El peligro de un juego sin reglas

Por Sergio Berensztein

La seguridad jurídica se convirtió en un tema de intenso debate en los últimos días. El Gobierno reaccionó con vehemencia ante las declaraciones del subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela, respecto de que ejecutivos de empresas de capital norteamericano habían manifestado que el país carecía de un clima de negocios propicio para las inversiones por la falta de seguridad jurídica. Néstor Kirchner fue aún más enfático, al acusar a los Estados Unidos de haber propagado la inseguridad jurídica en la Argentina y en todo el mundo como resultado de la crisis financiera.

Aunque la estrategia oficial se haya basado en repudiar el mensajero más que en refutar el mensaje, se trata de todas formas de un concepto demasiado importante para el presente y para el futuro del país como para permitir que el debate se diluya entre alegatos de intransigencia nacionalista y discursos de barricada.

La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido del derecho, que apunta a la certeza y previsibilidad de las reglas definidas por el poder público respecto de lo que está permitido, prohibido y regulado o definido como obligatorio. Esto involucra a un individuo en relación con otras personas físicas y jurídicas, así como al individuo frente al Estado. Se trata de las normas que rigen la vida en sociedad, incluso la debida protección de los individuos frente a los potenciales abusos o fracasos del mismo Estado.

Más aún, existen garantías de que las personas (sus bienes, sus derechos) no sean violentadas por el Estado, y en caso de que ello ocurriera, existirían instancias que los protegieran y dispusieran la reparación correspondiente. La seguridad jurídica es la certeza que tiene un individuo, una organización de la sociedad civil o una empresa, de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y previamente definidos.

Un motivo de pobreza

La experiencia comparada sugiere que mantener la seguridad jurídica a lo largo del tiempo es la principal razón que explica la riqueza de las naciones. El premio Nobel de economía Douglas North demostró que, para alcanzar el desarrollo, no se necesitan recursos naturales ni una posición geoestratégica beneficiosa, sino, fundamentalmente, un acervo o infraestructura institucional que garantice el respeto de la seguridad jurídica.

Distintos países han logrado este objetivo de forma peculiar, pero no hay ningún caso de una nación que haya vencido la pobreza, la desigualdad y la injusticia sin afianzar los derechos fundamentales, generalmente cristalizados en una Constitución y complementados en un conjunto de códigos y/o leyes cuya aplicación debe estar sometida al control de un Poder Judicial autónomo e independiente.

Como dijo la propia Cristina Fernández de Kirchner esta semana, en su visita a La Pampa, la existencia de seguridad jurídica, incluidos los derechos de propiedad, beneficia, sobre todo, a los más pobres, pues carecen de los recursos y la influencia necesarios como para defender sus derechos por otros medios.

También los más pobres se favorecen con la seguridad jurídica, por el simple hecho de que, en un entorno de negocios estable, previsible y con incentivos a la inversión, habrá más trabajo, mejores salarios, más acceso al crédito y, de ese modo, se conformarán poderosos mecanismos de movilidad social ascendente, como los que tuvo la Argentina entre finales del siglo XIX y comienzos de la década de 1970.

Sería tan erróneo culpar al kirchnerismo por la falta de seguridad jurídica que caracterizó al país en las últimas décadas como ignorar que no hizo prácticamente nada para mejorarlo. La brecha entre la economía argentina y el resto del mundo se incrementó de manera exponencial desde hace dos generaciones. Es decir, hemos desperdiciado treinta y cinco años sin poder aumentar casi nada el ingreso per cápita y, en ese ínterin, construimos una sociedad mucho más injusta y con enormes bolsones de pobreza y marginalidad.

La Argentina ya arrastraba una trayectoria compleja en materia de inestabilidad económica e institucional. En particular, la vulnerabilidad frente a los shocks externos y la consuetudinaria debilidad fiscal del Estado ponían al país en situación de peligro permanente. Y para colmo, con el golpe militar de 1930, entramos en un tobogán de imprevisibilidad institucional y crisis política casi constante que involucró tanto a gobiernos civiles como militares.

Pero desde comienzos de la década de 1970, acumulamos una enorme cantidad de experiencias traumáticas que resquebrajaron el orden jurídico y, consecuentemente, la confianza de los argentinos y del mundo entero en nuestras instituciones. Por ejemplo, la inflación, las devaluaciones, la cesación en los pagos de la deuda soberana (con aplausos de la elite política o sin ellos) y la confiscación de depósitos bancarios nos crearon una reputación tan mala que los inversores exigen una tasa de ganancia muy alta para arriesgar su dinero. En otras palabras, tienen miedo de no poder recuperar sus activos, de perder plata por apostar por la Argentina.

