Se metió en el terreno más peligroso: los negocios de la familia Kirchner, en los que Máximo, hoy candidato a diputado, tiene puesta la firma hasta el cansancio. Toda la actividad de Hotesur lleva sus huellas. La Justicia investiga si hubo lavado de dinero a través de esa empresa. 

Es el lugar que más le duele a Cristina. Y el que más le preocupa, cuando piensa en resguardar su bien merecido descanso y el de su familia cuando deje el poder en diciembre. Algo urgente había que hacer para calmar la furia y la inquietud de la Jefa. El escarmiento llegó en apenas 72 horas. Bonadio dejó ayer de ser el juez de esa causa.

A Bonadio lo sacaron con argumentos técnicos, por la supuesta incorrección en la designación de peritos contadores para trabajar sobre la documentación de la empresa de los Kirchner. Fue lo que había pedido la titular de Hotesur, Romina Mercado, hija de la ministra Alicia Kirchner y sobrina de la Presidenta.

Fuentes de Tribunales sostienen que para empujar la decisión hubo razones que van más allá de que Bonadio hubiese incomodado desde el principio a los Kirchner, cuando la hoy candidata a presidente Margarita Stolbizer denunció las irregularidades investigadas.

Aseguran esas fuentes que la premura del descabezamiento de Bonadio tiene que ver con la decisión de impedir que avance la pericia contable ordenada por el juez. Y sostienen que esa diligencia fundamental podría “demostrar la simulación de las prestaciones hoteleras y de los contratos” entre las empresas del próspero emprendedor Lázaro Báez y los hoteles de la familia Kirchner. Esto es, que se declaraban facturaciones por servicios que no se prestaban. Allí estaría configurada la raíz de la acusación de lavado de dinero. “Quedaba todo en blanco sobre negro”, sostuvo una fuente judicial de Comodoro Py.

Como paso preliminar a solicitar los temas de la pericia, ahora frustrada, Bonadio había pedido a tres peritos que revisen las declaraciones fiscales de todos los personajes de esta trama y los balances que las empresas involucradas presentaron ante la Inspección General de Justicia. Así, al solicitar luego cuestiones puntuales a peritar, el juez avanzaba sobre terreno seguro. Ahí lo voltearon.

En su reclamo, Hotesur afirmó que Bonadio había vulnerado su derecho a la defensa con esas designaciones de peritos contadores para un estudio preliminar. En la oficina del juez sostienen que esa es una cuestión menor, porque lo único válido sería la pericia oficial sobre la información reunida y reclamada en las oficinas de Río Gallegos. Todo eso queda ahora en una nebulosa. Es lo que quería el Gobierno.

Dos de los tres camaristas federales de la Sala I fueron quienes votaron el apartamiento de Bonadio del caso Hotesur. Son Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. La historia reciente hace difícil ubicarlos en el casillero de la Justicia independiente. 

Son los mismos dos magistrados que con sus firmas, el martes, un día después que Bonadio ordenó el procedimiento en Río Gallegos, decidieron rechazar el pedido de sobreseimiento que Mauricio Macri había presentado en el caso de las escuchas ilegales que lo involucra. Casualidad temporal: desde el lunes Macri había quedado bajo fuego kirchnerista. Aníbal Fernández lo acusó de planificar y financiar la presencia judicial en Hotesur, basándose en que agentes de la Policía Metropolitana habían viajado junto a los enviados de Bonadio.

Ballestero y Freiler también fueron quienes lapidaron la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta por encubrimiento a Irán en el ataque a la AMIA, como bien recordó en Clarín el periodista Eduardo van der Kooy. Aquella decisión de la Sala I de la Cámara Federal, que resolvió no abrir la investigación por la denuncia del fiscal muerto en enero, alivió enormemente la situación de Cristina. 

Fuentes de la Justicia y del Gobierno aseguran que en la expedición punitiva que actuó sobre Bonadio fueron decisivos dos operadores que hasta acá tuvieron poco relumbre público. 

Uno de ellos es José María Olazagasti, tradicional mano derecha de Julio De Vido, que conserva su oficina en el Ministerio de Planificación pero también atiende en la vieja SIDE, hoy conocida como Agencia Federal de Inteligencia. Desde allí interactúa a tiempo completo con varios jueces, pero también con intendentes y sindicalistas llegado el caso.

El otro es el abogado Alfredo “Freddy” Lijo, también colaborador de larga data del ministro De Vido. Proviene de una tradicional familia peronista bonaerense, tiene un amplio conocimiento en los tribunales y –las vueltas de la vida– es hermano del juez federal Ariel Lijo, el mismo que tiene procesado con mal pronóstico al vicepresidente Amado Boudou por el escándalo Ciccone.

El tercer juez de la sala que ayer decidió apartar al juez Bonadio es el camarista Eduardo Farah, quien votó contra la opinión de sus colegas Freiler y Ballestero en el caso de Nisman, en el de Macri el martes y también ayer en el de Bonadio. 

Cierto facilismo, imperante desde los tiempos de la “mayoría automática” de la Corte Suprema de Carlos Menem, lleva a llamar “independientes” a los jueces que se enfrentan con el poder político de turno. La tentación lleva a incluir hoy en esa categoría a Farah. Sería bueno no exagerar.

El juez Farah es subrogante en la Sala I de la Cámara Federal porque hay allí una vacante aún no cubierta. Su lugar de origen es la Sala II, que integra con los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani, dos jueces que de verdad se han mantenido ajenos a la influencia de todos los gobiernos en los últimos 25 años. Los tres, Irurzun, Cattani y Farah, votaron el lunes la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias. Esta es una batalla de fondo, en la guerra contra reloj que se libra entre el Gobierno y un sector irreductible del Poder Judicial. A ese reloj se le termina la cuerda el 10 de diciembre, día del recambio presidencial.

La inconstitucionalidad de la ley de subrogancias fue un tiro al corazón del proyecto de Cristina de sembrar de adictos la Justicia y edificar allí las barreras de futura defensa familiar y hostigamiento al gobierno que venga.

Se trata de una norma que el Gobierno sancionó con su mayoría en el Congreso y que pretende nominar como jueces subrogantes, con un carácter transitorio que puede abarcar hasta seis años, a abogados sin antecedentes ni concurso para integrar el Poder Judicial. Su mérito mayor sería presumiblemente su adhesión o subordinación al kirchnerismo.

El fallo contra las subrogancias fue el punto más alto de una contraofensiva del Poder Judicial contra esta nueva, quizás última oleada oficialista sobre los tribunales. El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; los 26 presidentes de las Cámaras Federales del país, la Asociación de Magistrados y otras entidades se pronunciaron, con distintos matices pero con una misma lectura, sobre los abusos y carencias de esa ley.

El apartamiento de Bonadio en la causa Hotesur, una maniobra todavía con final incierto, se inscribe en el mismo escenario.

Es una batalla que sigue abierta. Los pocos jueces y camaristas que se atrevieron a desafiar la trituradora kirchnerista tuvieron el valor de prender la luz y demostrar que en la oscuridad no había ningún monstruo. Lo que hay es un sistema de poder que se resiste a retirarse dejando su espalda descubierta. Todavía tiene recursos para conseguir su objetivo, y tiene la determinación feroz de hacerlo. 

El candidato presidencial Daniel Scioli se había sumado al coro oficial contra el procedimiento de Bonadio en las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos. Habló de su extrañeza por esa medida a “17 días hábiles” de las PASO de agosto. Y reclamó que “no se judicialice la política”. Una clásica indefinición contundente, bien al estilo Scioli.

También esto ayuda a que la ofensiva kirchnerista sobre la Justicia siga viva.