Peligro, medicamentos

Otra vez una noticia conmueve a la sociedad. Decenas de allanamientos, propietarios de droguerías detenidos, un subsecretario renunciante, un ministro dando declaraciones y olvidándose de lo principal, un juez diciendo que las personas del Sindicato Bancario que hayan tomado medicamentos oncológicos y no hayan obtenido los efectos esperados pasen por el juzgado.
Se habla de adulteración, venta de medicamentos robados y otras cosas más, según el juez, el máximo funcionario atinente a medicamentos, el farmacéutico Chiale, fue el denunciante.

Toda esta locura se suma a que hace unos meses entraron decenas de miles de kilos de efedrina al país, cuando sólo se necesitaban cientos de kilos y nadie se dio cuenta.

Los periodistas corren detrás de la noticia y lo único que parece importar son los nombres, si son conocidos mejor y si son de funcionarios, aleluya, embocaron una tapa. Pero nadie se preocupa por el fundamento de la cuestión, por qué esto pasa, por qué se reitera, qué cosa posibilita este descontrol.

Y esta es la palabra que debería ser tapa, descontrol, ahí está la madre del borrego.

En nuestro país hay leyes y decretos nacionales que regulan los medicamentos, como la ley 16463, que redactó Oñativia para el pueblo y que reglamento Onganía para los Laboratorios Extranjeros, y el Decreto 150 de Cavallo, que directamente le abrió la frontera farmacológica del país a cuanto veneno y placebo ande dando vueltas por el mundo.

Pero somos federales, casi para nada lo somos, pero para esto sí, porque cada provincia tiene su Ley de Medicamentos, en cuanto a importación elaboración y distribución de medicamentos, unas pobres enunciaciones insuficientes y grotescas, que para nada sirven, o mejor dicho que sirven para que los traficantes de la salud envenenen y maten por doquier.

Las leyes tienen su territorio de acción, la nacional tiene su territorio en la Antártica argentina y el comercio interprovincial, lo que posibilita que si alguien fabrica medicamentos en una provincia y los vende en ella, la ley nacional no lo alcanza y tampoco la ANMAT.

En las provincias rigen las leyes provinciales. Las leyes y sus decretos reglamentarios definen los organismos de control, que poseen el poder de policía para su cumplimiento.

Es allí donde está la cuestión, estas leyes que en lo atinente a elaboración y distribución de medicamento sirven para poco, está en manos su cumplimiento, de organismos de control inexistentes, porque en la mayoría de las provincias son un exiguo grupo de personas que sólo se dedican a autorizar farmacias, droguerías y laboratorios desde lo formal, de su edificación y del cumplimiento de tener un farmacéutico como director técnico, pero poco o nada fiscalizan su funcionamiento, llegándose al extremo de que en muchísimos lugares los farmacéuticos firman pero no trabajan.

Y si no, que me digan dónde estaban los directores técnicos farmacéuticos que importaron miles de kilogramos de efedrina sin saber para qué.

En la provincia de Buenos Aires, la ley es pobrísima en cuanto a droguerías y laboratorios, y su poder de policía es ejecutado por una repartición que hace un tiempo era Dirección, pero que el subsecretario renunciante la degradó a despacho, haciéndola depender de la Dirección de Fiscalización que depende de él.

Esto es lo que se olvidó el ministro Claudio Zin de decirle a C5N, cuando le preguntaron qué organismos dependían del subsecretario renunciante. Se olvidó de decir, tal vez por que no debe saber que exista, que del subsecretario renunciante dependía una dirección degradada a despacho, donde trabajan un pequeño grupo de personas en pésimas condiciones y que tienen la obligación de fiscalizar el funcionamiento y habilitación de todos los laboratorios, de todas las droguerías y de todas las farmacias de la provincia de Buenos Aires, es decir de casi todos los laboratorios del país, de un gran porcentaje de las droguerías del país y un gran numero de las farmacias del país.

Le faltó decir que, por la cantidad de sus agentes y por la infraestructura y medios con que cuenta, esto ni por asomo lo pueden cumplir. Por eso, a los señores periodistas les digo que la nota no está en los nombres conocidos de los involucrados, sino en el no cumplimiento vergonzoso de los gobiernos nacionales y provinciales, y de sus legislaturas, de la obligación que tienen de cuidarle la salud a la gente.

Por eso la mafia de los mercaderes de la salud le pone dinero a todos los partidos políticos, porque después alguien hablará por ellos ante funcionarios degradados y olvidados, que poco y nada pueden hacer.

Para lograr esa gran nota, sólo necesitan un teléfono y los números de los colegios de farmacéuticos provinciales, que están en Internet. Llamen y pidan que les envíen las leyes provinciales y que les digan cuál es el organismo que vigila su ejecución y con qué personal, infraestructura y medios cuentan para ello.

Vayan luego al I.N.A.M.E y pregúntele a su director Chiale cuál es su territorio de acción, vayan luego a la provincia de Buenos Aires y visiten el despacho de Medicamentos, vean su infraestructura, cuenten los inspectores propios que tiene, pregunten con qué medios de movilidad cuentan y pidan que se los muestren. Lean el Decreto 150 Nacional y las Legislaciones Provinciales.

Entonces podrán publicar una gran noticia, diciendo que en la Argentina se puede importar cualquier placebo o veneno del mundo y certificarlo como medicamento, que se puede habilitar un laboratorio o droguería en una provincia y sólo les medirán los metros cuadrado sde las dependencias y les mirarán la pintura de las paredes y el techo, que se puede vender libremente medicamentos en kiosco y bares, en la calle y en los trenes, por Internet o en moto y después dar una charla de Dispensación Responsable

A los legisladores, si leen esto, y les importa la gente como dicen, se darán cuenta de que hay que hacer una Ley de Medicamentos Nacional, pero que sea federal, es decir que la adopten todas las provincias y el organismo con poder de policía, tiene que ser un I.N.A.M.E Federal, con delegaciones en todas las provincias, y con un directorio conformados por un representante del Ejecutivo nacional, uno por provincia, y uno por cada facultad pública de farmacia del país.

Entonces, si esto sucede, habremos empezado a cuidarle la salud a la gente, porque, hoy por hoy, la realidad es que si los medicamentos no le hacen efecto, hay que ir a ver al juez, y si lo matan, lo siento mucho.

(*) Farmacéutico. Dirigente peronista de Paz, Pan y Trabajo.

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