antecedentes de los mismos procesos llevados a cabo en otras provincias que juzgaron a sus represores. Aunque después de los alegatos, volvió a circular el fantasma de la recusación para el presidente del Tribunal, Raúl Rodríguez o el pedido de la defensa de cambio de carátula para que no se los condene en forma grupal, aduciendo que el Cabo, de 20 años en ese entonces, no tenía conocimiento de que era parte de un “Plan sistemático de aniquilación”, lo que hacía dudar de la perpetuidad de la sentencia.

“Teníamos todas las esperanzas puestas en que la justicia iba a hacer justicia. Se dieron las cosas así porque las pruebas fueron contundentes. Esta no fue una causa de dos o tres, es de todos porque estos crímenes se cometieron a lo largo y ancho de todo el país. Lo hicieron con toda la sabiduría de lo que hacían, no son inocentes de nada”, expresó llenó de júbilo al conocer el fallo, Víctor Fernández, querellante de la causa por haber sido privado de su libertad y haber soportado todo tipo de tormentos, inclusive haber sido dado por muerto y tirado junto a otros cadáveres.

¿Pero, fuera del Tribunal Oral se lo vivía de la misma forma? La sala de audiencias estuvo llena sólo en momentos claves, en el inicio y a partir de los alegatos, o directamente el día final. En el medio, el sostén de los de siempre, de los que están presentes hace 32 años: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y algunos ex presos políticos y familiares de las víctimas. Lamentablemente también hubo otros, también los de siempre, que lo utilizaron para figurar políticamente.

¿Sabe la gente, el pueblo, la magnitud de lo que sucedió el jueves en la esquina del Correo? Puede justificarse, en cierta forma, el desconocimiento de lo que sucedía hace 30 años atrás, pero actualmente, con el trillado “por algo habrá sido”, es evidente que perduran los resabios de la década del 70, de una sociedad individualista que sólo piensa en sí misma.

La Universidad Nacional de San Luis dio asueto el jueves “para facilitar la concurrencia y participación en el momento de la lectura de las sentencias a los responsables de la muerte y desaparición de diversos miembros de esa institución”; pero las caras fueron prácticamente las mismas de siempre, notándose la ausencia en especial, de docentes y alumnos de las carreras humanísticas, supuestamente más comprometidos con la luchas sociales.

La vigencia del pacto de silencio

Después de la lectura de los fundamentos, (el próximo 14 de abril) Fernández Gez y Plá serán trasladados a la Unidad Penitencia de Marcos Paz, mientras que el resto continuará alojado en la penitenciaria local.

“Estamos muy conformes con el fallo, es por lo que venimos luchando desde hace 32 años. Pero igualmente no tenemos la verdad porque estos sinvergüenzas se la van a llevar con ellos, no dijeron donde están los cuerpos”, expresó Lilian Videla, copresidente de la APDH local.

El pacto de silencio que Plá tanto negó, quedó más evidenciado que nunca en la desmemoria de los sentenciados y de absolutamente todos los ex policías y militares que no quisieron aportar nada sobre las últimas horas de los desaparecidos, el paradero de los cuerpos, el lugar dónde los mataros y dónde escondieron los huesos. La verdad que justamente fueron a buscar los familiares.

Familiares de Pedro Ledesma, sus ancianos padres, hermanos, sobrinos y “la Cuqui” Álvarez, hermana de Fiochetti que no faltaron nunca, y que con una entereza admirable, escucharon uno a uno los crueles testimonios de los sucesos de esa época negra, que muchos prefieren no oír.

Del otro lado, la mujer del represor. Que sola puso el pecho y soportó cada una de las audiencias y todo lo que implicaban. Con el nombre de su marido sonando cada vez más fuerte en la sala de debates. Mostró una constancia admirable.

El rol de la prensa, (de los cuatro medios que estuvieron presentes día a día) también fue fundamental para darle la trascendencia y alcance a la población, que inclusive desde otras partes del mundo, pudo seguir las instancias previas a la condena.

Por su parte, El Diario trató de mostrar, de la manera más profesional posible, las dos partes. La de los damnificados y la de los condenados. Dejando las convicciones y certezas de lado para ejercer lo mas objetivamente posible la función de informar, sin emitir juicio alguno sobre el tema y sin condenar antes de tiempo.

Ahora, lo que viene

Si bien el Tribunal no consideró el pedido de condena por genocidio, solicitado por Enrique Ponce, el abogado de la querella, los jueces si accedieron al pedido de que sean investigadas otras 26 personas y que marca el antecedente de incluir civiles en estos juicios a los miembros de la Fuerzas Armadas argentinas. Eclesiásticos, magistrados y médicos que ocuparon un rol destacado y complaciente en el proceso de siete años de Reorganización Nacional. Entre ellos el ex secretario Federal de San Luis y actual camarista mendocino Carlos Pereyra González, el entonces juez Eduardo Allende y los profesionales de criminalística, Ernesto Moreno Recalde y Jorge Moyano. Además del ausente y nuevamente señalado obispo emérito de San Luis, Juan Rodolfo Laise.

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