El peligro de desalojo ahora pende sobre ANSeS

El contrato de alquiler del inmueble fue concretado por el municipio en 2006 para el funcionamiento de la delegación local del organismo. El acuerdo venció en diciembre de 2007. La gestión de Rosso incrementó la deuda iniciada durante el anterior gobierno.
A una semana de concluido el conflicto desatado a partir de la orden de desalojo dictada contra el PAMI, se hizo pública una situación similar que involucra a otro organismo de orden nacional.

El Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de la ciudad de Mercedes está cerca de ordenar el desalojo de la delegación local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), a partir del vencimiento del contrato de arrendamiento y de los reiterados incumplimientos en el pago del alquiler del inmueble ubicado en Mariano Moreno 872.

En este caso, el juicio iniciado por los propietarios del local está dirigido contra el municipio, con quien alcanzaron un contrato el 1º de enero de 2006.

En ese acuerdo, concretado durante la gestión del intendente Miguel Prince, se establece que el monto inicial de alquiler era de 800 pesos, y que una parte de dicho pago se iba a efectivizar "compensando con las tasas municipales que en futuro adeude la propiedad". También se dejaba establecido que a partir del 1º de junio de ese año, el monto inicial ascendía hasta los 1.500 pesos, "en tanto y en cuanto se haya entregado finalizada la ampliación de la superficie, en cuyo caso el incremento tendrá vigencia a partir de la finalización y entrega con posterioridad al 31 de mayo de 2006".

En la redacción del contrato también se dejaba constancia que los propietarios tomaban conocimiento que la Municipalidad iba a destinar el local para el funcionamiento de la ANSeS, para lo cual se autorizaba al municipio a entregarlo en comodato al mencionado organismo.

En la cuarta cláusula del acuerdo, quedaba establecido que la locación tendría una duración de dos años, hasta el 31 diciembre de 2007.

DEUDA

A un mes de la finalización del contrato, la Municipalidad recibió una carta documento donde se la intimaba, en un plazo de 10 días, a abonar la suma de 23.612 pesos "en concepto de alquileres adeudados a la fecha e intereses punitorios en concepto de mora, correspondientes a meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007".

Además, y de acuerdo a la cláusula octava, los dueños del inmueble daban por prescindido el acuerdo, "intimando a vuestra parte a su inmediato desalojo".

Si bien ese incumplimiento inicial fue contraído durante el último año del gobierno princista, la contestación a esa primera carta documento data del 8 de enero del año pasado, ya bajo la administración de Graciela Rosso.

"Al respecto informamos que de acuerdo a nuestros registros, la suma intimada no se condice con el saldo deudor contabilizado por la comuna. Hacemos saber que como consecuencia del estado de emergencia económica financiera declarada por la Municipalidad, se informa que no se continuará con la locación, situación ésta de la que ya se ha dado aviso a la ANSeS. No obstante ello, continuaremos con las gestiones extrajudiciales para arribar a un acuerdo cancelatorio de la deuda por períodos impagos", respondió Ubertino Rosso, jefe del Departamento de Asesoría Letrada.

DENUNCIA

Si bien el Departamento Ejecutivo pagó parte de la deuda contraída durante 2007, ANSeS permaneció en el inmueble con el contrato vencido y sin que nadie efectuara pago alguno por el uso del local desde enero de ese año hasta la actualidad.

Ante esta situación sin salida, los dueños decidieron recurrir al Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Mercedes. En la presentación judicial se establece que la acción de desalojo "podrá dirigirse contra el locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso y cualquier otro ocupante".

El predio encuentra amparo en la norma que autoriza el pedido de desalojo del inquilino que incurra en falta de pago de dos períodos vencidos, previa formal intimación de pago.

"Es por lo expuesto y ante la actitud de la Municipalidad de la ciudad de Luján, que solicitamos a V.S. ordene mandamiento desahucio contra la demanda ordenándole la restitución del inmueble objeto de la locación denunciada, bajo apercibimiento de proceder a su desalojo con el auxilio de la fuerza pública, de ser necesario", se agrega en la denuncia.

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