¿Para qué sufrir con lo que pueda pasar en un país tan incierto si existen múltiples posibilidades en un mundo con cada vez más oportunidades? Si los argentinos ahorran en el exterior, temerosos de perder sus recursos, hace falta más evidencia de que no se puede confiar en las reglas del juego que imperan en nuestro país?

Nada nuevo bajo el sol

Nada de esto es de ahora, pero en los últimos seis años se hizo demasiado poco para revertirlo. Es cierto que en la primera etapa del kirchnerismo tuvimos superávits gemelos (fiscal y externo), y esto contribuyó a detener la fuga de capitales y alentó la inversión y el consumo. Sin embargo, cuestiones como la creciente inflación, el espectacular incremento del gasto público, la manipulación de las estadísticas oficiales (y la percepción por parte de los tenederos de bonos ajustable por el CER de que se trataba de otro default), las presiones informales para evitar el ajuste de los precios, las restricciones a las exportaciones de alimentos primero y a las importaciones de casi todo después, terminaron erosionando la confianza de todos los agentes económicos en la Argentina. Tanto que, en los últimos dos años, hubo una fuga de capitales de más de cuarenta mil millones de dólares.

Pero lo que llama la atención es la aparente sorpresa del oficialismo por el mensaje de Valenzuela. En realidad, existen desde hace tiempo múltiples estudios sobre el clima de negocios en el país, que ponen de manifiesto la desconfianza que genera la Argentina. Se trata, además, de fuentes consultadas por los principales inversores del mundo que toman sus decisiones precisamente en función de su contenido. O bien los funcionarios del gobierno desconocían este material, o habían decidido ignorarlo. En cualquier caso, conviene resaltar que la falta de seguridad jurídica no es algo nuevo en la Argentina, sino que venimos arrastrando este drama mucho antes de que se disparara la crisis financiera internacional.

Por ejemplo, en el reporte 2009 sobre seguridad jurídica (http://www.internationalpropertyrightsindex.org/) puede verse que la Argentina está ubicada en el lugar 80, en un ranking que incluye 115 países. El país latinoamericano mejor posicionado es Chile (28), mientras que México está en el puesto 65 y Brasil, en el 70. Estados Unidos está en el puesto 16, aunque integra el grupo de países mejor calificados.

Otra manera de analizar el mismo fenómeno es observando los indicadores de gobernabilidad que desde 1996 elabora el Banco Mundial (www.worldbank.org/wbi/governance/esp). En este estudio (ver cuadro sobre estas líneas) se miden distintas dimensiones de la gobernabilidad: voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, Estado de derecho y control de la corrupción. Como puede verificarse en el diagrama de la evolución de los indicadores de gobernabilidad en la Argentina, los atributos en los que nuestro país tiene peor calificación son los que más influyen en el ánimo de los inversores: la calidad regulatoria, el Estado de derecho y el control de la corrupción. Nótese, asimismo, que la calidad regulatoria fue el peor de esos atributos a lo largo de los últimos años.

Más aún, otros indicadores que ponen de manifiesto las consecuencias de la inseguridad jurídica confirman que se trata de un problema de primer orden en la Argentina también según los ciudadanos de este país. Por ejemplo, el índice de confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella ratifica que el Gobierno genera desconfianza no sólo en los inversores o funcionarios extranjeros, sino también en los argentinos.

En verdad, los guarismos actuales son muy preocupantes: están en el mismo nivel de cuando llegó Néstor Kirchner a la presidencia en mayo de 2003, o de cuando renunció Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.

Ojalá que este altercado que suscitó la declaración de Arturo Valenzuela pueda ser canalizado de forma productiva, para promover un debate fundamental para el futuro de todos los argentinos como es la cuestión de la seguridad jurídica. Distingamos, por una vez, el mensajero del mensaje. Es probable que en el país todavía no haya plena conciencia de los parámetros que utiliza el resto del mundo para evaluar los riesgos de inversión. Si éste fuera el caso, se trata de una formidable ocasión para aprender de la experiencia internacional y revertir la larga decadencia que padece la Argentina.

Pero si preferimos ignorar esos parámetros y pretender que el resto del planeta se adapte a nuestra peculiar idiosincrasia, seguiremos escribiendo nuevos capítulos de esta interminable frustración.

© La Nacion

El autor es director de Poliarquía Consultores

Comentá la nota