La peligrosa politización de la Justicia

Por Joaquín Morales Solá

Francisco de Narváez no le permitirá hoy al juez Federico Faggionato Márquez obtener la foto del candidato entrando en los tribunales. Su condición de actual diputado le permitirá esquivar la citación judicial. El único camino que le quedará al juez será, entonces, pedirle a la Cámara de Diputados el desafuero de De Narváez.

Es más que previsible el escándalo institucional que sucedería en ese caso, en las vísperas mismas de elecciones en las que se medirán personalmente Néstor Kirchner y De Narváez. La política ha ingresado, así, en su propia judicialización o, lo que es aún peor, la Justicia se está politizando peligrosamente.

Alberto Fernández, el ex jefe de Gabinete, dio quizá la definición más acertada de este conflicto: "El mayor problema, en este caso, es que el juez está más sospechado que la persona juzgada".

Faggionato acumula tres docenas de pedidos de juicio político en su contra en un Consejo de la Magistratura que el kirchnerismo maneja a su antojo. De Narváez denunció públicamente que la diputada Diana Conti, que hace las veces de verdugo y de benefactor de jueces en el Consejo, se reunió secretamente con Faggionato Márquez. Conti desmintió al periodista que consignó la denuncia de De Narváez, pero no a De Narváez.

Cualquier ciudadano, incluido De Narváez, debe responder por sus actos ante la Justicia. Pero son notables la animosidad del juez y la desigualdad de trato. Las supuestas llamadas entre el celular de la empresa de De Narváez y el "rey de la efedrina", Mario Segovia, se registraron en 2006. La investigación judicial dejó pasar tres años sin hacer nada, pero salió corriendo para citar al diputado como imputado (lo que lo colocaría en la antesala del procesamiento) apenas 20 días antes de elecciones en las que De Narváez podría derrotar a Kirchner, el hombre fuerte del país.

¿Por qué De Narváez es más importante para la investigación que el propio Gobierno? Está más probado el aporte de dinero que uno de los asesinados por la guerra entre bandas de la efedrina, Sebastián Forza, hizo a la campaña de Cristina Kirchner que cualquier otra cosa. Sin embargo, no se conoce ninguna actuación, indagación o requerimiento judicial para esclarecer los lazos posibles entre una rama de los traficantes y un sector del kirchnerismo.

La situación más probable es que ni el gobierno ni De Narváez tengan nada que ver con la efedrina. Por eso, precisamente, la decisión de llevar la campaña al actual nivel, en el subsuelo mismo de la degradación, es forzar otra vez los límites institucionales y, sobre todo, los de la paciencia social. ¿Cuántos pasos faltan hasta que estalle de nuevo el arbitrario "que se vayan todos"?

Ahora se entiende por qué el ánimo renovador del kirchnerismo en la Justicia se agotó bruscamente cuando cambió la Corte Suprema. Nadie discute que el actual máximo tribunal de Justicia tiene condiciones intelectuales y morales mucho mejores que la vieja Corte. Dicen que Néstor Kirchner está arrepentido de haberle dejado a su esposa la designación de esos jueces, que resultaron demasiado independientes para su gusto.

El gobierno nunca hizo nada más. Cuestionados jueces del fuero federal y del penal económico, algunos acusados de enriquecimiento ilícito, siguen dictando justicia en los tribunales. Esos jueces son mejores, para el Gobierno, que los jueces supuestamente amigos. Estos podrían ser amigos rectos e independientes. Los malos jueces no tienen, en cambio, derecho a decir que no. Una guillotina rápida y eficiente los aguarda siempre a la vuelta de la esquina.

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El caso De Narváez no es el primero. En algún momento, Elisa Carrió puso contra las cuerdas al poderoso ministro de Planificación, Julio De Vido, por sus manejos poco claros de los dineros públicos. En lugar de refutar y aclarar, el ministro demandó a la dirigente política ante la Justicia y pidió su inmediato encarcelamiento. Ese juicio todavía está en marcha. Es extraño, con tales antecedentes, que Carrió haya sido tan poco generosa en sus declaraciones públicas sobre el actual uso de la Justicia. En una elección se pierde o se gana, pero la crisis se tornaría irreparable si la Justicia cayera fulminada por fugaces triunfos o derrotas políticas.

También se anuncian ahora otros apuros de la Justicia contra Felipe Solá y Claudia Rucci. La de Solá es una causa terminada en sus tiempos de gobernador bonaerense. Lo que aqueja a Claudia Rucci es una perversión de la lógica y la negación de cualquier sensibilidad, política o moral. Se acusa a su familia de haber cobrado indebidamente una indemnización por el asesinato de su padre, José Ignacio Rucci, por obra de una ley que beneficia a la familia de los muertos en los años 70. La interpretación es que sólo beneficia a los secuestrados y muertos por las fuerzas estatales y a Rucci lo habrían matado los Montoneros, pero la Justicia aún no lo ha probado.

La desesperación de Kirchner lo está empujando a cometer errores políticos. Encuestadores fiables aseguran que la persecución está beneficiando a De Narváez en estas afiebradas horas de conquista de votos. De Narváez no debería actuar la victimización si quiere conservar ese favor popular. Kirchner embiste contra su principal contrincante porque sabe que Luis Patti está a punto de renunciar a su candidatura. Sus votos, encerrados en el reclamo social de seguridad, podrían ir a De Narváez. El otro Narváez, sin partido y sin ganas, podría ser derribado en los próximos días por la Cámara Nacional Electoral.

Kirchner echa mano de lo que tiene y no tiene. El propio ex presidente lo impulsó a De Narváez a los tribunales en sus habituales exhortaciones orales. Intranquilidad. Impaciencia. ¿Se necesita de encuestas para explicar su segura sensación de debilidad?

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